Defendamos la ciudad

La Fundación Defendamos La Ciudad recordó que en enero del año pasado el Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos aseveró que en el proyecto Bicentenario de Cerrillos sólo existe una simple declaración de impacto y no se evalúan los daños ambientales como urbanos. Señalan que no se sabe si "contempla una cláusula que certifique que la información que contiene es cierta, correcta y completa y se reconozcan las consecuencias de incluir y someter información incompleta, inconclusa o falsa, tal como la experiencia internacional lo exige". Puntualizan que el proyecto abarca tres intervenciones urbanas mayores porque hay un desmantelamiento del aeropuerto existente, que "ignora completamente las ventajas que para toda metrópoli representa la existencia de dos aeropuertos", la incorporación de más de 2.000 hectáreas al desarrollo urbano, "en virtud de una simple disposición administrativa" y por último se construirá un megaproyecto inmobiliario, con una inversión de mil millones de dólares, 15.000 viviendas, 50.000 habitantes y 900.000 m2 construidos. En una declaración pública señalan que "en cualquier país que respete la capacidad de sus expertos, sea sensible a la opinión ciudadana y maneje adecuadamente la noción de Proyecto Urbano- tal es el término empleado a nivel internacional- estos proyectos serían objeto de sendos Estudios de Impacto Ambiental y no de una mera Declaración". Estos proyectos precisan "han sido objeto de una simple Declaración de Impacto, sin que sepamos si contempla una cláusula que certifique que la información que contiene es cierta, correcta y completa y se reconozcan las consecuencias de incluir y someter información incompleta, inconclusa o falsa, tal como la experiencia internacional lo exige". Añaden que "el proyecto desconoce la vasta experiencia internacional alcanzada en materia de criterios y reglas de inserción urbana para proyectos mayores, práctica que, dependiendo de las condiciones de cada país, incluye generalmente proyectos incluso de mucha menor importancia que la de los tres mencionados". Asimismo acotan que "desnuda las falencias de la Ley Nº 19.300, Bases Generales del Medio Ambiente, para evaluar adecuadamente los impactos urbanos del tri-proyecto. Al respecto, el Comité, propone que la Ley incluya específicamente una matriz de impactos urbanos que permita evaluar los proyectos de desarrollo territorial, creando una unidad con solvencia profesional para abordar su inserción, tanto en medios naturales como consolidados". Servicios ambierntales La entidad sostiene que "la propuesta descarta los servicios ambientales de primer orden que ofrece el cono de aproximación como “placa convectora” para la ventilación de la metrópoli, inserta en un enclave montañoso que acrecienta los problemas de contaminación atmosférica". Destaca que "la decisión de la Contraloría General de la República de no tomar razón de la documentación sometida a su consideración, se hace eco de la inquietud expresada por urbanistas, ingenieros, ambientalistas y expertos en aeronáutica ante el tri-proyecto, el que aparece como el capricho de autoridades más preocupadas de promover este negocio inmobiliario que de velar por el desarrollo sustentable de Santiago". Recuerda que "el Colegio de Arquitectos patrocinó un "Concurso de Ideas" con el objeto de detectar aquéllas más interesantes y valiosas. Sin embargo y puesto que el Comité desconoce si el megaproyecto inmobiliario se ha ceñido a los resultados de dicho concurso, estima de la mayor importancia que las autoridades del Minvu lo den a conocer a la brevedad". Asimismo, considera importante conocer el Proyecto de Desmantelamiento del Aeropuerto y su justificación, dada su incidencia en la funcionalidad de la metrópoli. En su opinión, "esta intervención justifica con creces la creación de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Territorial, instancia que los profesionales de la especialidad vienen solicitando desde hace bastante tiempo". Por último, denuncian que "el tri-proyecto no cumple con la exigencia definida en el Artículo Nº 22 de la Ley del Medio Ambiente que establece la obligatoriedad de someter todo proyecto del sector público- en la ocurrencia 3 proyectos mayores- a una evaluación socioeconómica por parte de Mideplán".