Defendamos la ciudad

Por Claudia Urquieta Chavarría Las conclusiones favorables del Colegio de Ingenieros respecto a la planta de gas propano que Metrogas pretende instalar en Peñalolén no son compartidas por todos los miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la organización. Hace unos días, la mencionada instancia había determinado que el riesgo de instalar la planta en la zona oriente de la capital era bajo, y que el temor de los oponentes al proyecto ante las consecuencias de una eventual explosión no tendría mayor fundamento. Los ingenieros consideraron, sin embargo, que efectivamente habría daño en calles que se verían deterioradas por el paso de hasta 38 camiones diarios con destino a la planta, y que paralelamente los vecinos podrían tener una pérdida patrimonial, pues sus viviendas bajarían de precio. Sin embargo, Antonio Rivas, ingeniero civil que actualmente se encuentra en Venezuela e integrante de la mencionada comisión, rechazó las conclusiones y consideró “inaceptable que un proyecto de esta envergadura se instale en este tipo de terrenos y además donde vive tanta gente”. Pese a ya haber entregado su informe, la instancia planea reunirse nuevamente el último martes de agosto para analizar nuevos antecedentes enviados por el ingeniero José Miguel Carrasco, quien remitió informes que vecinos y algunas autoridades han recabado. El proyecto y sus opositores La planta de gas de respaldo que Metrogas quiere instalar a un costado del Club de Campo del Ejército, y cuyo sistema consideraría 51.400 m3/h de capacidad para recibir propano, sería la tercera. Y operaría sólo en caso de falla de suministro de gas natural desde Argentina. Ricardo Riquelme, es consultor ambiental y uno de los dos ingenieros que han realizado estudios acerca del impacto y riesgos de la instalación de la polémica planta. Estos estudios y concluyen que habría un grave riesgo para los vecinos en diversos aspectos. En primer lugar, sostiene, el sector residencial más cercano al lugar, se encuentra a unos 250 metros de uno de los futuros tanques de 100.000 litros de Gas Propano. Según los vecinos, esta distancia no es suficiente para garantizar un mínimo de seguridad en caso de producirse una explosión, que según el informe de Riquelme debería ser de al menos 2.200 metros. Además, considera que el terreno donde ya se iniciaron algunas obras de la planta - en base a una solicitud de autorización provisoria (SAP) entregado por la Corema que los autorizo a construir 45% de la infraestructura mientras esperan el rechazo o aprobación de la propuesta- no es el ideal, ya que “se encuentra a 600 metros de la falla geológica de San Ramón y por las características del terreno un terremoto podría provocar un efecto dominó que terminaría en una explosión”, explica Riquelme. El proyecto contempla además el acceso a la planta de, como máximo, 38 camiones diarios de transporte de combustible, lo que tampoco es mirado con buenos ojos por los vecinos, ya que consideran peligrosos eventuales accidentes automovilísticos en las empinadas vías de acceso. Por otra parte, también se advierte una posible destrucción del ecosistema y zonas protegidas de la cordillera de Peñalolén, ya que el sector donde se pretende levantar la infraestructura está catalogada como área de Reserva Ecológica no Urbanizable. Según los vecinos, la única opción es que Metrogas cambie el uso del terreno. Acciones legales y plazos Tanto los vecinos como otros organismos y autoridades públicas han intentado frenar el proyecto a través de la justicia. Los primeros, presentaron un recurso de protección que fue declarado inadmisible, por lo que interpusieron un recurso de queja que se resolverá en la Corte Suprema. Además hicieron una denuncia ante el juzgado de policía local que tampoco tuvo buen término, ya que el objetivo era detener las faenas de Metrogas en el terreno. Paralelamente, la Municipalidad de Peñalolén y la ONG Defendamos la Ciudad presentaron solicitudes de pronunciamiento a la Contraloría General de la República. Mientras continúa el debate, Metrogas tiene plazo hasta el 30 de agosto para contestar las observaciones al informe consolidado de solicitud de aclaración y rectificación o ampliaciones (Icsara) que presentó a la Conama.