Página oficial de Facebook
El pasado mes de diciembre se celebró en Viena el congreso Housing for All. No es casualidad que la capital austriaca promueva y sea el marco de este evento, ya que para cualquiera que conozca el sector de la vivienda, entendida como un derecho, Viena es el referente. Se trata de un reconocimiento ganado en virtud de una actividad sostenida que inició en 1919 con la experiencia conocida como la Viena Roja, que consiguió construir en torno a 66.000 viviendas de calidad entre 1919 y 1939 en respuesta a la emergencia habitacional tras la Primera Guerra Mundial. En la capital austriaca el derecho a un techo es totalmente efectivo, una isla en un país en el que el vice-canciller es de un partido populista de ultraderecha (FPÖ).
El modelo Viena en el ámbito de la vivienda se basa en la acción conjunta del Ayuntamiento y las entidades sin ánimo de lucro. Su desarrollo ha permitido que un tercio de la vivienda sea de propiedad pública en alquiler (‘Wiener Wohnen’ es el mayor casero de la ciudad, con 220.000 unidades); otro tercio (200.000) esté en régimen de arrendamiento con precios controlados públicamente pero en propiedad de entidades sin ánimo de lucro o con ánimo de lucro limitado (como Sozialebau AG, por ejemplo, surgida de la fusión organizativa de varias cooperativas de distrito vienesas y que controla más de 50.000 unidades); y el tercio restante en el mercado libre. De este modo, el 60% de la población vive en una vivienda subsidiada de una u otra forma, y el 75% puede optar a ellas por renta.
Housing for all, como No one left behind, no son sólo lemas, son objetivos políticos convertidos en realidad. No contento con ello, el Ayuntamiento de Viena acaba de aprobar una nueva regulación urbanística por la que los nuevos desarrollos deben destinar dos terceras partes a vivienda social. Más del doble de lo que prevé una medida similar aprobada en Barcelona recientemente y convalidada por la Generalitat.
Priorizar el derecho a la vivienda es poner la vida en el centro de las políticas. Es un bien de primera necesidad, en gran parte de Europa forma parte fundamental del Estado de Bienestar, es indisociable de otras políticas (educación, sanidad, cuidados) y afecta a los colectivos más vulnerables: por supuesto, rentas bajas, pero también jóvenes, ancianos, divorciados y (transversalmente) a las mujeres. No en vano, la Concejalía de Vivienda, ostentada por la socialdemócrata del SPÖ Kathrin Gaál, incluye también las competencias de igualdad de género. Y quizás por ello, el congreso Housing for all contó con un evidente protagonismo femenino: Leilani Farha, la nueva relatora de Naciones Unidas; Orna Rosenfeld, profesora de Ciencias Políticas en París; Elena Szolgayova, ministra de Desarrollo Regional de Eslovaquia y coordinadora de la Housing Partnership, vinculada a la Agenda Urbana para la Unión Europea junto con la vienesa Michaela Kauer; Barbara Steernbergen, de la Unión Internacional de Inquilinos o la propia directora de Wiener Wohnen, Karim Ramser.
¿Qué es lo que hace Viena de manera diferente respecto a tantas ciudades de nuestro país? En primer lugar, que el Ayuntamiento es un actor clave en el mercado de la vivienda, ya que promueve y subsidia la construcción de un gran número de apartamentos al año que pasan a formar parte de la bolsa de vivienda pública. El gran porcentaje que dicha bolsa supone sobre el total de las viviendas en la ciudad permite al Consistorio mantener estable el mercado, evitando procesos de especulación y subidas de precio ligadas a ciertos momentos del ciclo económico.
Además, el Ayuntamiento ha ido explorando caminos adaptados a las nuevas demandas de la población y a los retos ambientales, pero también orientados a superar los problemas que iba verificando en la experiencia desarrollada. Es así como, por ejemplo, a principios de los años 90 estudió cómo evitar los malos resultados de algunas experiencias de bloque abierto y tipologías residenciales singulares, porque estaban dando lugar a la segregación de algunos grupos. De esta forma, se ha ido avanzando hacia un modelo de nuevos desarrollos urbanos que buscan, como uno de sus objetivos, generar desde el principio un alto nivel de cohesión social (un ejemplo reciente es el caso de Sonnwendviertel, donde se están construyendo 5.000 viviendas de las que 2.000 serán subsidiadas por el Ayuntamiento). El enfoque es intentar evitar la homogeneidad social en los barrios, a través de la introducción capilar de vivienda social en toda la ciudad.
La segunda razón, y quizás la más importante, está relacionada con una cuestión también mencionada: el gran recorrido de esta política, mantenida desde 1919 (con la excepción del periodo fascista). Esto ha sido posible gracias a la voluntad política. La experiencia de la Viena Roja fue clave a este respecto, no sólo por la construcción masiva de vivienda, sino porque consiguió también arraigar en los decisores políticos y en la ciudadanía una determinada conciencia en relación a este asunto. Hoy está integrado en el imaginario colectivo de la ciudad, razón por la cual la población no entendería otro tipo de respuesta política. Recurriendo a una metáfora, se podría decir que es la ciudadanía la que ha blindado el derecho a la vivienda en Viena.
Esto nos lleva a la tercera razón relevante, y es el hecho de que la continuidad en el tiempo ha permitido que la planificación de este objetivo de política haya dado sus frutos. Esta planificación se empezó a desarrollar hace décadas, con un horizonte de medio y largo plazo, y está en la base de los buenos resultados, no sólo plasmados en el gran número de vivienda social construida, sino también palpable cuando se visitan los distintos barrios de la ciudad, incluidas las periferias.
El liderazgo de Viena en vivienda se expresa también en su papel como coordinadora de la Housing Partnership de la Agenda Urbana para la Unión Europea, que ha identificado en sus estudios hasta 82 millones de europeos con cargas excesivas en los costes relacionados con la vivienda, aspecto en el que España se sitúa tristemente entre los primeros puestos. Por ello, la Housing Partnership ha promovido un plan de acción en el que, entre otras cuestiones, identifica inconsistencias legales de los estados como uno de los obstáculos más relevantes para la inversión pública en vivienda asequible. Para abordar esto incluye la recomendación de revisar el marco normativo europeo de Servicios de Interés Económico General (SGEI), vigente desde 2012, con el fin de tratar de eliminar la estrecha definición que establece que los grupos beneficiarios de vivienda social estén restringidos a los más vulnerables, en aras de no influir en la sacrosanta libre competencia. También se apoyan medidas de control de alquileres, como las implantadas en Berlín o París. Para todo este tipo de medidas es necesaria una nueva estructura legal a todos los niveles, desde el europeo al local, que las posibiliten.
El caso vienés muestra claramente el camino de lo que es posible si una ciudad apuesta por una política de vivienda sólida y planificada: ‘Housing for all‘. Si no existiera y funcionara, todos lo consideraríamos en el ámbito de la utopía.
(Esta entrada tiene su origen en la colaboración de los autores en el proyecto de innovación docente Innova 2018-19 Alternativas de política pública ante el aumento del precio del alquiler de la Universidad Autónoma de Madrid, coordinado por los profesores Moneyba González y Luis Bouza).
Fuente: http://agendapublica.elpais.com/vivienda-para-tods-una-mirada-a-la-experiencia-de-viena/