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La Contraloría General de la República propuso sancionar al alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado, y a otros siete funcionarios municipales a los que involucra en irregularidades en el proyecto de construcción del nuevo edificio consistorial. Las sanciones planteadas para los trabajadores van desde la suspensión en el cargo por tres meses hasta multas aplicadas en sus remuneraciones.
La historia comienza en mayo de 2011, cuando el municipio firmó un convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere). Esta última le entregó a la alcaldía más de $2.600 millones para un nuevo edificio consistorial, como parte del programa "Fondo de Recuperación de Ciudades", destinado a la construcción de proyectos en zonas afectadas por el 27-F.
Luego de realizar dos llamados a licitación -uno para un estudio de edificación y otro para la construcción del inmueble-, aprobar el diseño y adjudicar los proyectos, el municipio planteó a la Subdere la necesidad de relocalizar y rediseñar, aludiendo a motivos técnicos y de hacer faenas para el mejoramiento del suelo. Esto fue rechazado por la Subdere.
En su investigación, la Contraloría detectó que el municipio, pese a la negativa de la Subdere, modificó el contrato imputando los gastos adicionales al presupuesto de la subsecretaría y, además, lo hizo sin la aprobación del concejo. Además, pagó un anticipo a la constructora Dimar Ltda. por la edificación del proyecto y por la realización de trabajos en el nuevo terreno, en la calle Premio Nobel.
Resolución
La Contraloría consideró que el actuar anterior no procedía y concluyó que el municipio infringió los principios de eficiencia y eficacia al destinar recursos a un proyecto distinto al autorizado. Aprobó un sumario y propuso sanciones para los funcionarios.
El asesor jurídico de la municipalidad, Pablo Casanueva, fue incluido dentro de esta última medida disciplinaria por, entre otras cosas, haber quebrantado el principio de probidad administrativa al suscribir la conciliación de modificación del contrato sin contar con el previo acuerdo del Concejo Municipal. Sin embargo, dice que en el municipio están tranquilos y que esto se trataría de una "presión política" que busca perjudicarlos.
En el caso del alcalde Carlos Cuadrado -quien no se refirió al tema, pues ayer se encontraba con permiso administrativo, según su departamento de comunicaciones-, Contraloría dice que infringió el principio de probidad administrativa y remitió los antecedentes al concejo. Según la Ley Orgánica Municipal, los concejales podrían recurrir hasta el Tribunal Electoral Regional (TER) para pedir su destitución.
El concejal Fernando Pérez (RN) dice que ha mantenido conversaciones con los concejales José Luis Ávila (DC) y Macarena Zamorano (UDI), y se encuentran analizando la situación junto a algunos abogados. Pérez plantea que "sabemos que hay dos faltas a la probidad administrativa por parte del alcalde, y sin duda alguna la Contraloría ha sido tajante y contundente, por lo que vamos a realizar todas las acciones que se estimen pertinentes: presentaciones al Consejo de Defensa del Estado y TER, para que pueda definir finalmente la responsabilidad que se le genera".
Considerando que los miembros del concejo son seis, agrega que ya tendrían el tercio necesario para destituir al alcalde, y explica que el edil "señala varias cosas que son bien burdas; no hay respuestas lógicas dentro de lo que se le imputa".
Destitución
Según dicta la Ley Orgánica de Municipalidades, el alcalde podría ser destituido de su cargo si un tercio de los concejales vota por eso.
Fuente: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=506788