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(Santiago, lunes 27 de julio de 2020).- Fundación Defendamos la Ciudad da a conocer, en documento adjunto, su objeción al oficio N° 202009910245 del 13/03/20 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ingresada hoy en la Contraloría General de la República, pues ese servicio público intenta adulterar la propia ley Nº 19.300, interpretando hábilmente los literales g) y h) del artículo 3º del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental para que en ciertos casos los proyectos no se sometan a evaluación ambiental.
Esos literales se refieren a los proyectos de desarrollo urbano o turístico en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente y a los proyectos industriales o inmobiliarios que se ejecuten en zonas declaradas latentes o saturadas, que son susceptibles de causar impacto ambiental. La Contraloría asignó la denuncia al folio W018769 del año 2020.
Patricio Herman sostiene al respecto que esta iniciativa no es del SEA, sino que se trata de una instrucción que recibió este servicio de la Administración del Estado de parte de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS) radicada en el Ministerio de Economía, creada el 14 de mayo de 2018, ver link
https://www.oficinagps.cl/oficina-gps/
Oficina GPS - Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables
Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables, Somos una oficina pública que tiene como misión promover un Estado eficiente en la tramitación de los proyectos de inversión a lo largo del país.
En el sitio web de esta repartición se menciona que "Por medio del proceso de gestión institucional y el contacto constante con emprendedores, inversionistas y gremios, continuamente se están levantando oportunidades de mejora que involucran ajustes de gestión, modificaciones normativas o legales, necesarias para incrementar la eficiencia del proceso de otorgamiento de permisos. Estas medidas son consensuadas y trabajadas en detalle con los organismos involucrados, y luego su implementación es monitoreada por la Oficina GPS". (sic).
Ante lo cual Herman concluye manifestando que la intervención de la Oficina GPS del Ministerio de Economía en el SEA rompe las reglas del mercado, distorsionando las leyes y por ende la sana convivencia democrática. Por ello tenemos la certeza de que la Contraloría ejercerá sus atribuciones fiscalizadoras para que el mentado oficio quede sin efecto.
