Defendamos la ciudad

Fundación Defendamos la Ciudad y Agrupación Defendamos Plaza Las Lilas aseguraron que la Corte Suprema invalidó un dictamen de la Contraloría que declaró contrario a derecho el permiso de edificación otorgado por la Municipalidad de Providencia a la Inmobiliaria Penta, responsable de la modificación del mencionado espacio urbano. De acuerdo a un comunicado de prensa, el tribunal habría argumentado que el ente contralor no tendría potestades para pronunciarse sobre el fondo de la legalidad de los actos administrativos. “La feble posición judicial es considerada por ambas organizaciones civiles como un vulgar subterfugio, carente de sustento constitucional y por tal motivo la rechazan de plano. La Contraloría, utilizando un lenguaje no confrontacional y propio del establishment, afirma serenamente que ‘la Corte Suprema únicamente se refirió a las atribuciones específicas de la Contraloría y no en relación con su legitimidad’”, lamentaron. “En definitiva y como las sentencias de la Corte Suprema se tienen que cumplir, aunque contengan vicios de fondo, las torres de la Inmobiliaria Penta se están construyendo como un nuevo hecho consumado. Pero, por considerarlo de interés público, hemos optado por dar a conocer a la ciudadanía los entretelones de la situación, con el sano propósito de que no vuelvan a ocurrir manifestaron los denunciantes. Para Patricio Herman, delegado de Defendamos la Ciudad, “está sumamente claro que varios ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago y de la Corte Suprema han cometido errores garrafales al creer que la Contraloría está incapacitada para ejercer su labor en pos de la probidad, transparencia y apego irrestricto a la ley”. Recordó que el pasado 21 de noviembre hablaron con el presidente del máximo tribunal, Enrique Tapia, ocasión en la que le expresaron que este impasse tenía que ser resuelto por el Pleno de la Suprema. “Al día siguiente, lo ratificamos por escrito y le entregamos todos los antecedentes de rigor. Nuestra posición sólo busca que en Chile opere en plenitud el estado de derecho, única fórmula para atacar la corrupción que nos corroe en todos los ámbitos del quehacer nacional y más aún en las municipalidades. Por ello vemos con malos ojos que los tribunales superiores de justicia hayan inventado el resquicio en orden a que la Contraloría sólo puede avocarse a analizar la forma de los actos administrativos. Por motivos que desconocemos y que preferimos no calificar, hasta esta fecha, ocho meses después, no recibimos respuesta a nuestra fundada interpelación”, agregó.