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Doce días después de realizada la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, en medio del estallido social que vive el país, el gobierno publicó hoy las actas que dan cuenta de los reparos que pusieron las autoridades civiles a la convocatoria que hizo el presidente Sebastián Piñera.
En la oportunidad, el mandatario no solicitó ninguna medida especial, sino que hizo un relato de la situación que vivía el país y justificó el estado de excepción que se aplicó el día 21 de octubre.
“El Presidente agrega que, al momento de decretar los Estados de Emergencia, una de las principales preocupaciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas y de Orden fue la protección de los derechos humanos de las personas, en toda su dimensión” señala el acta.
Luego cedió la palabra a los presentes, quienes se refirieron a las medidas adoptadas en sus respectivos sectores, en el caso de las Fuerzas Armadas, como al rechazo al estado de emergencia que decretó el gobierno.
Los presidentes del Senado y la Cámara, así como el Contralor General de la República, se manifestaron contrarios a que el organismo haya sido convocado.
“Toma la palabra el Presidente del H. Senado (Jaime Quintana), expresando en primer lugar, que no comparte la convocatoria al Consejo. Señala que lo que existe hoy es un problema de orden público que se debe solucionar con las herramientas con que cuenta el ordenamiento jurídico. Solicita además que el acta de la sesión sea pública”, señala el acta.
Acta de sesión del Consejo de Seguridad Nacional del 7 de noviembre de 2019
En Santiago, el 07 de noviembre de 2019, siendo las 19:10 horas, en el Palacio de La Moneda, se celebra la sesión del Consejo de Seguridad Nacional, citada para este día. Con la asistencia de S.E. el Presidente de la República, el Presidente del H. Senado, el Presidente de la H. Cámara de Diputados, el Presidente de la Excma. Corte Suprema, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, el Comandante en Jefe de la Armada de Chile, el Comandante en Jefe de la Fuerza Área de Chile, el General Director de Carabineros de Chile y el Contralor General de la República.
Asimismo, se encuentran presentes en esta sesión el Ministro del Interior y Seguridad Pública y el Ministro de la Defensa Nacional, quienes fueron citados por S. E. el Presidente de la República, y como asistente de actas, la Jefa de la División Jurídico Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Fernanda Garcés.
QUÓRUM PARA SESIONAR
De conformidad al artículo 107 de la Constitución Política de la República, se cuenta con el quórum suficiente para celebrar válidamente la sesión del Consejo de Seguridad Nacional, razón por la que se da iniciada y constituida esta sesión.
TEMAS TRATADOS
Inicia la sesión y S.E. el Presidente de la República, agradece la presencia de los integrantes del Consejo. Luego realiza un breve repaso de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de la República, que establecen el rol del Consejo de Seguridad Nacional como un órgano asesor del Presidente de la República en materias de seguridad nacional.
A continuación, S.E. el Presidente de la República realiza un resumen de los hechos acontecidos en las últimas tres semanas, en que han existido diversas manifestaciones ciudadanas. Frente a esto, el Gobierno ha hecho sus mejores esfuerzos para escuchar las demandas ciudadanas y ha propuesto una Agenda Social, recogiendo proyectos de ley presentados por parlamentarios y otros del Ejecutivo.
Asimismo, señala que los hechos de violencia y vandalismo que hemos observado en estos días han producido un grave daño al país y a los ciudadanos, con un grave impacto en la confianza ciudadana y la capacidad de crecimiento de la economía, frente a lo cual el Gobierno ha propuesto una Agenda de Seguridad Ciudadana.
El Presidente agrega que, al momento de decretar los Estados de Emergencia, una de las principales preocupaciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas y de Orden fue la protección de los derechos humanos de las personas, en toda su dimensión.
Al respecto, indica, se tomaron diversas medidas preventivas: (i) reuniones presenciales y conversaciones telefónicas con el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante en Jefe del Ejército y los Jefes de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana, Región de Valparaíso y Región del Biobío, con la clara instrucción de aplicar en forma estricta de las Reglas del Uso de la Fuerza, que cumplen con los estándares internacionales y acogen los planteamientos de organismos de derechos humanos. Como resultado, todos los Jefes de Defensa instruyeron la aplicación las Reglas de Uso de la Fuerza, dictadas el año 2012, en sus respectivas zonas.
(ii) Reunión con el Director del INDH, a efecto de ofrecer toda la colaboración necesaria para el cumplimiento de su mandato legal y facilitar el acceso a todos los lugares y recintos necesarios para cumplir con dicho mandato. A su vez, el Ministro del Interior y Seguridad Pública y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, ha mantenido línea directa con el INDH para ofrecer su colaboración. El Presidente señala que el INDH ha gozado de amplia autonomía para investigar y denunciar situaciones que pudiesen representar abusos o delitos.
(iii) Se reforzó la Defensoría Penal Pública, para que cada persona detenida cuente con un defensor público;
(iv) Se tomó contacto con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la ONG Human Rights Watch, para que envíen misiones de observación en terreno a nuestro país. Asimismo, se ha mantenido una estrecha colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
(v) Se implementó una política de total transparencia en la entrega de datos sobre eventos graves, personas detenidas, lesionadas y fallecidas.
(vi) Se enfatizó al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia la importancia de ejercer sus funciones con la mayor celeridad en causas relativas a derechos humanos, reforzando la importancia de garantizar un debido proceso y el acceso a la justicia. El Presidente indica que el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia han mantenido, en todo momento, su independencia para investigar y juzgar la existencia de abusos o delitos cometidos por personal uniformado.
El Presidente también enfatiza que el Gobierno ha tomado un conjunto de medidas correctivas, incluyendo la revisión periódica de los protocolos para el mantenimiento del orden público y realización de Sumarios Administrativos, remitiendo de dichos antecedentes al Ministerio Públicos.
El Presidente acentúa que todas estas acciones han sido complementadas con aquellas ejecutadas por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el mismo fin. Además, indica que el Gobierno implementó importantes medidas con anterioridad a los Estados de Emergencia, como la creación de la Dirección de Derechos Humanos en Carabineros, el fortalecimiento de la formación de Carabineros en materia de Derechos Humanos y la actualización del Protocolo de Mantenimiento del Orden Público en marzo del año 2019.
S.E. el Presidente de la República señala que, si no se hubieran decretado los Estados de Emergencia, no habría cumplido con su deber, dada la grave situación de violencia que vivía el país y su impacto sobre el orden público y la seguridad ciudadana. En tal sentido, se realiza un breve repaso al daño producido en el país, el que principalmente afectó a los sectores más vulnerables de nuestra población. Y en que el desafío para las fuerzas policiales era de tal magnitud, que se requería contar con la colaboración de las Fuerzas Armadas.
Finalmente, S.E. el Presidente de la República solicita al Congreso Nacional que colabore con la aprobación de las leyes necesarias que son parte de la Agenda Social y la Agenda de Seguridad Ciudadana. Asimismo, solicita al Poder Judicial que, junto con el Ministerio Público, tomen todas las medidas para investigar y sancionar todos los casos en que se haya cometido un delito o abuso. Si existen miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden que no cumplieron con la ley o los protocolos, deben ser juzgados y sancionados de conformidad al ordenamiento jurídico.
Se hace un llamado a la unidad y se da la palabra para escuchar las opiniones de los demás integrantes del Consejo.
Toma la palabra el Presidente del H. Senado, expresando en primer lugar, que no comparte la convocatoria al Consejo. Señala que lo que existe hoy es un problema de orden público que se debe solucionar con las herramientas con que cuenta el ordenamiento jurídico. Solicita además que el acta de la sesión sea pública.
Como Senado, señala, condenamos los actos vandálicos, la violencia manifestada en los saqueos, incendios y otros actos similares. Indica que se debe dar cumplimiento al deber de informar al Congreso Nacional acerca de las medidas que se adoptaron en el marco de los Estados de Excepción y espera que no se recurra a otras medidas excepcionales en el futuro.
El Presidente del H. Senado manifiesta su solidaridad con las personas que se han visto afectadas por los hechos acontecidos en las últimas semanas. Luego, consulta por la estrategia del Gobierno para repeler los actos de violencia, considerando que a la fecha solo se ha formalizado a una persona por los ataques al metro. Levanta su preocupación por los casos de personas que han resultado heridas en las manifestaciones y sobre las medidas que se han tomado para que dichos casos no sigan aumentando. Se solicita se autorice la visita de una misión de la CIDH.
Finalmente, señala que la solución, a su parecer, pasa por abrir los canales de participación para la aprobación de una nueva Constitución.
Toma la palabra el Presidente de la Excma. Corte Suprema, quien señala que una condición básica para restablecer la confianza y la tranquilidad es la observancia de los derechos humanos, especialmente por parte de las instituciones que deben velar por tales derechos y hacer que se cumplan. Ese es el punto de partida.
En relación a los daños que han sufrido los ciudadanos, lo fundamental es contar con la completa información frente a tales circunstancias. Esto es una garantía para las personas que se sienten agredidas por el Estado. Señala que, como Poder Judicial, se han preocupado de que los jueces vayan a las comisarias en búsqueda de información, para que las personas no tengan la incertidumbre de cómo están sus familiares. Esta es una condición básica para restablecer el orden y la mejor convivencia. Las responsabilidades de quienes han causado daños o se han excedido deberán ser establecidas como corresponde.
Posteriormente, toma la palabra el Contralor General de la República. Señala que la regulación del Consejo de Seguridad Nacional se encuentra en la Constitución, no pareciéndole la convocatoria realizada. Expresa que se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar. En su opinión, no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones.
En relación a los datos que se han entregado en esta sesión, como Contraloría, se está cumpliendo con la labor que les corresponde por ley, tomando razón de aquellos actos administrativos que deben someterse a ese trámite.
Señala el Contralor General que poco se sabe sobre qué falló para que el país llegara a la situación en que está. Se gastan muchos recursos en Inteligencia, por lo que le gustaría saber qué ocurrió y porque no se tomaron medidas preventivas para evitarlo.
En seguida, toma la palabra el Presidente de la H. Cámara de Diputados, quien señala que no comparte la convocatoria a esta sesión, para informarlos de cuestiones que ya se conocen.
Señala que siempre es bueno conversar y dialogar. La Cámara de Diputados siente que se debe generar una mejor relación con todos los poderes del Estado, y que era el momento de los acuerdos. Quienes tienen cargos de responsabilidad en el Estado, indica, no pueden permitirse la posibilidad de generar confusión. Cuando se convoca a este Consejo, tienen una responsabilidad frente al país, señaló.
El Presidente de la H. Cámara de Diputados indica que nadie fue capaz de adelantarse a la demanda social, a la que deben dar una respuesta. Señala que se observa con preocupación a Carabineros, sobrepasados por los hechos ocurriendo en las calles. Quien debe actuar, más allá de los proyectos de ley anunciados hoy, es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, junto con Carabineros. La Inteligencia está atomizada en las distintas ramas de las policías y Fuerzas Armadas, por lo que existe un problema frente a la capacidad de adelantarse a los hechos.
Finalmente, señala que está preocupado en ver cómo salir de esta crisis, a lo cual todos debemos sumarnos, no existiendo espacio para errores.
A continuación, toma la palabra el Comandante en Jefe del Ejército de Chile, quien aclara que, respecto a las Fuerzas Armadas, les está vedado realizar operaciones de Inteligencia interna, solo residual respecto a Carabineros o la PDI. Sugiere que se avance en una Ley de Inteligencia, y así poder adelantarse a las acciones disruptivas.
Continúa, indicando que el orden público es de responsabilidad de Carabineros, y las Fuerzas Armadas tienen una responsabilidad primaria en la defensa de la soberanía. Señala que los desórdenes que se observan estos días no son comparables con los primeros días de los Estados de Emergencia, sin perjuicio de que se mantiene una sensación de inseguridad, aún cuando los actos pacíficos son muchos más que los vandálicos.
Finalmente, el Comandante en Jefe del Ejército señala que las Policías han realizado un tremendo esfuerzo por entregar mayor paz a los ciudadanos. Explica que ni las policías ni los miembros de las Fuerzas Armadas salen a la calle a producir daño, ni tampoco a que les hagan daño a ellos.
Toma la palabra el Comandante en Jefe de la Armada de Chile, quien señala que la función de la institución está establecida en la Constitución, y es la defensa de la patria. Explica que sus actuaciones se han realizado de conformidad a la Constitución y a las leyes.
En relación a las Reglas del Uso de la Fuerza, que han sido ejecutadas por los Jefes de la Defensa Nacional, ha existido un uso gradual y proporcional de las armas, con cautela por la vida de las personas. En tal sentido, la experiencia de la Armada en misiones de paz les ha permitido contar con personal entrenado para enfrentar las situaciones vividas.
Toma la palabra el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, quien señala que la participación de la institución en los Estados de Emergencia se realizó con pleno respeto a las Reglas de Uso de la Fuerza, concentrando su apoyo desde el aire.
Indica que los miembros de las Fuerzas Armadas no salieron a las calles a agredir a la población, sino que a protegerla. Explica que fue la preocupación principal del Presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional.
En cuanto al Sistema de Inteligencia, señala que debe ser modificado en cuanto a sus funciones y capacidades.
En relación a la sensación de que las Fuerzas de Orden se han visto sobrepasadas, señala que están haciendo un esfuerzo enorme por mantener el orden público, por lo que debemos apoyarlas.
A continuación, toma la palabra el General Director de Carabineros, y, en primer lugar, agradece al Presidente de la República su apoyo y respaldo. Señala que el Presidente de la República le pidió cumplir con la misión de la Institución, con la advertencia de que debe hacerse con respeto irrestricto a los derechos humanos.
Señala que estamos viviendo una situación sin precedentes, con más de 3.500 eventos de grave alteración al orden público, incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad. Describe que hay más de 1.180 Carabineros lesionados, de los cuales 200 sufrieron lesiones graves; más de 600 vehículos de la Institución han resultado dañados, así como también cuarteles; 3,4 millones de personas se han congregado a manifestarse y hay más de 11 mil detenidos. Cuando comenzó el estallido, la labor de Carabineros se vio sobrepasada y el despliegue operativo fue muy grande.
En cuanto a los responsables por los daños causados, se sigue investigando.
En cuanto al respeto y promoción de los derechos humanos, señala que Carabineros tiene una relación estrecha con el INDH, la que se ha ido consolidando. Explica que por cada querella que han presentado, se ha abierto un sumario interno. Es decir, por cada denuncia de abuso, se abre un sumario. Señala que, en el caso de los 12 Carabineros que serían formalizados, los casos fueron levantados por la propia institución, haciendo la respectiva denuncia al Ministerio Público. Señala que son los primeros en promover el respeto de los derechos humanos en Carabineros.
En seguida, toma la palabra el Ministro de Defensa Nacional, quien señala que los Estados de Emergencia se decretaron de conformidad al artículo 42 de la Constitución, por una grave alteración al orden público. Explica que es un hecho público y notorio que existieron hechos graves como incendios, daños a la propiedad y a las personas, por lo que el Presidente de la República cumplió con su deber de respetar la Constitución. Asimismo, señala que se han rechazado más de 120 Recursos de Amparos que se han presentado.
En relación al rol del Consejo de Seguridad Nacional, señala que éste fue modificado el año 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos, en plena democracia, estableciéndose nuevas funciones y estructura, por lo que no corresponde decir que es un resabio del pasado, sino que es producto del debate legislativo que se dio en el Congreso.
En cuanto a la definición de seguridad nacional, señala que su definición moderna dice relación con una alteración al normal desenvolvimiento del país. Es decir, una alteración a la seguridad, por lo que citar al Consejo fue una decisión correcta.
Espera que el Congreso despache a la brevedad el Proyecto de Ley sobre Inteligencia.
Finalmente, indica que le consta que el Presidente de la República señaló a las Fuerzas Armadas y de Orden que se debía respetar las Reglas del Uso de la Fuerza en todo momento.
Toma la palabra el Ministro del Interior y Seguridad Pública, quien señala que es muy importante que las instituciones del Estado se puedan reunir y colaborar para hacer frente a la crisis que vive el país.
Indica que se deben priorizar ciertas medidas con mirada de Estado, de largo plazo, y así proveer seguridad y garantizar los derechos de todos los habitantes. La seguridad pública es un deber del Estado. Por lo pronto, indica, están los desafíos de la Agenda Social y la Agenda de Orden Público, que tienen proyectos prioritarios, porque son parte de los aspectos que requieren perfeccionarse.
En tal sentido, modernizar el Sistema de Inteligencia, cuya tramitación ha sido reforzada por las urgencias presentadas, permitirá anticiparse y reaccionar para poder sancionar los delitos que atentan contra la seguridad de las personas.
En segundo lugar, hay otro proyecto que es la modernización de las policías, ya aprobado por el Senado. Explica que este proyecto es relevante porque fortalece el control de las policías, incorpora el debido resguardo por los derechos humanos, el cumplimiento al principio de legalidad y establece la creación de un sistema de reclamos por actos abusivos presentados por la ciudadanía. Es un avance institucional valioso.
Hay otros proyectos de corto plazo que dicen relación con la contingencia, como el que otorga mayores sanciones a quienes cometen actos de saqueo, así como el proyecto que se enviará a la brevedad sobre estatuto de protección de las policías.
El Contralor General de la República pregunta si el orden público está incorporado en el concepto de seguridad nacional.
En tal sentido, toma la palabra S.E. el Presidente de la República, quien señala que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y que la Constitución vigente incluye al Consejo de Seguridad Nacional como organismo asesor del Presidente, por lo que estimó relevante conocer las opiniones de las más altas autoridades de la Nación, en un período tan complejo como han sido las últimas tres semanas. De esta forma, hace un repaso del daño que se produjo a las estaciones de metro, a los buses, a la infraestructura pública como carreteras y rutas urbanas, a edificios públicos y privados, a establecimientos comerciales, los atentados que se produjeron a los edificios consistoriales, el daño que se ha producido a los micro, pequeños y medianos empresarios, a los afectados por incendios, vandalismo y saqueos y el daño a la propiedad privada. Señala que estamos ante una ola de violencia y destrucción, como nunca antes. El concepto moderno de seguridad nacional dice relación con aquello que impide el normal desenvolvimiento del Estado y el normal funcionamiento de la sociedad.
Señala S.E. el Presidente de la República que siempre se ha hecho una clara distinción: una cosa es la violencia que se ha producido, con una simultaneidad e intensidad nunca antes vista, lo que ha producido daño tanto a civiles como a carabineros. Otra cosa, de naturaleza muy diferente, es la expresión de los ciudadanos, que ejercieron su derecho a manifestarse pacíficamente para pedir una sociedad más justa, más equitativa, con menos abusos y menos privilegios.
Frente a la violencia, indica, se han aplicado las herramientas que el ordenamiento jurídico otorga, protegiendo a los más débiles y vulnerables. La tarea de las Fuerzas de Orden y Seguridad ha sido inmensa. Se respalda y apoya su labor, dentro del mandato constitucional y legal, y siempre que se respeten las normas y protocolos existentes.
Las reglas del Uso de la Fuerza y los Protocolos para el Mantenimiento del Orden Público, revisados el 2018 y elaborados con la colaboración de organismos internacionales, han sido reiterados a las jefaturas correspondientes, instruyendo que todas las actuaciones deben adoptarse conforme a dichas reglas. Es decir, el uso de la fuerza debe ser legal, racional y proporcional y, como último recurso, se deben tomar las medidas necesarias y autorizadas para la legítima defensa y la protección de terceros. Además, señaló S.E. que se instruyó la adopción de medidas especiales de respeto a las personas detenidas, el debido resguardo a los derechos humanos y se dispuso la adopción de todas las medidas de transparencia.
Además, indica, que el Gobierno tomó contacto con el INDH, organismo autónomo, dándole todas las facilidades para cumplir con su mandato legal y tener pleno acceso a los lugares o recintos requeridos para cumplir con dicho mandato.
Asimismo, se realizó una reunión, en los primeros días de la crisis, con los tres poderes del Estado. Ha existido una conversación permanente con los Ministros del Interior y Justicia y Derechos Humanos, para el resguardo especial que se debe adoptar en materia de Orden Público, Seguridad Ciudadana y respeto a los derechos humanos, en un periodo de emergencia. Se llamó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como a Human Rights Watch, para que envíen misiones al país.
Si se han cometido abusos, atropellos o delitos, desde el primer día se iniciaron sumarios administrativos y se pusieron los antecedentes a disposición del Ministerio Público para que los investigue, y luego del Poder Judicial para que los juzgue.
Existena avalancha de noticias falsas, que circulan por las redes sociales, y son recogidas a veces por los medios de comunicación, lo que causa mucho daño.
Se debieron cancelar dos eventos internacionales de alta importancia, como APEC y COP25, a pesar de la alta importancia que ellos tenían para el país y el mundo.
Se requiere cambiar el Sistema de Inteligencia, dado que el actual presenta graves falencias. Es clara la diferencia entre la Inteligencia que realiza las Fuerzas Armadas, de la que realiza Carabineros y la ANI. En este campo, S.E. el Presidente de la República señala que es indispensable que se apruebe el proyecto de ley enviado por el Gobierno y que se encuentra desde hace más de un año en el Congreso, que reforma y moderniza integralmente nuestro Sistema de Inteligencia Nacional, recogiendo las experiencias de los países más avanzados en esta materia.
Finaliza S.E. el Presidente de la República, señalando que nadie quiere dictar un Estado de Emergencia, pero fue su deber dictarlos, dentro del marco de la Constitución, para resguardar el orden público y la seguridad ciudadana, y para poder proteger a los más vulnerables. Agradece la presencia de los demás integrantes del Consejo y termina señalando que el Gobierno estima conveniente y necesario iniciar un proceso de cambios a la Constitución.
Retoma la palabra el Presidente de la H. Cámara de Diputados, señalando que a todos nos preocupa la violencia, y requerimos concentrarnos en sanar las heridas del país, especialmente en salud pública; en salario mínimo. Señala que, si bien es un buen esfuerzo el Ingreso Mínimo Garantizado, los empresarios deben hacer un esfuerzo mayor; y la nueva Constitución.
En relación a la nueva Constitución, señala que el Congreso ya partió realizando cabildos, y el Gobierno debe tomar este desafío, pues debemos tener una discusión constitucional en que la ciudadanía participe.
Siendo las 20:50 se termina la sesión.