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Solicitó la renuncia de su Subcontralora, Dorothy Pérez, la que fue rechazada. Luego, declaró vacante el cargo, abriendo así la polémica sobre las atribuciones de su cargo. Según Pérez, su destitución es facultad únicamente del Presidente de la República.

Este lunes el Contralor General de la república, Jorge Bermúdez, le solicitó a Dorothy Pérez, subcontralora y su mano derecha –designada por él mismo-, que presentara su renuncia.

Cuando ocurrió el desfalco de Carabineros, en el que se evidenció un fraude por más de $27 mil millones, Dorothy Pérez se desempeñaba como Subjefa de la División de Auditoría Administrativa, división encargada de llevar los sumarios en contra de funcionarios que presenten conductas irregulares al interior de la Contraloría.

Es por esta razón que Pérez ha sido citada en calidad de testigo por la Fiscalía, lo que habría significado la gota que rebasó el vaso de la desconfianza para Bermúdez.

Al hacer el requerimiento de forma personal, Bermúdez no imaginó la respuesta que se le vendría encima. Pérez, a través de un correo enviado personalmente a su superior y publicado por radio Biobío, rechazaba la solicitud del Contralor señalando que “la remoción del Contralor y del Subcontralor corresponde al Presidente de la República previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra los ministros de los tribunales superiores de justicia y por las causales señaladas para los ministros de la Corte Suprema”, escribió. En síntesis, la Subcontralora rechazó, apegándose a las normas, la petición de su superior, haciéndose cargo de todas formas de lo que eso significa en términos de confianza a la hora de ejercer el cargo.

A través de un tuit durante la tarde de este miércoles, la Contraloría adelantó lo que luego se encargaría el propio Bermúdez de esclarecer: “Efectivamente el Contralor le ha pedido la renuncia a la Subcontralora. La petición de renuncia está basada en la misma lógica que en la que él la designó en su cargo, y se refiere a la pérdida de confianza”, decía la publicación en la red social.

Pasadas las 21 horas de este miércoles, el contralor Jorge Bermúdez envió un correo electrónico a todos los funcionarios del organismo. En él, comunicaba que “he tomado la decisión de declarar vacante el cargo de Subcontralor, esto a consecuencia de la petición de renuncia que he realizado a Dorothy Pérez”.

Este jueves, Bermúdez salió a explicar, en la medida de lo posible, la controvertida jugada al interior de Contraloría: “Aquí ha operado un mecanismo legal y por lo tanto lo que se ha producido que se declaró vacante y, como está vacante legalmente opera una subrrogancia. Las razones por las que le pedí que presentara su renuncia, tiene que ver con una seguidilla de circunstancias del día a día del trabajo. Esas circunstancias fueron expresadas en la reunión que tuvimos el lunes pasado. Son circunstancias que también son personales en algunos casos, pero creo que, en cualquier equipo de trabajo, después de dos años y medio, se pueden producir ajustes”.

¿Quién tiene la razón?

Si bien la citación como testigo es uno de los rumores que más fuerza ha adquirido, dentro del mundo del derecho son reacios a esa versión. Javier Couso, abogado constitucionalista de la Universidad Diego Portales, cree que una autoridad de la envergadura del Contralor no puede considerar ese hecho como un elemento suficiente para destituir a su cargo de mayor confianza. Asimismo, hay acuerdos respecto de la existencia de vacíos legales que facilitaron el campo para abrir esta polémica: “El Contralor General de la República históricamente no ha tenido la potestad de pedirle la renuncia a la Subcontralora. No existen precedentes de un acto así. Si hubiera una regla que estableciera nítidamente que todos los funcionarios de Contraloría fuesen de exclusiva confianza del Contralor, no habría pasado esto. Esto debe ser fruto de alguna laguna legal, de alguna norma que es ambigua. Ahora, desde el punto de vista constitucional, el Contralor, aunque pudiera hacerlo, tiene que dar fundamentos racionales de una decisión tan drástica. En un Estado constitucional de derecho, una autoridad no puede actuar de manera irracional. Hasta ahora, por lo que sabemos, no ha habido ninguna explicación que explique esta decisión tan drástica. Asumir que ser testigo de un hecho delictual en alguna medida inhabilita a alguien, es absolutamente absurdo”.

La ambigüedad en el campo normativo, al parecer, es una realidad. Así también lo ratifica Carmen Luz Parra, abogada constitucionalista de la Universidad Andrés Bello, quien explica que existen artículos que avalan tanto la posición del Contralor como la de la Subcontralora: “Por una parte, tenemos el estatuto administrativo, que teóricamente le permitirían al Contralor -dado que es un cargo de confianza y que viene inmediatamente después del contralor general- hacerla cesar en su cargo, pidiéndole que ponga el cargo a disposición porque ha terminado la confianza que es indispensable para tenerla ahí. Si una persona se rehúsa a dimitir, se podría declarar vía decreto como un puesto vacante. Por otro lado, ella se apoya en el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría, que señala que podría ser removida solo por el Presidente de la República. Entonces, la Constitución señala un parámetro de acción, pero también está regulado por una ley orgánica constitucional. Va a haber una controversia y es posible que, si ella quiere perseverar en su idea, incluso pueda llegar a la Corte de Apelaciones. En este caso, los dos posturas podrían ser pertinentes”.

El marco legal que se aplica a Contraloría data de antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, por lo que dentro de las normas aplicables existen leyes orgánicas que no han sido actualizadas desde que entraron en vigencia, antes de la década del ochenta.

Para Carmen Luz Parra, no es necesario que Bermúdez explicite los motivos de la pérdida de la confianza. Esto, a pesar de que incluso se ha especulado con que la decisión habría tenido que ver con la relación marital que la Subcontralora Dorothy Pérez sostiene con un funcionario de Carabineros.

Nueva subcontralora

En horas de la tarde de este jueves, la cuenta de Twitter de la Contraloría dio cuenta de la designación de la abogada María Soledad Frindt como subcontralora. La profesional es  magíster en Filosofía Política de la Universidad Gabriela Mistral y desde octubre de 2010 ha ejerce como Jefa del Comité de Finanzas Públicas.

Fuente: https://radio.uchile.cl/2018/08/23/la-laguna-legal-que-explica-la-historica-polemica-de-contraloria/