Defendamos la ciudad

Por Dalia Rojas El edificio Alsacia El Golf, en la comuna de Las Condes, tiene 19 pisos y lujosas terminaciones, que incluyen spa, quinchos, juegos infantiles, techo ornamental, pisos de mármol en el hall de acceso, piscina panorámica y muros revestidos de madera en el primer piso, además de baño principal con tina de hidromasaje y un largo etcétera en cada uno de sus departamentos. Cada metro cuadrado de la construcción, propiedad de la inmobiliaria Santa María de Viña S.A., se vende a 68 UF. No es precisamente barato y, obviamente, menos corresponde al precio de una vivienda social en esa comuna. Aun así, el permiso de edificación que le otorgó en 2006 la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la comuna califica al edificio como B3, o sea, la más baja de las calificaciones, correspondiente a las construcciones con la menor cantidad de atributos que puede tener un edificio de departamentos y que se comercializa en no más de nueve UF por metro cuadrado. Según una denuncia realizada el viernes por el concejal Hugo Unda (PPD) ante la Fiscalía Oriente, esta construcción estaría subvalorada, acarreando con ello un perjuicio a las arcas municipales de más de 26 millones de pesos. Con semejantes características, señala la acusación, la torre debió haber sido calificada como B1, o sea, de calidad superior, o a lo sumo como B2, de calidad intermedia. Dicha irregularidad, asegura el edil, no es precisamente una excepción al interior de la municipalidad. Según Unda, son 17 construcciones las que estarían subclasificadas, mermando así el patrimonio comunal. El concejal ha hecho igual número de presentaciones ante la Contraloría General de la República, además de otras tantas en organismos como el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio de Vivienda. El 7 de mayo pasado, la Contraloría ordenó un sumario interno para investigar lo ocurrido en Las Condes. Según el documento firmado por el contralor Ramiro Mendoza Zúñiga, se instruye la investigación “tendiente a determinar la eventual responsabilidad de los funcionarios de la DOM involucrados en las irregularidades descritas”. Esto, sobre la base de 10 permisos de edificación otorgados durante el 2006. En el mismo papel se indica que el municipio no se ajustó a derecho al utilizar para la clasificación de las construcciones un “cuestionario de atributos” con menor calidad de atributos evaluables, distinto al aprobado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Es decir, en vez de aplicar la totalidad del cuestionario elaborado por el ministerio, se omitieron algunos ítem, facilitando el error en la clasificación. Por lo mismo, ordena que se reevalúen dichas propiedades utilizando el cuestionario del Minvu y, en base a ello, se recalculen los derechos de construcción. “En conclusión, la Contraloría determinó que la Dirección de Obras había falsificado un instrumento público, que es el certificado de calificación del edificio. El cuestionario de atributos se les entregaba a los interesados y ellos mismos se autocalificaban, cuando eso debería hacerlo la DOM. Así, en vez de señalar que construirán edificios de lujo, se clasifican como B3, entonces pagan una miseria, el 82,5% menos. Hay una infracción de cinco mil millones de pesos por año. ¡Eso es equivalente al presupuesto de Lo Prado o Pedro Aguirre Cerda!”, exclama Unda. Otra de las irregularidades identificadas dice relación con la transgresión al Plan Regulador Comunal (PRC), específicamente en lo referente a la altura permitida. “El plan regulador permite edificios de hasta 15 pisos de altura y hay varias que pasan esa norma con creces”, dice el concejal. Al mismo tiempo, asegura que la denuncia ante la Fiscalía Oriente persigue “responsabilidades penales y criminales. No me voy a referir a si hay o no malversación de fondos municipales, porque eso lo debe determinar la investigación que está llevando el fiscal [Xavier] Armendáriz”, dice. En todo caso, este no es el primer sumario que se realiza en la Municipalidad de Las Condes. La antigua titular de la Dirección de Obras Públicas, María Eugenia Vial, fue sancionada con el 20% de su sueldo y luego removida del cargo en el año 2006. Aun así, continúa trabajando en la municipalidad, en otra repartición. En la corporación edilicia desestimaron hacer declaraciones sobre el caso. “Como el tema ya está en Contraloría y se instruyó un sumario, no van a haber declaraciones”, explicó un funcionario