La Contraloría se abstuvo de dar curso a ese Decreto porque no se ajustaba a derecho, teniéndose en cuenta que esta es una materia que debe resolver el Congreso Nacional. Patricio Herman de la Fundación "Defendamos la Ciudad" expresó "Desafortunadamente y por el laissez faire imperante se ha hecho una práctica insana que el Minvu gobierne por decretos y en este caso era inaceptable que la obligación impartida por ese ministerio y por la legislación vigente al sector privado, en orden a contratar los servicios profesionales de los revisores independientes, no tuviera su correlato cuando se trataba del sector estatal que ha demostrado ser muy incompetente en este tipo de materias. Por lo tanto celebramos la decisión de la Contraloría General y esperamos que el Gobierno reaccione pronto en orden a actuar con diligencia y responsabilidad en sus políticas. Si la autoridad no desea que estos profesionales intervengan en los proyectos del sector público, tiene la opción de derogar la figura de los revisores independientes, devolviéndole las atribuciones que antes tenían las Direcciones de Obras Municipales, pero en ningún caso puede actuar con un doble estándar, ya que en términos prácticos los edificios que ejecutan los privados tienen las mismas características de aquellos que desarrollan los entes estatales. Curiosamente este sólido dictamen se emitió un día antes del dictamen Nº 37731 que declaró contrario a derecho el proyecto de la planta de gas propano en Pañalolén. ¿ Ante estas reiteradas equivocaciones, será necesario que la Presidenta Michelle Bachelet haga una labor de reingeniería al interior de sus colaboradores más inmediatos? 2330321-09/2585459
Contraloría General de la República nuevamente rechaza actos administrativos del Gobierno
Acogiendo las denuncias de la Asociación Gremial de Arquitectos Revisores Independientes de Chile A.G. y de la Asociación Nacional de Revisores Independientes A.G., el 20 de Agosto recién pasado la Contraloría General, mediante dictamen Nº 37537 le devolvió al Minvu el Decreto Nº 92 que modificaba el Decreto Nº 47, de 1992, mediante el cual en el nuevo artículo 5.1.28. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) se pretendía liberar a las construcciones de los órganos del Estado que contrataran a los revisores independientes, arquitectos que sí deben intervenir en las obras del sector privado y para ello ese ministerio pretendía que un arquitecto de la repartición pública debía emitir los informes sobre el cumplimiento del proyecto con las normas legales y reglamentarias aplicables. Fundación Defendamos la Ciudad 23 de agosto de 2007.