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Hoy 08/08/20 se reproduce, en documento adjunto, informe del Secretario General del Ejército, General Cristián Guedelhoefer, de fecha 06/08/20, dirigido al Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, señor Mario Desbordes, para que se le traslade al diputado Tomás Hirsch, conforme a su solicitud de información pública, con el propósito que tiene él, de conocer lo que sucede con un lote de 6,87 hectáreas, comuna de La Reina, administrado por el Comando de Bienestar del Ejército, predio que esta rama de las FFAA desea vender en la suma de UF 862.872 en el mercado inmobiliario.
En ese informe, entre otras cosas, se lee en su letra c) del punto 2) de la hoja N° 3/5 lo siguiente "Posteriormente, la Comandancia en jefe del Ejército, conforme lo faculta el artículo 1° transitorio del DFL 1, de fecha 06ABR1971, y el artículo 19 de la Ley N° 18.712, publicada en el Diario Oficial de fecha 04JUN1988, dicta Resolución CJE CAAE (R) N° 237, de fecha 03ENE1991, asignando el mencionado Lote "B" al Patrimonio de Afectación Fiscal".
Pues bien, contrario a la posición sustentada por el Ejército, en el dictamen N° 23752 del 9 de julio de 1998, firmado por el Contralor General de la República, señor Arturo Aylwin, emitido a expresa solicitud de la entonces Ministra de Bienes Nacionales, señora Adriana Delpiano, se resolvió que "la facultad de asignar bienes raíces fiscales a los patrimonios de afectación de los servicios de bienestar de las Fuerzas Armadas, contenida en el artículo transitorio del DFL N° 1, de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional, se encuentra extinguida, por lo que se deja sin efecto toda jurisprudencia contraria al presente dictamen"
En ese dictamen, vinculante para todos los órganos públicos que la Contraloría fiscaliza, se concluyó que, aludiendo a las actuaciones pasadas de las FFAA, "no cabe objetar los actos administrativos a través de los cuales se efectuaron asignaciones de bienes fiscales al amparo del criterio que hasta esta fecha sustentara esta Entidad de Control, sin perjuicio que para el futuro rija plenamente lo dictaminado en el presente oficio".
En resumen, Patricio Herman, presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, expresa que, el asunto asociado a este tipo de inmuebles donados por el Estado a las instituciones armadas, lo hemos tratado anteriormente en distintas instancias públicas con el arquitecto Miguel Lawner, por su experiencia en la materia específica.
Si el gobierno, en este caso en particular, desea promover el imperio del derecho, el terreno fiscal de marras no puede ser ofertado en el mercado por su actual administrador, Comando de Bienestar del Ejército, sino que debe utilizarse solo en sus actividades profesionales o bien se le podría asignar a la Municipalidad de La Reina para que allí se construyan cientos de viviendas de integración social, tan urgentes en estos tiempos en que existen tantos campamentos en el país, en los cuales el hacinamiento es enorme.
Y estamos totalmente de acuerdo en que el Estado, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, le siga asignando inmuebles fiscales a todas las ramas de las FFAA y de Seguridad Pública, para que éstas puedan cumplir a cabalidad sus importantes roles institucionales, pero es inaceptable que algunas de ellas, en el caso presente el Ejército, obtengan lucros indebidos al comercializar dichos inmuebles.
