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Municipio de Viña del Mar ha dejado de cobrar al menos 1.000 millones de pesos por concepto de entradas en el tradicional Casino de la Ciudad Jardín.
Un nuevo escándalo financiero, que tiene como protagonista a la Municipalidad de Viña del Mar y a la administración de Virginia Reginato, ha quedado develado tras conocerse un oficio jurídico redactado por la Contraloría Regional de Valparaíso, que no es más que la punta del iceberg de una cadena de irregularidades y falta de control en la relación del municipio con el concesionario del Casino, Antonio Martínez y Compañía, que afectaría incluso al Servicio de Impuestos Internos (SII), a la sociedad Enjoy S.A.y a la Superintendencia de Casinos de Juego.
LA HISTORIA DE UNA DENUNCIA
Todo comenzó el pasado 12 de febrero de 2019, cuando la concejala por Viña del Mar, Marcela Varas (PPD), acudió a la Contraloría Regional de Valparaíso para presentar una denuncia para que se investigaran una serie de irregularidades, entre ellas, el no cobro de entradas para los clientes del Casino Municipal y la presunta delegación de la administración del recinto.
Para entender la acusación, hay que precisar que la concesión del Casino Municipal de Viña del Mar fue licitada públicamente a través del decreto alcaldicio N° 5.220, de 1999, adjudicándose a la sociedad Antonio Martínez y Compañía. Ésta, a su vez, propuso en la licitación la entrega de beneficios a los clientes de la empresa Enjoy Club, los que incluían el ingreso liberado (sin pago de entradas) a las salas de juegos. No obstante, a la sociedad se le aclaró que tal cobro debía efectuarse sin excepción alguna o, bien, que debían asumir ellos mismos el beneficio a sus clientes, es decir Antonio Martínez y Compañía pagaría al municipio aquellas entradas que Enjoy Club regalará a sus clientes.
Con el paso de los años, ninguna de estas situaciones se llevó a cabo. De hecho, denuncia la concejala Marcela Varas que los valores provenientes de la venta de entradas de agosto de 2018 recién fueron ingresados en abril de 2019, y tras una serie de requerimientos realizados por escrito por la Dirección de Concesiones de la Municipalidad de Viña del Mar. Además, los ingresos del período septiembre 2018 - julio 2019 aún no han sido enterados.
Consultadas por Puranoticia.cl diversas fuentes municipales que tienen conocimiento de los montos que se deberían recaudar diariamente por concepto de entradas, cuyo valor es de $3.800 (Tres mil ochocientos pesos) esto va entre los 2 millones diarios a un poco más de 7 millones de pesos cada día de fin de semana. Es decir, en sólo un año se dejó de cobrar una suma que podría redondearse al menos en los 100 millones de pesos mensuales, más de 1.000 (mil) millones de pesos en un año.
¿PERO POR QUÉ NO SE COBRÓ LA ENTRADA AL CASINO?
Diversas hipótesis existen sobre las razones que llevaron a la municipalidad a perder el interés en cobrar la entrada al Casino. Sería poco entendible no cobrar más de mil millones de pesos anuales, sobre todo en una administración que vive una seria crisis financiera, pero esto se debe a que justamente aquellos dineros no iban directamente a las arcas municipales.
Al respecto, cabe señalar que la entrada al Casino Municipal de Viña del Mar se regula por dos cuerpos legales, a saber, la Ley 17.312, que establece un valor fijo reajustable anualmente y que se divide en un 66,60%, el que ingresa al Fondo de Indemnización de los trabajadores del Casino y un 33,3% para ser entregado a la Corporación Orquesta Sinfónica de Vina del Mar, Corporación Cultural de Vina del Mar, y la Ley 18.110, que establece un impuesto de carácter fiscal del 0,07 UTM por ingreso a las salas de juego. Esta ley fue derogada por la Ley 19.665, pero incorporada en igual forma para todos los casinos en el cuerpo de la misma ley. Lo anterior, sin perjuicio del D.L. 825 de 1974.
Por lo tanto, al dejar de cobrarse las entradas al Casino, el Municipio incumple las normas legales citadas, con el consiguiente perjuicio fiscal, al patrimonio de los trabajadores del Casino, a la Corporación Cultural y al Municipal, al tener que destinar parte de su presupuesto al financiamiento total de dicha Corporación, parte de cuyo montos debería hacerse con cargo al referido 33,3% antes señalado.
De acuerdo a las Bases de Licitación y el Contrato de Concesión del Casino, el Municipio es el encargado de cobrar la entrada y fiscalizar que todo cliente que se encuentre en las salas de juegos la haya pagado. Esta omisión de fiscalización envuelve, además, el riesgo del patrimonio municipal, pues el Servicio de Impuesto Internos podría liquidar y girar los impuestos que se habrían estado evadiendo durante todo este tiempo. Esto es parte de la presentación que realizó Marcela Varas, concejal de Viña del Mar, quien destapó este nuevo escándalo financiero.
Conociendo todos estos puntos y a pesar de la gran cantidad de dinero en juego, el municipio no cobró la entrada y tampoco le habría exigido a la sociedad Antonio Martínez y Compañía que cancele la gran cantidad de entradas liberadas que el programa de fidelización Enjoy Club entrega de cortesía a sus clientes.
Otra hipótesis dice que el Municipio, a solicitud del propio concesionario, habría dejado de cobrar aquella entrada y que esto se inició a partir del mes de marzo del año 2012. La concejala dice que la Alcaldía deja de cobrar entradas por el ingreso a las salas de juego, debido a una solicitud del concesionario ante la baja de los ingresos por la puesta en marcha de la Ley del Tabaco. Esta situación se mantuvo, no obstante que el concesionario habilitó, dentro del mismo Casino, una zona de juego para clientes fumadores y, en el periodo de dos años, se recuperaron los ingresos que se perderían por el hecho señalado, y se volvió a tener un crecimiento sostenido de ellos, sin embargo la concejala denuncia que esto no se realizó y se mantuvo el no cobro hasta agosto del año 2018.
Un tercer punto confirmado por altas fuentes municipales que conocen del tema a fondo, cuentan que un alto ejecutivo habría solicitado a la propia alcaldesa que no hiciera el cobro de entrada porque esto beneficiaría al turismo y a la llegada de más clientes al casino, situación que estaría totalmente fuera de la normativa legal.
LA CONFUSA RELACIÓN CON ENJOY
Hoy, publicitariamente, el Casino de Viña del Mar se conoce como Enjoy Viña del Mar, sin embargo el concesionario no es la empresa Enjoy S.A. ni ninguna que se le parezca, sino que es Antonio Martínez y Compañía.
Sin embargo, la concejala Varas tuvo acceso a una serie de documentos, entre ellos finiquitos de trabajadores del concesionario, donde aparecen firmando ejecutivos de la empresa Enjoy y no de Antonio Martínez y Compañía.
Se estableció además que existen documentos legales que fueron firmados por la Gerente de Personas de la empresa Enjoy S.A., tales como contratos de ejecutivos, aumentos de remuneraciones o cambios de responsabilidades y finiquitos de ejecutivos de la operación del Casino Municipal de Viña del Mar que deberían haber sido realizados por el actual concesionario y no por la multinacional.
A raíz de las referidas fiscalizaciones, se detectó además, que, a partir del año 2014, los Balances de los Estados Financieros de Enjoy S.A. aparece indicándose que los socios de Antonio Martínez y Compañía habían otorgado la administración de dicha sociedad a Enjoy Gestión S.A., subsidiara de Enjoy S.A. y, por tanto, se consolidaron los estados financieros de Antonio Martínez y Compañía en los de Enjoy S.A., lo cual se efectuó sin informar ni obtener autorización de la Municipalidad.
Cabe destacar que, al consolidar sus estados financieros, sociedad "Enjoy" incorpora a su patrimonio ingresos que son de carácter fiscal, ya que los ingresos de juego son Municipales y el concesionario solo tiene derecho a una alicuota de ellos como pago por la administración del Casino de Juego.
Lo anterior podría significar una vulneración al principio de "estricta sujeción a las Bases de Licitación", pues estas disponen que la administración no puede ser entregada a un tercero y es por eso que se licitó solo a sociedades de personas y no a empresa limitadas ni a sociedades anónimas, dice la concejala Marcela Varas y que es ratificado por fuentes municipales de alto nivel, que en el fondo confirman que se habría hecho prácticamente el traspaso de la operación y administración de esta, lo que podría terminar en una eventual término de la concesión a Antonio Martínez y Compañía.
Este tipo de revelaciones no son nuevas. De hecho, en un comienzo se conoció que las actividades de la sociedad Enjoy Gestión Limitada haría en el Casino serían servicios integrales, con presencia en el recinto, situación que a juicio del Municipio excedía las facultades otorgadas por el contrato de concesión. Luego, el convenio fue sustituido por otro de prestación de asesoría técnica para la gestión de mesas de juego y campañas de marketing, el cual fue informado favorablemente por la Dirección de Asesoría Jurídica del municipio. Pese a ello, la ley indica que "en ningún caso podrá ser subconcedida o subcontratada la explotación de juegos de azar".
La relación de la empresa Enjoy con la concesionaria actual, Antonio Martínez y Compañía, sin duda es confusa, poco clara e incluso debería haber un pronunciamiento de la Superintendencia de Casinos y Juegos al respecto, la cual ha guardado silencio ante este hecho.
LA VOZ DE CONTRALORÍA
Puranoticia.cl tuvo acceso a la respuesta que entrega la Contraloría General de la República ante esta denuncia y a las medidas que debería tomar el municipio de Viña del Mar y la administración Reginato ante este nuevo escándalo financiero que afecta a la ciudad jardín.
Si bien, la responsabilidad de cobrar las entradas es del municipio, existe un gran porcentaje de personas que ingresa al Casino Municipal con tickets de cortesía del programa Enjoy Club. Estas sí o sí deben ser pagadas por el concesionario al municipio.
La denuncia deja al descubierto que recién en abril de este año ingresaron a las arcas municipales las entradas por este concepto del mes de agosto del 2018, es decir, falta todo el periodo que va desde septiembre del 2018 hasta julio del año en curso, situación que debe regularizar el municipio dice el oficio emitido por Contraloría.