Defendamos la ciudad

El uso indebido de las riberas del Mapocho tiene larga data, y habría pasado desapercibido de no ser por un grupo de dirigentes y profesionales atentos a los cambios que ha ido sufriendo la ciudad. Uno de estos dirigentes ciudadanos es Patricio Herman, ambientalista que continuamente está alertando, para pesar de las autoridades, sobre las irregularidades con las que se encuentra a medida que investiga, averigua y compara información. Con él conversamos sobre las apropiaciones indebidas de los terrenos ribereños al Mapocho, situación que viene denunciando a los distintos medios de comunicación sin recibir mucha cobertura y cuyos antecedentes entregó, junto al senador Nelson Avila, los profesionales Danilo Vodnizza, Hernán Larraín Chaux, Héctor Arroyo y Antonio García (el 19 de noviembre del 2003) a la Contraloría, pidiendo que investigue el desarrollo de la adjudicación de concesiones para la construcción de la Costanera Norte, porque “amenaza con cristalizarse en un inédito despojo de bienes fiscales”. Esto, en referencia al pago por expropiaciones que estaría haciendo el Estado a privados por terrenos fiscales que se habrían adjudicado mediante corridas de cerca. Los orígenes de una ocupación ilegal Pero las rarezas en torno a esta parte del río Mapocho vienen de más atrás y han tenido como aliadas la falta de fiscalización de las autoridades y la política de “dejar hacer” a los privados adinerados que ha reinado en los últimos años. El plano regulador de Santiago (vigente desde 1994 y que recoge la normativa anterior del Plan Intercomunal de Santiago de 1960) establece que el lecho y ambas riberas del río Mapocho son áreas verdes de uso público. El Club Deportivo Santa Rosa de las Condes de la Universidad Católica, fue una de las primeras infraestructuras en emplazarse en las riberas del río, mediante un comodato por 99 años concedido alrededor del año 50 por intermedio de la esposa del Presidente González Videla, Rosa Markmann, al club deportivo universitario, que hoy se llama Santa Rosa en agradecimiento a su gestión “El estadio fue el primero construido en terrenos ganados al río de manera artificial, en donde el Estado invirtió recursos para rellenar estos terrenos construidos”. Con el paso del tiempo, y en los años de la dictadura militar, la UC pasó de tener el comodato a ser dueña jurídica del terreno, en una negociación nada transparente. “Esta gente de la Católica utilizó legalmente un bien nacional de uso publico y, por motivos que desconozco, la Pontificia Universidad Católica se hizo dueña legal del terreno del Estadio Santa Rosa de Las Condes, y graciosamente se lo donó al club deportivo en 1982”. En esos terrenos, traspasados al Club Deportivo en base a un propósito de bien común, se está contemplando la construcción de un proyecto inmobiliario con el levantamiento de tres torres de 23 pisos cada una. Es decir, en terrenos que eran bienes nacionales de uso público, y que fueron cedidos por el Estado para un fin determinado, hoy se proyecta un gran negocio inmobiliario en el que ni el Estado ni los ciudadanos se verán beneficiados. “Nosotros hemos hecho todas las objeciones del caso. Vamos a hacer una presentación a la Contraloría para que se anulen todos los permisos otorgados livianamente, ya sea por la Municipalidad de Las Condes o por el ministerio de Vivienda y Urbanismo”, dice el dirigente, pero ciertamente su preocupación va más allá: a cómo estos terrenos, que son áreas verdes y bienes nacionales de uso público, llegaron a manos de privados. Han recurrido a las autoridades por respuestas que no han logrado. No por nada ranqueamos en la cultura del “secretismo” como país. “Buscamos saber cuál fue la fórmula con que la Universidad Católica llegó a tener el dominio jurídico del bien, porque para eso los países civilizados tienen normas regulatorias, y para tal propósito se deben publicar decretos supremos firmados por el Presidente de la República y por el ministro respectivo. En esos decretos supremos la nomenclatura del Estado define cuáles son los motivos de interés común, de interés público, que ha tenido el gobierno para ceder un bien nacional de uso público a un privado”. Embajada Norteamericana en terrenos fiscales En la misma franja en la que se emplaza el Santa Rosa de las Condes, se levantó en la segunda mitad de los 90 Embajada de Estados Unidos, y también llamó la atención de la organización ciudadana el que la representación diplomática norteamericana se haya construido “en terrenos que son un bien nacional de uso público y un área verde”. Para la adquisición de este terreno, Herman averiguó que una institución del Estado chileno, en esos años Emos, tenía sus instalaciones en ese lugar y se las habría traspasado al gobierno estadounidense para la construcción su embajada. “Nosotros sabemos que la embajada de Estados Unidos se emplazó en esa área verde de uso público el año 1987, bajo el gobierno militar”. En este caso, Emos y el propio Estado desconocieron la categoría “de uso público” de este bien para entregárselo a la embajada. Los trajes a la medida Al ingresar a la comuna de Vitacura, la ribera del río Mapocho se convierte en el Parque las Américas, área verde, “por lo tanto un bien nacional de uso público y por lo tanto propiedad de todos los chilenos”. Hace unas semanas se inauguró la Casa Consistorial de la Comuna de Vitacura levantada, en medio del Parque. Para construirla, se debieron cambiar los marcos regulatorios pues ese tipo de construcción no es complementaria a las áreas verdes. “Siempre son trajes a la medida –explica Herman. Nosotros con Luis Mariano (Rendón, de Acción Ecológica) y con otra gente, cuando supimos de este proyecto hicimos las presentaciones correspondientes ante la Contraloría y la Contraloría dijo que esa construcción no se podía hacer, pero como los ministros son ‘eficientes’ cambiaron la ordenanza y se pudo hacer”. El caro antojo de la Costanera Norte Más arriba, por donde hoy está el Puente Tabancura y con ocasión de la concesión de la Costanera Norte, el gobierno imprudentemente firmó el contrato de concesión a pesar de saber que tenía litigios con privados que argumentaban que los predios riberanos, por donde estaba el trazado de la Costanera Norte, eran de ellos. Pero esta situación se remonta a las inundaciones de 1982, cuando la alarma que generó la crecida extraordinaria del Mapocho llevó a las autoridades a iniciar trabajos preventivos de carácter permanente con cargo al patrimonio fiscal. Es así como entre los puentes Lo Curro (comuna de Vitacura) y San Enrique (comuna de Lo Barnechea), el MOP invirtió considerables recursos para su “encajonamiento por angostamiento de su ancho y profundización de su lecho” que evitaran futuros desbordes. Producto de estos trabajos, el ancho del río, que superaba en algunos lugares los 350 metros, quedó reducido a los actuales 60 metros en promedio. A la vez, estos trabajos incorporaron terrenos nuevos. Sólo en el sector de Tabancura, los terrenos recuperados al río superaban las 5 hectáreas. Al reducir sustantivamente la caja del río, quedaron estos terrenos que eran bienes públicos pero que colindaban con terrenos de privados. “Esos privados, de la noche a la mañana se encontraron con que sus terrenos habían crecido artificialmente y ellos ‘corrieron la pandereta’. Pero la corrieron a terrenos donde estaba contemplada la proyección de la Costanera Norte. En 1999, 2000 y 2001, el gobierno, para tener certeza que el negocio de la Costanera Norte iba a llegar a buen fin, sacó unos decretos supremos que establecían el deslinde del río Mapocho, pero todos estos particulares ‘avivados’ que se habían apropiado de predios se vieron ‘perjudicados’ por esta decisión autónoma de la autoridad de definir jurídicamente los deslindes, y los particulares, con buenos abogados, recurrieron primero ante la autoridad competente y posteriormente con recurso de protección ante los Tribunales de Justicia”. Luego de una disputa jurídica, en septiembre de 2001 la Corte Suprema falló señalando que no se podía afectar los derechos de los propietarios por la vía administrativa, con lo que dejaba sin efecto los deslindes fijados por la autoridad. Esto, pese a que en el documento enviado a la Contraloría para que investigara estas irregularidades se reproduce el decreto ley número 1.939 del año 1977 relativo a “Normas sobre adquisición, Administración y disposición de Bienes del Estado”, que dispone claramente que: “Los terrenos que dejaren de estar permanente y en forma definitiva cubiertos por las aguas de mar, de un río, o lago, como consecuencia de obras ejecutadas con fondos del Estado, se incorporan al patrimonio fiscal”. La Corte Suprema determinó que por tratarse de una materia muy técnica, lo razonable era tratarla en un juicio ordinario, pero como estos pueden durar años ni el Estado, ni los particulares –confrontados- recurrieron a los tribunales ordinarios porque estaba la urgencia de hacer la Costanera Norte. Por lo que el Estado decidió pagar por estos terrenos a los particulares. El subsidio a los privados Pese que el grupo de ciudadanos arriba mencionado denunció esta situación a la Contraloría con todos los antecedentes para que la entidad fiscalizadora velara por los intereses del Estado, ésta no tomó el caso aduciendo que no tenía competencia. “También hicimos presentación ante el Consejo de Defensa del Estado, porque la trayectoria nuestra es defender siempre el interés fiscal”. La Costanera Norte aún no se entrega completamente, y es debido a las acciones que han realizado nuestro entrevistado y las organizaciones ciudadanas y medioambientales que están más vigilantes, “pero no es el efecto deseado, porque igual el Estado chileno está transigiendo con los privados, igual está pagando y sin ningún fundamento”, dice Herman. “Nosotros creemos que va a ser del orden de los 80.000.000 de dólares, lo que el Estado chileno graciosamente les está entregando a particulares que con acciones temerarias ampliaron sus terrenos”. A esa cifra debería sumársele el subsidio estatal que se entregó para la construcción de la Costanera Norte, y que alcanza los 150.000.000 de dólares. Los nuevos 80.000.000 de dólares no estaban contemplados. Esta autopista urbana ha significado una inversión de 600.000.000 de dólares, “con los ingresos del concesionario asegurados por el gobierno de Chile, a través de una cláusula que habla de los ingresos mínimos garantizados, lo que significa que si la cantidad de automovilistas que ingresa es menos de lo contemplado en los flujos que ellos tienen, el Estado se pone con la diferencia. O sea, ése es un negocio asegurado, ahí no hay ningún riesgo empresarial. Ahí no opera la libre empresa”. “Vamos a llegar a la hora de la verdad: que el 40% de la inversión fue aportada por el gobierno de Chile”. O sea, el gobierno hizo un pésimo negocio con la Costanera Norte, pero en ella estaba empecinado el Presidente Lagos y para su conclusión puso todo su empeño tanto desde el sillón del MOP de la Presidencia. Los pésimos negocios que hace el gobierno -el subsidio y el negocio garantizado a la concesionaria de la Costanera Norte, así como el pago a los particulares de la ribera del río- muestran un Estado muy desprendido con los privados y poco cuidadoso de los intereses fiscales que pertenecen a todos los chilenos. ¿Quién debería fiscalizar que los escasos bienes públicos que están quedando lo sigan siendo? Si la Contraloría dijo no tener competencia para investigar estos hechos, ¿quién la tiene? Quizás le cabría al Poder Legislativo crear una comisión que investigue estas irregularidades y determine normativas que protejan los bienes fiscales, y no se conviertan en “trajes a la medida” de las autoridades entrantes. Aunque cabe la duda de si serán los parlamentarios capaces de realizar tamaña tarea, teniendo en cuenta los cruces de intereses políticos y de los otros que se sabe que existen. Pero lo que sí se necesita es multiplicar las voces que vigilen y denuncien las rarezas con que a diario nos topamos en nuestros barrios, comunas y ciudades. La enorme labor que realizan Patricio Herman y las organizaciones medioambientalistas y ciudadanas debería ser reproducida exponencialmente para cautelar calidad de vida en los lugares en que habitamos. Levantar voces que sea imposible no escuchar.