Defendamos la ciudad

(Santiago, viernes 7 de Septiembre de 2007). La organización ciudadana se dirigió por escrito hoy día viernes en la mañana al señor Enrique Tapia, presidente del alto tribunal, haciéndole notar la contienda de competencia que se ha producido entre los dictámenes de la Contraloría General y 5 fallos de la Corte Suprema en materias relacionadas con la legislación urbana y ambiental. Por esta razón, para evitar la repetición de sentencias que ponen en riesgo el Estado de Derecho, dicho colectivo de la sociedad civil, le ha entregado formalmente una carta de advertencia, que se aprecia más adelante, documento que describe situaciones que no se deben repetir con el objetivo de que los actos de la Administración sean siempre apegados a derecho. Patricio Herman, presidente de Defendamos la Ciudad señaló "por nuestra función fiscalizadora hemos conocido en detalle 5 fallos de la Corte Suprema que, sin fundamento legal alguno, dejaron sin efecto fundados dictámenes del ente fiscalizador. Los tribunales superiores de Justicia argumentan que la Contraloría General carece de atribuciones para pronunciarse sobre el fondo de los actos administrativos de los servicios públicos, acogiendo una imaginativa tesis de un par de abogados que han patrocinado las causas de los 5 casos mencionados. Nos preocupa sobremanera esta situación, porque ha sido la misma sala de la Corte de Apelaciones de Santiago la que ha estado fallando a favor de 5 privados distintos en base a ese equívoco razonamiento y por ello le hemos solicitado al presidente de la Corte Suprema que inicie una investigación al respecto. En el caso actual, es decir, la planta de gas que se pretendía instalar en Peñalolén, está sumamente claro que ello no es posible, como lo dijo la Contraloría General, porque el terreno mal elegido en conjunto por el gobierno y Metrogas, forma parte de una zona protegida denominada Área de Preservación Ecológica, tipología que no admite el emplazamiento de actividades industriales, lo que era sobradamente conocido, ya sea por el particular interesado, como por los miembros de la Corema que le dieron curso el 28 de Mayo pasado a la Solicitud de Aprobación Provisoria (SAP) de Metrogas. Ante esa violación evidente al marco regulatorio, nuestra Fundación actuó rápido y ya el 30 de Mayo de 2007, 2 días después del error de la Corema, había denunciado el hecho en la Contraloría General, la cual puso las cosas en su lugar. Estamos seguros que el presidente de la Corte Suprema llevará nuestro requerimiento al pleno, para que sus integrantes resuelvan con ponderación, sapiencia y en aras de que las instituciones funcionen enmarcadas en las leyes". Por su parte, la abogada Sara Navas, presidenta honoraria de Defendamos la Ciudad manifestó "comparto plenamente lo dicho por Patricio Herman y como nos parece muy grave lo que está sucediendo en ese sector, esperamos que el presidente de la Corte Suprema acepte nuestra solicitud, toda vez que en Chile se dice que estamos viviendo en un Estado de Derecho. Por lo lo demás, vemos con preocupacion que está en riesgo permanente el bien común y los derechos respectivos de la ciudadanía. Por otro lado, si la Contraloría General está inhibida de fiscalizar el fondo de este tipo de permisos, no tendría mayor sentido su existencia y por ello estoy segura que este tribunal superior de Justicia va a resolver legalmente la situación descrita". (FIN) A continuación se lee el texto del documento entregado al Pte. de la Corte Suprema Contactos 2330321-09/2585459 Fundación "Defendamos la Ciudad" www.defendamoslaciudad.cl - Luz 2889, Las Condes Santiago, viernes 7 de Septiembre de 2007 Señor Enrique Tapia Wittig Presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia Palacio de los Tribunales Presente Respetado señor Tapia, En base al Nº 14 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, nuestra Fundación con fecha 22 de Noviembre de 2006 le formuló a Ud. una fundada petición referida a la competencia que le corresponde a la Contraloría General de la República, por cuanto veíamos con preocupación que en recientes fallos de la Corte Suprema se daba por establecido que el ente fiscalizador de los actos administrativos no tendría atribuciones para pronunciarse sobre el fondo de los mismos, criterio que naturalmente no compartimos dado que ello no está respaldado ni en la Carta Fundamental ni en Ley alguna. En el último tiempo, se han conocido 5 casos, todos relacionados con la aplicación de los marcos regulatorios urbanísticos y ambientales, respecto de los cuales los tribunales superiores de Justicia dejaron sin efecto sólidos dictámenes de la Contraloría, con el argumento señalado anteriormente. Por ello, en nuestra comunicación del 22/12/06, le solicitábamos que la materia fuera revisada en el Pleno de ese Alto Tribunal, más aún, si los 5 recursos de protección presentados por distintos privados, asistidos por un mismo Estudio de Abogados, fueron fallados por la misma Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo cual, en nuestro criterio, merece una investigación. En la actualidad, con ocasión de un nuevo dictamen de la Contraloría General de la República que, aplicando la legislación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) sobre el uso de suelo del territorio planificado por la autoridad competente, dejó en claro que la planta de gas propano de la empresa Metrogas S.A. no se puede instalar en el terreno elegido por ella en la comuna de Peñalolén, por cuanto está localizado en un "Área de Preservación Ecológica". En esta clasificación normativa se define explícitamente cuales son las únicas actividades que allí se pueden ejecutar, materia conocida por todos los actores -públicos y privados- que habían intervenido en las solicitudes y otorgamiento de los permisos ambientales. Para este litigio, Metrogas S.A. ha contratado a los mismos abogados de los 5 casos anteriores y según la prensa, se habría presentado un nuevo Recurso de protección en contra del dictamen respectivo de la Contraloría General, utilizándose la misma habilidosa fórmula que busca coartar las atribuciones constitucionales y legales de esta institución. Por tal motivo y dado que no hemos recibido respuesta a nuestra carta del 22/11/06, le solicitamos una entrevista personal para expresarle directamente que nuestra Fundación observa con cierto temor que se instaure la validación de los actos administrativos abiertamente ilegales, solo porque la Contraloría General puede avocarse exclusivamente a analizar la forma de los mismos, tal como los 5 fallos lo han señalado. Estamos obligados a manifestarle que si esta rarísima "doctrina" se mantiene, se desestabilizaría nuestro Estado de Derecho y por ello nuestro interés en revisar la materia en la forma que usted estime conveniente. Con especial atención, lo saludan, ...................................................... Sara Navas Bustamante Presidenta Honoraria de la Fundación ...................................................... Patricio Herman Pacheco Presidente Ejecutivo de la Fundación