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El Presidente de la Fundación Defendamos La Ciudad ahora denuncia a diez parlamentarios, liderados por Juan Manuel Silva (que se sienta en la bancada de la UDI), ex-seremi de transporte y telecomunicaciones e intendente de la Región de Coquimbo durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera.
Los nueve diputados que, junto a Fuenzalida, firman el proyecto de ley son: Sergio Bobadilla UDI
Marcelo Díaz (PS), Rodrigo González (PPD), Carlos Abel Jarpa (PRSD), Raúl Leiva (PS), Christián Moreira (UDI), Erika Olivera (RN), Pablo Prieto (RN) y Matías Walker (DC).
De acuerdo a la planteado por Patricio Herman, se había “impuesto” la tesis que, independiente que un permiso se ajustara a Derecho y a las normas o no, el quie una inmobiliaria obtuviera un permiso de edificación (“aunque fuera trucho”) le otorgaba derechos.
Tribunales y la Contraloría General de la República han desechado esa tesis, exigiendo que los permisos mal otorgados sean revocarse. Eso ha disparado las alarmas de la “industria” inmobiliaria, de la Cámara Chilena de la Construcción y de algunas instituciones vinculadas al sector que ven -en la decisión de hacer respetar la ley que todos debiéramos cumplir- una amenaza al sector, al desarrollo (inmobiliario), a las (y sus) fuentes de trabajo, etc.
El proyecto de ley pretende darle certeza jurídica a los planes reguladores y a los permisos de edificación otorgados por las direcciones de obras de los municipios incluso cuando no se ajustan a derecho, pasando por sobre Tribunales de Justicia y la Contraloría, es decir restringiendo sus atribuciones.
El proyecto de ley dice, en parte de su texto, que “durante los últimos años hemos visto fallos de diferentes autoridades (Corte Suprema, Direcciones de Obras Municipales, Seremi de Vivienda y Urbanismo, entre otros) que han ido en merma de la legislación actual”, poniendo en dichas autoridades la responsabilidad de parar permisos otorgados a pesar de no cumplir con las normativas y no en quienes han tratado de vulnerarlas.
Otro punto que abordan tiene relación con los planes reguladores, y la lentitud de la Contraloría para aprobarlos. Al respecto, Patricio Herman sostiene que los planes reguladores comunales “se aprueban por decreto Alcaldicio, con informe favorable del Seremi de Vivienda y Urbanismo”, y que sólo pasan para Toma de Razón por Contraloría donde no hay Planes Reguladores Intercomunales.
Patricio Herman, en relación a los sectores que representan los diputados firmantes, señala: “queda en evidencia que ningún diputado del Frente Amplio suscribió ese traje a la medida de la apitutada industria inmobiliaria, pero es sospechoso que desde que se denunció ese proyecto de ley, ningún parlamentario de todos los micro partidos de ese nuevo conglomerado político, se haya pronunciado públicamente objetando la iniciativa de sus colegas congresista de la ex Nueva Mayoría y de Chile Vamos. Muy curioso, por decir lo menos!”.