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"Quienes transparentaron el verdadero propósito de esa ley, enviando informes a los diputados fueron, entre otros, la Asociación de Barrios y Zonas Patrimoniales, colectivo que reúne a 150 organizaciones de la sociedad civil informada, la fundación Defendamos la Ciudad, el Comité de Hábitat y Vivienda del Colegio de Arquitectos de Chile, la Organización de Trabajadores del Minvu y del Ministerio de Bienes Nacionales que convoca a 7.000 funcionarios públicos y la Organización Barrio Suárez Mujica de Ñuñoa", consignó el profesional.
"Finalmente recordemos que el contenido de este frustrado proyecto de ley está ligado al Decreto Supremo Nº 56 del mismo Minvu, publicado el 10 de julio de 2019 en el Diario Oficial, el que tiene disposiciones abiertamente inconstitucionales", consignó el timonel de la entidad.