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Persiste la disputa entre la Contraloría y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) por los proyectos inmobiliarios.
En particular, por la interpretación del artículo quinto de la llamada “Ley Caval”, que permite fijar incentivos o condiciones entre las inmobiliarias y la dirección de obras municipales de cada alcaldía.
Esto, luego de que el órgano fiscalizador objetara una resolución del Minvu que, en la práctica, habilitaba una serie de proyectos -ahora en riesgo- por dos mil millones de dólares, según La Tercera.
El dictamen señala que la declaración de validez de las condiciones e incentivos establecidos en los planes reguladores, son válidos, siempre y cuando, cumplan con los demás requisitos que han fijado los nuevos artículos de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
En este contexto, el ministro de Vivienda, Cristián Monckeberg, cuestionó esta objeción de la Contraloría y adelantó que presentarán un recurso de reposición para que reconsidere el dictamen.
“Lo que ha hecho la Contraloría es interpretar esa ley, acotar la aplicación de la ley a juicio de lo que ellos estiman debe ser la aplicación de esa respectiva legislación”, sostuvo el secretario de Estado asegurando que el veredicto de la Contraloría “es absolutamente reclamable”.
Además, la cartera de Vivienda emitió una declaración pública reafirmando lo indicado por el ministro, ajustando la defensa principalmente a lo promulgado el año pasado por el Congreso.
Desde la Contraloría, en tanto, aseguraron que lo que se busca es que el artículo quinto tenga coherencia, vigencia y pueda ser aplicado, sin que se vulnere la normativa actual y no haya discriminaciones arbitrarias.
La Cámara Chilena de la Construcción advirtió de incertidumbre en el sector en voz de su gerente de Estudios, Javier Hurtado, quien además instó a que el Ejecutivo tome acciones para revertir la medida del órgano contralor.
“Estamos convencidos que esto es una evidencia adicional a la crisis que estamos viviendo en el sector (…) estos dictámenes perjudican básicamente el desarrollo inmobiliario”, afirmó Hurtado.
Por su parte, el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, planteó que el Ministerio de Vivienda busca beneficiar a las inmobiliarias.
“Las inmobiliarias abusan porque el Estado, en este caso representado por el Minvu, no ejerce correctamente sus atribuciones”, dijo Herman añadiendo que la cartera de Vivienda tiene “un marcado sesgo inmobiliario”.
En el comunicado del Minvu se señala que “en razón de lo dictaminado por Contraloría, este Ministerio se encuentra preparando una solicitud de reconsideración, pues a nuestro entender, dicho pronunciamiento busca acotar mediante un ejercicio interpretativo la voluntad del legislador”.