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Por esta razón, el legislador socialista, Manuel Monsalve, exigió a una veintena de parlamentarios que tienen intereses o acciones en empresas inmobiliarias se inhabilitaran de votar, lo que aún es una decisión personal, aunque de manera posterior, la comisión de Ética puede establecer sanciones económicas a quienes tengan algún conflicto de interés.
“En la Sala hay diputados que son dueños de inmobiliarias. Es evidente que el proyecto de ley contiene artículos que benefician a esas empresas, por lo tanto resulta razonable, de acuerdo a reglamento, que los parlamentarios que tienen interés personal, en alguno de los casos del 100% de las empresas, deban abstenerse de votar”, expresó Monsalve.
Uno de los diputados que según su declaración de interés tiene participación en inmobiliarias es Pablo Kast de Evópoli, quien defendió haber votado este proyecto.
“En la época que era arquitecto construía departamentos. Hoy día es una sociedad pasiva. Es un tema que me interesa mucho, el de la integración social. Por lo tanto, el mismo artículo dice que cuando un parlamentario siente un interés especial legítimo y transparente, me sentí no sólo habilitado para votar sino que también para liderar esta discusión en la Comisión de Vivienda”, comentó Pablo Kast.
Los parlamentarios que figuran con participación el sociedades inmobiliarias o constructoras que votaron a favor son Ramón Barros, Catalina Del Real, René García, Pablo Kast, Sebastián Keitel, Issa Kort, Javier Macaya, Patricio Melero, Christian Moreira, Luis Prado, Diego Paulsen, Juan Santana, y Matías Walker.
Los que tienen participación y votaron en contra, en tanto, son Ignacio Urrutia, Boris Barrera, Natalia Castillo, Sofía Cid, Jaime Mulet, Jaime Tohá.
La lista de diputados que participan en sociedades de inversión o son propietarios de más de tres o cinco propiedades y que igualmente votaron el proyecto es aún más extensa y se puede revisar (junto al listado de quienes no registran dichos antecedentes) en este análisis del Centro de Producción del Espacio.
Pese a los cuestionamientos y a la transversalidad de parlamentarios que figuran con participación o propiedad de empresas inmobiliarias, no hubo ninguno de ellos que en la votación del jueves pasado, en la Cámara de Diputados, invocara su inhabilidad para votar el proyecto de integración social y urbana.