Defendamos la ciudad

La necesidad de someter a un debate amplio que permita incorporar las inquietudes de la ciudadanía, y al mismo tiempo que se discutan varios aspectos del proyecto de ley de Planificación Urbana que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), planteó la Fundación Defendamos la Ciudad, luego de enterarse que la iniciativa sería analizada este viernes en el Palacio de La Moneda, para que luego el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) lo remitiera al Congreso. La preocupación de la entidad radica principalmente en las amplias atribuciones que en dicha normativa se entregan al Minvu sobre prácticamente el 100% del territorio nacional y la poca claridad respecto a mecanismos concretos para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre los planos reguladores locales o respecto al uso de los suelos, entre otras materias. “Lo que la Fundación Defendamos la Ciudad desea es que estos documentos se hagan de conocimiento público, para generar un debate entre todos los actores relevantes y con toda la gente que tenga interés, para que se aporten ideas a objeto de tener un texto absolutamente consensuado y que obedezca a lo que la ciudadanía quiere, igual que los países que tienen sistemas democráticos”, dijo el representante de la citada organización, Patricio Herman. A su juicio, ello permitiría que las decisiones sobre estas materias dejen de ser objeto del análisis sólo de “mesas de trabajo” cuya conformación –sostiene- no son de carácter público, aunque cree que tendrían como integrantes a representantes del sector privado, que utilizarían resquicios de carácter técnico para velar por sus propios intereses. “Nosotros queremos que haya un gran debate abierto, que este tema sea tratado en las universidades, por ejemplo, en las escuelas de arquitectura de las universidades de Chile, Católica, de Santiago y en todas las instancias, porque necesariamente es una ley que cambia radicalmente lo que tenemos, y lamentablemente cuando éstos temas llegan al Parlamento, los legisladores que manejan estas materias son muy pocos y no se produce el necesario debate que nosotros quisiéramos”, señaló. En ese sentido, manifestó que parlamentarios como los senadores Antonio Horvath (RN) y Alejandro Navarro (PS) o los diputados Patricio Hales (PPD) y Carlos Montes (PS) figuran entre los pocos que manejan a cabalidad estas materias, pero que con el envío directo al Congreso se corre el riesgo de que la Cámara y el Senado actúen sólo como “buzones”, advirtiendo que "es así es como se han cometido infinidad de errores en materias de urbanismo”. Asimismo, aclaró que si bien no tiene un juicio a priori sobre las ventajas o desventajas de la normativa, sí tiene algunas aprensiones que le gustaría discutir con la autoridad. “Hay cosas que a mí me producen altos grados de confusión, que es el intento del Minvu para que en los sectores rurales exista una especie de libertinaje para expandir la ciudad”, sostuvo. Al respecto, dijo que su temor radica en que vuelva a repetirse una situación como la expansión urbana sobre terrenos agrícolas ocurrida el año 2003 cuando era ministro de Vivienda Jaime Ravinet (DC), recordando que se trató de una decisión ampliamente resistida por grupos ambientalistas, que en un primer momento fue rechazada por el Consejo Regional Metropolitano (CORE), lográndose su aprobación, a su juicio, de manera “fraudulenta”, tras una segunda votación. "No es un secreto la ‘mano inmobiliaria’ de la Democracia Cristiana, que es el partido político que tiene en propiedad la titularidad del Ministerio de la Vivienda desde hace muchos años en este país. Ellos tienen vocación y se dedican mucho al negocio inmobiliario, entonces nosotros no tenemos ninguna duda de que este proyecto de ley tiene un sesgo pro inmobiliario y esa es la razón por la cual en las zonas agrícolas se puedan implementar actividades de construcción, cosa que hoy día no está permitida en la legislación, aunque sí fue permitido solamente para la Región Metropolitana a raíz de la expansión urbana el año 2003”, advirtió. Algunas propuestas Herman sostuvo que si este tema se abre a la discusión pública y deja de ser un “tabú”, como a su parecer lo son casi por tradición todos aquellos referidos a urbanismo y vivienda, se abre una inmejorable oportunidad para introducir una serie de propuestas tendientes a “hacer una ley que obedezca a lo que realmente se requiere para tener desarrollo sustentable y no para crear espacios para obtener ganancias económicas”. Entre ellas, planteó la idea de rescatar un antiguo proyecto que ingresó al Parlamento el año 1997 y que crea una Ley de Captura de Plusvalía, para que la variación en el valor de los terrenos que implica el cambio de uso de suelo de zonas agrícolas a urbanas se traduzca también en recursos para que el Estado los destine a obras en beneficio de la población. “Un particular que sea propietario de 500 hectáreas de terrenos calificados como rurales, el hecho que éstos se transformen en urbanos le significan plusvalías patrimoniales importantísimas que de una u otra manera también sirven para mejorar sus garantías en el sistema financiero”, ejemplificó Herman, agregando que “lo que se pretende es que cuando se producen estas intervenciones en las ciudades o modificaciones a los planos reguladores comunales, lo lógico es que la plusvalía que se genera sea compartida por el Estado para que se focalice en materializar, por ejemplo, caminos que no son de interés económico para los privados, o viviendas sociales de buena calidad”. El representante de Defendamos la Ciudad dijo, no sin ironía, que “en los países civilizados, aquellos países serios donde las cosas se hacen siempre pensando en el bien superior de la población, existen en materia urbana normativas que establecen precisamente esta captura parcial de las plusvalías que se generan en los diferentes territorios cuando por decisiones de las autoridades se modifican los usos de suelo”. Por otro lado, dijo que en el proyecto de Ley de Planificación Urbana, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Ejecutivo “tiene la gran oportunidad de incorporar una normativa clara y acotada sobre participación ciudadana”, ya que a su juicio se habla de ella “en términos muy genéricos”. “No cuesta nada hablar de participación ciudadana, pero todo queda en el limbo. Entonces lo que queremos es que haya un articulado muy completo donde quede claro que la participación ciudadana es un derecho humano y es un derecho que está contemplado en la ley para que cada comuna defina su planificación urbana de acuerdo a lo que los ciudadanos decidan”. Ello permitiría que se cumpla, por ejemplo, con el artículo 100 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que establece consultas ciudadanas vinculantes, democráticas, abiertas e informadas cuando vecinos organizados logren reunir el 10% de firmas necesarias para que el municipio se vea obligado a someter algunas decisiones a plebiscito. Al respecto, mencionó como ejemplo el caso de Vitacura, donde pese a que la comunidad cumplió con todos esos requisitos, el alcalde –Raúl Torrealba- “se hizo el loco y no hizo absolutamente nada”. Finalmente, Herman dijo que él y representantes de otras organizaciones extrañan que exista también una planificación de mediano plazo para que las comunas urbanas de la Región Metropolitana y del resto del país acomoden sus planos reguladores de manera que exista una relación directa entre cantidad de habitantes y metros cuadrados de áreas verdes. “Entonces ahí los alcaldes pro inmobiliarios, que hay muchos como Pedro Sabat de Ñuñoa o Francisco de La Maza de Las Condes, podrían impulsar sus proyectos, pero generando al mismo tiempo las áreas verdes necesarias para mantener siempre un cierto equilibrio”, precisó.