Con ocasión de controvertidos fallos de la Corte Suprema que invalidaron dictámenes de la Contraloría General de la República, referidos a permisos ilegales en el ámbito urbano ambiental, dirigentes de la Fundación Defendamos la Ciudad, se reunieron hoy jueves con el señor Enrique Tapia, presidente de ese alto tribunal, a quien le hicieron notar que, si se mantiene esa "doctrina", se pone en riesgo nuestro Estado de Derecho. (Santiago, jueves 20 de Septiembre de 2007). Representantes de la organización ciudadana se reunieron hoy a las 10,00 con el señor Enrique Tapia, presidente del alto tribunal, haciéndole notar la contienda de competencia que se ha producido entre los dictámenes de la Contraloría General y 5 fallos de la Corte Suprema en materias relacionadas con la legislación urbana y ambiental. Esta reunión se llevó a cabo a raíz de carta anterior (07/09/07) enviada a él por el colectivo de la sociedad civil, en donde se le expresaba que esta materia tan delicada tenía que ser necesariamente revisada por el Pleno de la Corte. Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad señaló "como es impresentable lo que ha estado sucediendo con 5 millonarios proyectos, declarados ilegales por el ente contralor, pero validados por dicha Corte, le expresamos a su presidente que algo había qué hacer. El argumento sustentado por los tribunales es ingenioso, pero no está fundado ni en norma constitucional ni legal y por ello esta controversia se tendrá que aclarar próximamente. Los tribunales superiores de Justicia aducen que la Contraloría General carece de atribuciones para pronunciarse sobre el fondo de los actos administrativos de los servicios públicos y por ello se validan permisos urbanísticos que violan el marco regulatorio. Aprovechamos la ocasión para referirnos tangencialmente al recurso de protección presentado por Metrogas en la Corte de Apelaciones en contra del dictamen de la Contraloría que estableció la improcedencia de instalar una planta de gas propano en un Área de Preservación Ecológica de la comuna de Peñalolén. Le manifestamos al señor Tapia que en este caso puntual esperábamos el imperio del derecho, pero sin expresarle mayores razonamientos porque no actuamos en favor de casos particulares. Asimismo le dijimos que no esperábamos revisiones de los 5 fallos anteriores, sino tan sólo que, a partir de ahora, se haga respetar la ley : el señor Tapia nos escuchó con suma atención y sin comprometerse, que es lo que corresponde, de acuerdo a su jerarquía. También le expresamos que, como estábamos ante una contienda de competencia, íbamos a recurrir al Tribunal Constitucional para que éste resolviera en derecho y de acuerdo al mandato de la Carta Fundamental". Por su parte el abogado de la Fundación, Tomás Fabres, manifestó "consideramos fructífera la reunión, porque como el asunto no se puede llevar al Pleno de la Corte, según nos lo aclaró el señor Tapia, nos sugirió que le pidiéramos una entrevista a la 3ª Sala de la Corte Suprema, que es la que revisa los recursos de protección. Entre otras cosas, le hicimos notar al presidente de la Corte que en el último caso fallado a favor de particulares, el abogado del Consejo de Defensa del Estado, que actuaba en defensa de la Contraloría General, le pidió a la dicha sala que explicara la diferencia legal entre forma y fondo en el análisis de la legalidad de los actos administrativos y sus integrantes no respondieron, lo que nos obliga a llevar esta contienda al Tribunal Constitucional, tal como se lo expresamos a don Enrique Tapia. Para que se conozca bien la situación, damos a conocer el texto de la carta enviada el 07/09/07 al Pte. de la Corte Suprema, documento que originó la reunión. Contactos 2330321-09/2585459 Fundación "Defendamos la Ciudad" www.defendamoslaciudad.cl - Luz 2889, Las Condes ________________________________________________________ Santiago, viernes 7 de Septiembre de 2007 Señor Enrique Tapia Wittig Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia Palacio de los Tribunales Presente Respetado señor Tapia, En base al Nº 14 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, nuestra Fundación con fecha 22 de Noviembre de 2006 le formuló a Ud. una fundada petición referida a la competencia que le corresponde a la Contraloría General de la República, por cuanto veíamos con preocupación que en recientes fallos de la Corte Suprema se daba por establecido que el ente fiscalizador de los actos administrativos no tendría atribuciones para pronunciarse sobre el fondo de los mismos, criterio que naturalmente no compartimos dado que ello no está respaldado ni en la Carta Fundamental ni en Ley alguna. En el último tiempo, se han conocido 5 casos, todos relacionados con la aplicación de los marcos regulatorios urbanísticos y ambientales, respecto de los cuales los tribunales superiores de Justicia dejaron sin efecto sólidos dictámenes de la Contraloría, con el argumento señalado anteriormente. Por ello, en nuestra comunicación del 22/12/06, le solicitábamos que la materia fuera revisada en el Pleno de ese Alto Tribunal, más aún, si los 5 recursos de protección presentados por distintos privados, asistidos por un mismo Estudio de Abogados, fueron fallados por la misma Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo cual, en nuestro criterio, merece una investigación. En la actualidad, con ocasión de un nuevo dictamen de la Contraloría General de la República que, aplicando la legislación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) sobre el uso de suelo del territorio planificado por la autoridad competente, dejó en claro que la planta de gas propano de la empresa Metrogas S.A. no se puede instalar en el terreno elegido por ella en la comuna de Peñalolén, por cuanto está localizado en un "Área de Preservación Ecológica". En esta clasificación normativa se define explícitamente cuales son las únicas actividades que allí se pueden ejecutar, materia conocida por todos los actores -públicos y privados- que habían intervenido en las solicitudes y otorgamiento de los permisos ambientales. Para este litigio, Metrogas S.A. ha contratado a los mismos abogados de los 5 casos anteriores y según la prensa, se habría presentado un nuevo Recurso de protección en contra del dictamen respectivo de la Contraloría General, utilizándose la misma habilidosa fórmula que busca coartar las atribuciones constitucionales y legales de esta institución. Por tal motivo y dado que no hemos recibido respuesta a nuestra carta del 22/11/06, le solicitamos una entrevista personal para expresarle directamente que nuestra Fundación observa con cierto temor que se instaure la validación de los actos administrativos abiertamente ilegales, solo porque la Contraloría General puede avocarse exclusivamente a analizar la forma de los mismos, tal como los 5 fallos lo han señalado. Estamos obligados a manifestarle que si esta rarísima "doctrina" se mantiene, se desestabilizaría nuestro Estado de Derecho y por ello nuestro interés en revisar la materia en la forma que usted estime conveniente. Con especial atención, lo saludan, ...................................................... Sara Navas Bustamante Presidenta Honoraria de la Fundación ...................................................... Patricio Herman Pacheco Presidente Ejecutivo de la Fundación