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“En Chile no existen las playas privadas”, dijo una y otra vez durante la semana pasada el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, a raíz de la controversia que se generó luego que se viralizara un video en el que un grupo de mujeres que descansaba en las orillas del Lago Ranco fueran increpadas por el dueño del terreno que deslinda con la playa.
Se trataba del presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, quien argumentó que dicho espacio correspondía a su propiedad, por lo que solicitó que dejaran el lugar. “He tenido problemas con gente haciendo el amor, robándome. Lo lamento, es mi jardín. Por último, me pueden pedir permiso. Pero cuando la gente se instala de mala manera… ustedes se me van, o si no voy a llegar a sacarlas yo, de manera no tan pacífica”, dijo. Días después el propio Ward señaló que efectivamente el espacio en cuestión era un bien de uso público.
Si bien las palabras del secretario de Estado van en línea con la legislación chilena, en el sentido de que no se puede negar el acceso a las orillas del mar, lagos o ríos, sí existen mecanismos para que privados -sin fines productivos- puedan acceder al uso de esos espacios y hacerse de una especie de “playa privada” a través de una concesión marítima.
Así lo hizo el propio Presidente Sebastián Piñera, quien tiene a su disposición más de 800 metros cuadrados de playa en el Lago Caburgua, Región de La Araucanía. Tramitación que inició -y que sorteó los pasos claves para lograr un resultado positivo- durante su primer gobierno.
El visto bueno de los subordinados
El 19 de abril de 2011, a poco más de un año de iniciar su primer periodo en La Moneda, Piñera presentó una solicitud de concesión marítima en el “Sector Renahue Km. 2.4, Lago Caburgua” con el objeto de “dar apoyo náutico a una propiedad mediante la regularización y uso de mejoras fiscales consistentes en 2 rampas, un hangar, una cancha de tenis, un muro, acceso a la playa, vereda, terraza, una losa (con quincho) y muros, con una vigencia de 10 años”.
Además, en el “anteproyecto valorizado de la obras” (ver documento más abajo), se argumenta que “las obras a mejorar realzan el encanto natural del sector, esto nace de la iniciativa por parte del solicitante de regularizar las instalaciones existentes”. Y si bien en la petición se lee de manera textual que se había ocupado de forma “ilegal” el espacio desde 2001, según un informe técnico las primeras construcciones se habrían instalado de forma irregular ya en 1990.