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Tras el requerimiento presentado por el estudio jurídico Osorio Vargas, la entidad determinó que los permisos de edificación otorgados fueron emitidos "en contravención" a la norma". Ahora, evalúan demandar civilmente a las inmobiliarias.
Finalmente podría ser el término del cuestionado modelo inmobiliario que se tomó las calles de Estación Central: los “guetos verticales”. Tras un requerimiento presentado por el Estudio Jurídico Osorio Vargas, la Contraloría General de la República ordenó paralizar la construcción de estos mega edificios.
Como se establece en la resolución del ente controlar a la que tuvo acceso La Tercera, los permisos otorgados “fueron emitidos en contravención a la normativa aplicable, por lo que es deber de ese municipio (Estación Central) dar cumplimiento” a la normativa “sobre invalidación administrativa de actos irregulares”.
Bajo estas consideraciones, y haciendo presente que los dictámenes de la Contraloría son obligatorios para los órganos de la administración, instruye la realización de un sumario administrativo en la Dirección de Obras Municipales de Estación Central. Se exige, de esta manera, que el municipio adopte “las medidas del caso en cuanto a los permisos a que se refiere, los que estarían mal otorgados”.
“Procede que ese municipio instruya un sumario administrativo para determinar y hacer efectivas las eventuales responsabilidades funcionarias involucradas, en lo que concierne a las materias resueltas en los citados pronunciamientos, debiendo dictar el correspondiente acto administrativo que le dé inicio y remitir una copia a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de este Órgano Contralor”, dicta la resolución.
La determinación, de acuerdo a lo comentado por el abogado Gabriel Osorio a La Tercera, es un triunfo para los vecinos. “Hoy ganaron los barrios, las junta de vecinos y la sociedad civil. Solo pierde la especulación inmobiliaria. Al Contralor no le tiembla la mano para frenar toda especulación”, adujo el abogado.
En cuanto a los pasos a seguir, Osorio explica que ahora “tiene que iniciar la invalidación de los permisos otorgados. Las edificaciones que estaban en etapa de construcción, en tanto, deberán ser paralizadas, mientras que se tendrá que evaluar qué sucederá con las que ya están listas o habitadas“.
“Lo importante a destacar que una cultura de construcción se termina”, subraya, adelantando que, posiblemente, lo que viene será una demanda civil contra las inmobiliarias y determinar si la Dirección de Obras Municipales tiene responsabilidad penal en los hechos.