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Debate ha generado el cuantioso precio de un predio ubicado a un costado del Hospital Militar, puesto en venta por el Comando de Bienestar de la institución castrense. Si bien el Ejército argumenta que dichos lotes fueron asignados bajo el amparo de la ley, organizaciones de la sociedad civil como Defendamos la Ciudad acusan que fueron adquiridos por una "figura artificiosa" en Dictadura y que su venta contraviene un dictamen de Contraloría. En medio del conflicto, el diputado Tomás Hirsch propone levantar una mesa de trabajo para proyectar la construcción de viviendas sociales en la zona.
De acuerdo a la página web del Comando de Bienestar de la institución castrense, el valor mínimo de este sitio eriazo asciende a 862.872 UF, equivalente a 24.743.519.011 pesos.
Las bases de venta de este terreno, aseguran, serán presentadas por la Jefatura de Administración del Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), serán mediante una licitación pública e incluyen una garantía de seriedad por 86.287,2 UF, esto es, 2.474.351.901 pesos.
LA HISTORIA DEL TERRENO
En su oficio, el diputado Hirsch solicita que se comuniquen las razones de venta de un terreno de uso fiscal y también pide detalles sobre una supuesta transferencia de dichos lotes desde la Municipalidad de La Reina al Ejército. Sin embargo, al ser consultados por The Clinic, tanto la Dirección de Obras Municipales de la comuna como la institución castrense, desconocen dicha transacción.
Según informó el Ejército a The Clinic, dicho terreno quedó inscrito como “terreno fiscal” en 1965, cuando los adquirió la entonces Dirección de Deportes del Estado, y no llegaron a la institución castrense hasta 1989, a través de una cesión del Ministerio de Defensa.
El cuerpo uniformado agrega que, a través de un decreto exento del Ministerio de Bienes Nacionales, el terreno fue dividido en dos lotes. La institución posteriormente los asigna al Comando de Bienestar como patrimonio de afectación fiscal y son inscritos en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago.
Sin embargo, en diálogo con The Clinic, el presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, acusa que el relato del Ejército es una versión “acomodaticia” de la historia y parte explicando que “La Reina es una comuna relativamente nueva. Esos terrenos pertenecían a Ñuñoa, al fundo de La Reina. Antes del Golpe, quedaron en poder de la Digeder y la Conaf. Pero después, el Ejército de Chile, a través de una figura artificiosa, se tomó esos terrenos, literalmente”.
LA BATALLA LEGAL
Desde la Dirección de Comunicaciones del Ejército explican a The Clinic que dicho terreno “no se encuentra afecto a expropiación por parte de ningún organismo público” y su asignación al Comando de Bienestar se ampara en la Ley 18.712 y el DFL 1.
Sin embargo, Herman acusa que poner en venta este lote contraviene y vulnera el dictamen N° 23.752 de la Contraloría General de la República, emitido el 9 de julio de 1998 por el contralor de ese entonces, Arturo Aylwin.
Dicho documento establece que la facultad de asignar bienes raíces fiscales a los patrimonios de afectación de los servicios de Bienestar de las FF.AA. se encuentra “extinguida”, dejando “sin efecto toda jurisprudencia contraria” al dictamen.
Pese a ello, el Ejército recalca que optó por “enajenar uno de los lotes que posee disponibles, encontrándose sus bases administrativas visadas y con toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, con fecha 18 de junio del presente año”.
Para Herman, este conflicto es más profundo y va más allá de este caso en particular: “No solamente el Ejército, sino todas las ramas de las Fuerzas Armadas, han adoptado una posición bastante impúdica, diría yo, en términos de que terrenos, inmuebles, edificios y casas que les han sido donadas por el Estado, a título gratuito, exclusivamente para sus necesidades institucionales, son puestos en venta en el mercado inmobiliario. Ellos están lucrando”.
Además, sentencia que “lo lógico hubiera sido, en un país normal, que si una rama de las Fuerzas Armadas decide no utilizar un predio fiscal, lo que tienen que hacer es devolvérselo al Ministerio de Bienes Nacionales, pero no lo hacen y los venden en el mercado. Chile no es un país normal”.
EL DESTINO DEL PREDIO
El diputado Hirsch subraya que en este caso “lo que corresponde es generar una mesa de trabajo entre la Municipalidad, el ministerio de Bienes Nacionales, el Ejército y representantes de la sociedad civil, comités de viviendas, juntas de vecinos, y representantes del poder legislativo para estudiar el traspaso del terreno al municipio para que sea destinado a la construcción de viviendas sociales u obras municipales de beneficio comunitario“.
En la misma línea, desde la Municipalidad de La Reina aseguran a The Clinic que el alcalde José Manuel Palacios le planteó “la necesidad de desarrollar proyectos en dicho terreno” tanto al Ministerio de Vivienda como de Defensa.
“Respecto de la mesa planteada por el diputado (Hirsch), si esta mesa tiene como fin abordar necesidades sociales de la comuna, como las que venimos planteando como municipio, nosotros de todas maneras participaríamos”, agregan.
Sin embargo, desde el Ejército comentan que en una ocasión ya le cedieron un terreno a la Municipalidad de La Reina de “casi 14 mil metros cuadrados” que supuestamente sería destinado a un proyecto comunitario que establecía la construcción de un colegio, un centro médico y un sector de oficinas, bautizado como “Aldea del Encuentro”.
No obstante, en febrero del año 2000, el municipio optó por “llamar a una licitación pública para vender dicho terreno, adjudicándolo a privados”, subrayan desde la institución castrense.
En efecto, el proyecto, promovido por el alcalde de ese entonces, Fernando Castillo Velasco, fue licitado y adquirido por la corporación sin fines de lucro, Club de la República, vinculado a la masonería. Pero tras una serie de conflictos, la iniciativa se diluyó y el terreno terminó en manos de la empresa constructora Monvel, que edificó siete torres habitacionales en ese predio.