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El Municipio de Ñuñoa, pretende invalidar la Recepción Final del Edificio Botero, cuyo permiso fue anulado por la Corte el 2016, justo después que la inmobiliaria ha terminado de vender casi todos los departamentos, cuestionando dicha sentencia, señalando que esos tribunales no tenían poder para hacerlo. El Municipio pretende abrir nuevamente el debate sobre su validez y actuando en los hechos como juez y parte.
El Municipio de Ñuñoa, a través de su Departamento de Dirección de Obras, ha decidido invalidar la Recepción Final del Edificio Botero, cuyo permiso ya fue anulado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago y ratificado por nuestra Excelentísima Corte Suprema, cuyo fallo se basó en lo informado por el propio SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo que calificó como contrario a Derecho el citado Permiso de Edificación.
Lo dicho se desprende de las Propias Palabras de Patricio Reyes, quien ejerce el cargo de manera subrogante, mientras su colega el actual Director Carlos Frías López, a pesar de todo lo sucedido, aún no aparece relevado o destituido de su cargo y cuya condición jurídica no se ha aclarado. Lo único que se puede asegurar que Frías, de manera escandalosa, según informa el Alcalde en su último informe de cuenta pública se encontraría ejerciendo como Fiscal en una investigación sumaria contra otros funcionarios del Municipio.
En efecto, ante la sorpresa de todos quienes asistieron a la AUDIENCIA, el también cuestionado Patricio Reyes Tapia, como en los mejores tiempos de Carlos Frías, quien se diera a conocer en la comunidad nacional por sus famosos comentarios machistas y homofóbicos sobre la oferta de un burro bien dotado para “colitas” y “minas”, planteó como explicación de la citación a los asistentes a la Audiencia de Invalidación lo siguiente:
“La publicación en el Diario Oficial se hizo como una manera, como una formalidad de importante de hacer especialmente más oficial toda esta citación, para que no exista todo este revuelo que se le ha dado al caso del edificio, puesto que siempre digo un sarcasmo, espero que no exista un periodista aquí y si lo hay no importa, que periodista suena o rima con sensacionalista, esto se ha dado exclusivamente a un tema muy sensacionalista.
Hubo un fallo y una sentencia de la Corte en algo técnico, se basó en algo técnico, que, que creo yo, no tiene la potestad o la jurisprudencia para poder fallar, siendo que había un acto administrativo que fue posterior al fallo que se sentenció, que era el permiso de edificación. Se hizo una modificación de proyecto y esa modificación de proyecto fue la que se recibió, ya.
Precisamente, en base a eso es que está este proceso de inicio de invalidación de los actos administrativos tienen que ver con la modificación de proyecto y la recepción definitiva, ya, dentro del art. 53 de la ley 19.880 se establecen los procedimientos para hacer la invalidación de actos administrativos que tengan algún problema, que hayan sido ejecutados con alguna deficiencia por la parte de esta unidad pública, en este caso seríamos nosotros como Dirección de Obras, en este proceso de invalidación no implica y eso como para que también se entienda, me imagino que todos han estado asesorados por algún abogado o una parte técnica más judicial, lo más probable que hayan muchos abogados más que periodistas aquí.”.(Transcripción libre del audio y video que se agrega)
Luego, de aclarar de esta manera en forma clara lo que realmente cree, explicó que según un artículo que cita, estaría facultado para iniciar el proceso de invalidación, lo cual fue rechazado tanto por el abogado Rodrigo Valdés, como por otro abogado presente, puesto que de ser efectivo que se hizo una modificación DESPUÉS DE LA SENTENCIA como dice el DOM(s), quiere decir que ya sabía que la modificación y la recepción son NULOS no requiriendo invalidación, menos por la misma Dirección de Obras que vulneró los Derechos Constitucionales de los afectados atentando gravemente contra nuestro Estado de Derecho.
Es necesario señalar que efectivamente se dictaron estos actos después de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que fue de fecha 14 de julio de 2016, pero antes que la Corte Suprema dictara el fallo definitivo y que la Corte Suprema si tuvo a la vista la información de la modificación. Por otro lado, el Municipio interpuso de manera contraria a toda lógica jurídica un recurso de aclaración, rectificación o enmienda donde volvió a presentar la modificación, lo que la Corte Suprema finalmente rechazó dando cuenta, de que lo único que consiguió el Municipio fue dilatar el cumplimiento y como hemos podido apreciar, dejar que se vendieran los departamentos, los cuales se siguieron publicitando sin que el Municipio detuviera la acción flagrante de la Inmobiliaria y los compradores, como si no hubiera pasado nada, sin que le importara lo que dijeron las autoridades jurisdiccionales más importantes de nuestro país, porque como dice el funcionario Reyes “una sentencia de la Corte en algo técnico, se basó en algo técnico, que, que creo yo, no tiene la potestad o la jurisprudencia para poder fallar “
Recordemos un poco:
La primera acción en que se señalaron formal y públicamente que existían dudas de que existían permisos otorgados de manera ilegal en Ñuñoa fue el año 2013, en Audiencia Pública del 17 de diciembre de 2013, mientras Administraba Sabat y el Sr. Zarhi era concejal. Luego se iniciaron las primeras demandas el año 2015 de las cuales, hasta la fecha, los propietarios afectados ya han obtenido 4 reclamos de Ilegalidad con sentencias favorables y dos recursos de protección acogidos, que han anulado premisos de edificación. EL ÚLTIMO ES DE FECHA RECIENTE y aún no se sabe que hará el Alcalde, quien es verdaderamente la autoridad que representa al municipio y tampoco se sabe con qué nuevas ilegalidades y arbitrariedades aparecerán el Director de Obras Titular Carlos Frías y su Subrogante Patricio Reyes, ambos bajo la dependencia directa del actual Alcalde Andrés Zarhi.
Durante la Audiencia el abogado de los verdaderos afectados Rodrigo Valdés Alé le hizo ver a Patricio Reyes, que a raíz de todo lo que ocurre en el Municipio de Ñuñoa y sobre todo el hecho que el citado funcionario se encuentra siendo investigado por denuncia interpuesta por algunos concejales, carece de la imparcialidad necesaria para continuar con el proceso de invalidación, ante lo cual el Reyes reaccionó de la manera menos cordial por decir lo menos, procediendo a grabarlo y amenazarlo de hacerlo desalojar de la sala ante la perplejidad de la mayoría de los asistentes, debiendo incluso otro abogado intervenir a favor del profesional como se puede apreciar en el audio completo.
Luego el funcionario municipal, de manera sorprendente, le hizo ver al citado abogado que cuando éste fue a declarar a la fiscalía en relación a la investigación llevada en su contra fue muy “recatado”, respondiéndole el abogado seriamente sobre cómo sabía que él había ido a declara a Fiscalía, haciéndole ver que sus palabras aumentaban las dudas de su imparcialidad y que debía, por expreso mandato legal abstenerse de continuar con el proceso y entregar los antecedentes al Alcalde.
Por otro lado, se le señaló que no podía invalidar porque la recepción final y la modificación no pueden ser consideradas como nuevos antecedentes.
El abogado señaló que todo el proceso estaría viciado y resulta grave que utilizando recursos Municipales, el DOM(s) notificara a los que él creyó que eran los afectados, e incluso hizo una publicación en el Diario Oficial el 4 de julio de 2018, llamando públicamente a la Audiencia un día viernes, en plenas vacaciones de invierno, por lo cual muchos interesados no pudieron asistir, siguiendo con las malas prácticas que se han agudizado los últimos meses (https://drive.google.com/open?id=1K7_fTiYAWA7xh2t1t_kt_0Z9EqRILzk-)
Todo esto se desprende de lo registrado en el siguiente video aportado por uno de los asistentes: https://youtu.be/AkD9jnRVAug
Resulta impresentable que recién ahora, el Director de Obras(s) de Ñuñoa esté tratando de invalidar la resolución de modificación 156 de fecha 23 de junio de 2016, y recepción definitiva, de fecha 12 de enero de 2017, puesto que estas se entienden anuladas al estar anulado el permiso.
Frías, Reyes y el Alcalde permitieron que la inmobiliaria comenzara a vender los departamentos, sabiendo todos que el permiso había sido anulado por la Corte de Apelaciones.
Además, para perplejidad de todos los chilenos, se siguió vendiendo incluso después de la sentencia de la Corte Suprema y lo más grave, después de que se ordenara el cúmplase por la Corte de Apelaciones. Solo pretenden invalidar ahora que se vendieron prácticamente todas las unidades intentando poner en jaque al mismísimo Poder Judicial respecto del cual el funcionario Reyes señaló: “no tiene la potestad o la jurisprudencia para poder fallar”.
¿Por qué no invalidaron cuando se denunciaron las ilegalidades?, esto es cuando se denunciaron las ilegalidades del anteproyecto o una vez dictado el permiso o aún ¿antes que se empezara a construir?, o ¿Cuándo el SEREMI lo indicó?, ellos saben la respuesta.
Consultados los abogados que han sostenido esto, indicaron que no aportarán más antecedentes por ahora, pues obviamente deberán recurrir nuevamente a la justicia para que se cumpla efectivamente el fallo en un juicio que por causa de un acto arbitrario e ilegal, según ellos se anuncia un largo y desgastante proceso, pero cuyo resultado se augura positivo porque a estas alturas solo basta aplicar el sentido común.
El abogado Valdés que vivió muchos años en Europa y pudo constatar in situ las consecuencias de la crisis del año 2008 originada justamente por una burbuja inmobiliaria sostenida por proyectos mal concebidos y algunos ilegales, sostiene que seguirá con su grupo de especialistas voluntarios atento a que se cumpla la ley, y las autoridades actuales no conviertan nuestro país en otro Estado fallido.
Quienes se han visto afectados por los actos ilegales y arbitrarios han sido claros en señalar que harán todo su esfuerzo para que se respete el Estado de Derecho por parte de las inmobiliarias y autoridades y esperan de la justicia la debida protección, puesto que el Municipio ni siquiera los ha contactado e incluso los ha invisibilizado, negando su calidad de vecinos en los tribunales y lanzado ante los mismos mantos de dudas sobre sus verdaderas intenciones en sus últimas presentaciones. A pesar del temor que se les ha intentado infundir a ellos y sus familias, seguirán adelante con sus acciones.
Lo que en realidad nadie puede sanamente aceptar es que Carlos Frías, Patricio Reyes o el Alcalde pretendan invalidar ahora que el edificio se encuentra totalmente vendido, puesto que lo único que provocan es poner en duda lo resuelto por la Corte.
El abogado nos ha señalado además, que estos últimos acontecimientos se encuentran en desarrollo pero todos quienes están ligados a este tema han manifestado que nunca se había llegado tan lejos y cada vez que surge un avance, asistimos estupefactos a los acontecimientos y vemos con sorpresa, como comienzan a caerse las caretas de quienes pretenden instalar la impunidad en nuestras comunas y también de aquellos que actúan en las sombras como sus colaboradores y testaferros.
Llama por decir lo menos la atención que:
- El anterior Director Jurídico de Ñuñoa, Ricardo Israel, haya salido del cargo poco después que declarara públicamente que la demolición es una de las posibilidades que se ajusta a derecho sin mencionar jamás la alterativa de la invalidación como una solución, y menos que fuera decretada por los mismos que vulneraron los derechos constitucionales de los recurrentes.
- Varias de las ventas de los departamentos se hicieron durante este año 2018, siendo unas de las últimas propiedades inscritas con fecha 12 de julio de 2018, vale decir, varios días después de haberse publicado en el Diario Oficial la citación para invalidar.
- Carlos Frías siga apareciendo como Director de Obras y su Director Subrogante Patricio Reyes, esté actualmente investigado por la Fiscalía de Alta Complejidad de Ñuñoa por el delito de negociación incompatible, basada en la denuncia efectuada por 4 concejales de su propio Municipio, y sustentada en que el funcionario Reyes compró un departamento con 2 estacionamientos y 2 bodegas en condiciones ventajosas, según el análisis realizado por los Concejales y confirmado por la documentación, perteneciente a un edificio respecto del cual el mismo hizo la recepción final, y cuyos representantes legales son los mismos del caso Botero. Que no obstante ello, el Alcalde hasta el día de hoy no haya tomado medidas concretas.
- A pesar de lo anterior, que sea Patricio Reyes quien aparezca tomando la decisión de invalidar de manera ilegal y arbitraria la modificación 156 y la recepción final del Permiso de Edificación del edificio Botero, más aún considerando las actuaciones que tuvo en el proceso judicial, Recurso de Protección 102371-2015, siendo el en persona quien recomendó a la inmobiliaria que se hiciera parte, una vez que ya se había dictado la sentencia, permitiendo que esta solicitara la nulidad de todo lo obrado, lo cual la Corte de Apelaciones rechazó.
- Aún no existan sancionados, a pesar que el Municipio de Ñuñoa tomó conocimiento que el Permiso era ilegal mucho antes que el edificio estuviera construido, puesto que así se lo señaló el SEREMI y los Tribunales de Justicia, sin embargo, ni el Alcalde, ni Carlos Frías, ni Patricio Reyes, DOM(s), hicieron nada hasta ahora, permitiendo que la inmobiliaria vendiera prácticamente todos los departamentos, basándose en un permiso ilegal cuya nulidad ya se encontraba declarada por la Corte de Apelaciones, antes que el edificio estuviera terminado.
- Aunque parezca increíble, entre la dictación de la sentencia de la Corte de Apelaciones y la sentencia de la Corte Suprema que la confirma, el DOM hiciera, sin informar ni a la Corte ni a los Afectados, la recepción final, lo que permitió a la inmobiliaria vender los departamentos, aun sabiendo todos la existencia de la sentencia de la Corte de Apelaciones.
- A pesar que el Director Jurídico de la época, señalara que se ordenaría la demolición una vez que se decretara el cúmplase, nada de esto se hizo, muy por el contrario, se esperó hasta que la inmobiliaria vendiera prácticamente todos los departamentos para proceder a invalidar la recepción final y una modificación.
- Que se haya cambiado tantas veces de Director Jurídico y hubieran renunciado tantos abogados en estos escasos tres años.
- A pesar que el ex alcalde Sabat se encuentra formalizado y existieran tantos conflictos pendientes Zarhi no removiera a nadie.
A pesar que el año 2016 radio BioBio informara el robo de 6 computadores en los siguientes términos:
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”El municipio de Ñuñoa sufrió el robo de seis computadores, los que contaban con la información de la auditoría a la administración del ex alcalde Pedro Sabat, junto a los antecedentes del informe solicitado por la Contraloría.
Por una puerta falsa, en la parte posterior del edificio de servicios públicos de la municipalidad de Ñuñoa, desconocidos ingresaron y sustrajeron los computadores, pertenecientes al Departamento de Finanzas del municipio.
El hecho se registró en la madrugada de este jueves, en las dependencias ubicadas en avenida Irarrázaval con Pedro de Valdivia, en momentos donde sólo se encontraba un guardia de seguridad en el lugar.
Quienes perpetraron el robo, ingresaron directamente hasta el tercer piso del edificio, desde donde sólo se llevaron las seis CPUs, que eran utilizadas en la realización de la auditoría municipal de los períodos de Sabat.
El alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, señaló que “es un acto delictual, pero totalmente dirigido, no por dinero, (sino) para sacar información”, agregando que existe un respaldo de los antecedentes almacenados.
La concejal de Ñuñoa, Alejandra Quevedo, señaló que solicitará un sumario administrativo a los funcionarios que se estimen pertinentes, considerando el espacio de tiempo en que pudo haber ocurrido el robo.
El también concejal de la comuna, Julio Martínez, afirmó que esto sólo dará pie para quienes critican a la anterior administración, agregando que no imagina quien puede idear este tipo de hechos.
En el edificio de servicios públicos de la Municipalidad de Ñuñoa, existen cámaras de seguridad, las cuales no cumplen la función de grabación, por lo que no hay registro del robo, a esto se debe agregar que los desconocidos no se llevaron los computadores de las secretarias, los cuales quedaron intactos en sus lugares.”
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- Contraloría fiscalizara el DOM y ordenara que se identificara los responsables y se les sancionara, y aún no ocurra nada.
- Nuestro anterior Alcalde este formalizado.
- A raíz de la acción del Alcalde y del DOM(s) se pretenda abrir una discusión que la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones ya zanjaron con una sentencia firme y ejecutoriada, señalando la Corte Suprema que el DOM ha violentado derechos constitucionales de 4 propietarios de Ñuñoa y de la comunidad toda.
- Patricio Reyes no se abstenga de continuar con su plan a pesar de lo dispuesto en el Artículo 62 de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado (LBGAE), relativo al principio de la probidad administrativa que establece en su numeral 6 lo siguiente: “Intervenir, en razón de las funciones, en asuntos en que se tenga interés personal o en que lo tengan el cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta en tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive. Asimismo, participar en decisiones en que exista cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Las autoridades y funcionarios deberán abstenerse de participar en estos asuntos, debiendo poner en conocimiento de su superior jerárquico la implicancia que les afecta”.
- No se ordene la demolición de al menos los dos pisos superiores de acuerdo a lo dispuesto en la LGUC: “Artículo 148º.- El Alcalde, a petición del Director de Obras, podrá ordenar la demolición, total o parcial, a costa del propietario, de cualquiera obra en los siguientes casos:1.- Obras que se ejecuten en disconformidad con las disposiciones de la presente ley, su Ordenanza General u Ordenanza Local Respectiva.”
- Carlos Frías siga, al parecer en su cargo, a pesar de estar sancionado por el Colegio de Arquitectos y precisamente por la Modificación que ahora se pretende invalidar.
- Se citara en plenas vacaciones de invierno a la Audiencia, y que Reyes en su intervención ofenda a nuestra Corte de Apelaciones de Santiago, haya señalado que no había periodistas, que luego los descalificara para posteriormente explicar que casi todos los presentes eran abogados y que luego de ofrecer la palabra se indignara con el abogado de los recurrentes porque este le explicó que debía inhabilitarse y sin dejarlo hablar tranquilamente lo amenazara con sacarlo de la audiencia.
- Que el Alcalde no tome decisión alguna en lo relativo al cumplimiento de las 5 sentencias en que los Tribunales de Justicia anularon también total o parcialmente otros Permisos bajo la administración del actual Alcalde, a pesar del estado de franca rebeldía del DOM(s) que se desprende de sus propias palabras.
- Que el Municipio esté elegido como estrategia judicial actuar contra los intereses de los propietarios afectados, negando los hechos alegados, la calidad de propietarios de los afectados y llegando incluso el último tiempo a acusar al abogado y a los propietarios afectados, como sospechosos por actuar en la defensa de sus propiedades.
- Que la modificación 18 del Plan Regulador de Ñuñoa se esté llevando en un proceso altamente corrosivo y polémico con oposición de la comunidad organizada.
Estas son apenas una pequeña muestra de las dudas que han surgido el último tiempo y que la mayoría de nuestros seguidores nos hacen ver, pero hay algo todavía más curioso y es que la injusticia del actuar municipal ya no es solo contra los propietarios de vivienda, sino que también contra todas las inmobiliarias que han construido respetando la legislación vigente, las cuales se han esforzado mucho más y han tenido menos beneficios económicos, cumpliendo con la normativa urbanística, ¿para ellas tampoco habrá justicia como consecuencia de las decisiones de un funcionario medio o incluso inferior dentro de la estructura Administrativa del Estado de Chile, que ha manifestado abiertamente sentirse por sobre la ley y los tribunales de justicia?.
Con este actuar ya no puede afirmarse, como lo han hecho muchos, que el Municipio solo está protegiendo a las inmobiliarias, sino la situación es aún peor. Frías, Reyes con la complacencia de Zarhi, aparecen ante la opinión pública actuando en defensa de inmobiliarias que obtienen permisos ilegales, como ya lo han sancionado los Tribunales superiores de Justicia.
Que no se intente hacer nada contra edificios que se han construido o se pretenden construir de manera ilegal, mientras en el mundo estos se demuelen si o si, es una conducta que no podemos tolerar porque el próximo afectado puede ser usted, nosotros o nuestros hijos y es la herramienta adecuada para regular este hambriento mercado. Esta ha sido y es nuestra verdadera motivación y no la que nuestros detractores han manifestado a pesar que nuestra protesta supera ya los 5 años y es heredera y solo es la continuadora de una lucha que se arrastra de hace muchos más años.
Recordemos que la mayoría de estos edificios se construye como viviendas DFL 2, vale decir económicas y reciben subsidios que pesan sobre nuestros hombros y quién sabe si esto ha llevado a que las contribuciones de bienes raíces hayan aumentado de manera tan significativa. Cada vez que nos sube estos impuestos, son nuestros hijos o ancianos los primeros afectados. Los beneficios tributarios son para los más necesitados, ¿Será el caso de los compradores de departamentos DFL2 de Ñuñoa?, como los del caso Botero.
La gravedad de los hechos descritos, requieren una respuesta enérgica y la solución está en primer lugar en manos del Sr. Alcalde Andrés Zarhi y no de sus subalternos y malos asesores, menos aún de un funcionario que actúa en calidad de subrogante que mantiene un proceso de investigación abierto en sede penal, al que parecen haberlo dejado solo para que finalmente asuma la responsabilidad, los costos económicos y personales de todo tipo que esta verdadera catástrofe significará a toda la comunidad nacional.
Es raro que en Chile ni siquiera se ordene la demolición de edificios construidos con permisos ilegales y por el contrario en países como México derechamente se demuelen en casos similares al Botero:
Como se puede apreciar, ya se está llegando al final de un periodo verdaderamente complejo y es hora de poner término a este verdadero desacato encubierto, que terminará afectando a todo nuestro delicado tejido social. Como en el bullado caso Penta corremos el riesgo que toda esta farra la terminemos pagando con nuestros impuestos y con nuestras propiedades, que aunque muchos no lo entiendan, las queremos y necesitamos para vivir nosotros y nuestros seres amados.
Esperamos que dejen de culpar y criticar a los propietarios afectados que luchan por sus derechos, porque en nuestro sistema jurídico el derecho a la propiedad, desde la Revolución Francesa es una expresión clara de nuestra dignidad como seres humanos y una manifestación de nuestro derecho fundamental a la igualdad consagrado en nuestra Constitución, tal y como lo ha señalado claramente nuestra Excelentísima Corte Suprema.
Al menos desde tiempos de la Revolución Francesa, en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, se puso fin a la propiedad concentrada en el Rey, la nobleza y el clero, declarando:
“Artículo 2 “La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.” ….
“Artículo 17: − Por ser la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública, legalmente comprobada, lo exija de modo evidente, y con la condición de haya una justa y previa indemnización.”
Estos principios han estado presente en todas nuestras cartas fundamentales. No volveremos a ser siervos de un grupo minoritario, llámese como se quiera llamar que pretenden concentrar la propiedad en un pequeño grupo y no respeta los derechos de los propietarios afectados. ¿Puede ser que nuestras autoridades o algún poder del Estado esté olvidando conceptos tan elementales?.
Hace 10 años nadie esperaba cambios al Plan Regulador, como los que se han conseguido y tampoco nadie imaginaba que un edificio ilegal pudiera llegar a demolerse y que los afectados sean efectivamente indemnizados, pero luego de una larga, responsable y juiciosa lucha ya hemos cambiado, unidos, el Plan Regulador, obtenido sentencias que han anulado permisos de edificación y anteproyectos.
Con la unidad de todos lograremos que el Municipio entre en razón y ordene la demolición conforme a derecho, para que los que se sientan estafados puedan demandar a las inmobiliarias infractoras, entre las cuales algunas, con total descaro, se han negado a devolver los dineros dados como reserva a quienes han decidido no comprar por el hecho de que los permisos del edificio en que se encuentran los departamentos han sido anulados.
De no existir una acción rápida enérgica, eficaz y apegada verdaderamente al derecho, se impondrá en Chile la corrupción. Recordemos que Chile está en Sudamérica y en una eventual crisis no podremos ir a Perú, Venezuela, Argentina, etc. como lo hicimos en los años 70 y 80, pues casi toda Sudamérica se ha visto afectada gravemente por la corrupción que destruye el Estado de Derecho y la paz social.