Defendamos la ciudad

El pulso de Chile tuvo ayer un solo ritmo: la demanda social durante décadas asfixiada, ahora, a 17 años de recuperada la democracia y con Pinochet bajo tierra y convertido en "innombrable", resurge con nuevos bríos y un creciente enojo de los trabajadores y los excluidos. A la misma hora en que los trabajadores lidiaban en la calle con fuerzas policiales en la masiva protesta contra la desigualdad social que consagra el modelo tan elogiado por los organismos financieros internacionales, en el Congreso se votaba la reforma previsional, tarea clave del gobierno de Michelle Bachelet. Y en el Parque del Recuerdo, los representantes del mayor ingreso de Chile se congregaban para despedir los restos del hombre más rico de Chile: el empresario Anacleto Angellini, cabeza de uno de los grupos económicos más importantes -el holding Copec- cuya capitalización bursátil alcanza a los US$ 19.900 millones. En las calles, los trabajadores protestaban airados por un salario mínimo que pasó de US$ 260 a US$ 277 aproximadamente. En el Cementerio estaba reunido el sector que representa al 20% más rico de la población y que captura un ingreso que equivale a 14 veces el que recibe el 20% más pobre. El mismo día que los trabajadores se plegaban al "paro nacional contra el neoliberalismo", el Congreso votaba la reforma previsional. Otro intento por impedir el drama y la explosión que provocaría el que, si todo sigue igual, de aquí a 20 años menos del 50% de los afiliados al sistema privado de pensiones alcanzará a financiar una pensión mínima de 150 dólares mensuales. En el último decenio del siglo 20, el gasto social en Chile creció 214%, una inversión que disminuyó la pobreza del 38% al 17%, pero que no cambió las reglas del mercado que dejan a los trabajadores en total vulnerabilidad frente a sus empleadores y han dado paso a una sociedad marcada por la competencia y la incertidumbre. La precariedad del empleo es hoy uno de los grandes fantasmas de Chile. El peligro de quedar sin trabajo o sufrir una enfermedad es para muchos la condena a la ruina económica. El 80% de los puestos laborales los dan 1,2 millones de pequeñas y medianas empresas; pero sólo 600 mil son formales. Por ello, los que ayer no pudieron protestar pero masticaron su ira, son los millones de trabajadores sin contrato, sin protección social y cuyos hijos estudian en colegios de educación sin control de calidad. Fue la Iglesia Católica la que impuso en el primer punto de la agenda la desigualdad exigiendo un salario mínimo ético. Así como en dictadura fue esa institución religiosa la que evitó una masacre mayor convirtiéndose en la voz de los sin voz, esta vez impulsa el cambio al sistema para disminuir la nueva brecha que divide a Chile entre ricos y pobres, la mayor amenaza para la paz social. Cuando en la noche la capital estaba desierta, resonó el eco de los dichos del líder de la central sindical CUT, Arturo Martínez: "A partir de ahora Chile no va a ser el mismo". Un eco que explica la urgencia de Bachelet por imponer su agenda social. Mónica González Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.