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Desvío de fondos, no pago de impuestos, falsificación de instrumentos públicos, gastos no respaldados, pagos de sobreprecios, pagos por vuelos que nunca se hicieron y otros eventuales delitos, tienen a la institución en el ojo del huracán. Miles de millones de pesos están en nebulosa.
Los escándalos en Carabineros no terminan de sorprendernos, tampoco parecen acabar, pues cada semana se suman nuevas aristas a los desfalcos, manipulaciones de pruebas y más involucrados, que denotan que los controles al interior de la institución eran o son laxos o derechamente no existen.
Este es el caso del Club Aéreo del Personal de la policía uniformada, una corporación de derecho privado en donde son socios todos y cada uno de los Carabineros de Chile, que en su gran mayoría ni siquiera saben que son parte de la propiedad de la entidad y donde se les descuenta mes a mes sumas que tampoco nadie les rinde y cuyo paradero investigan hoy el S.I.I. y la Fiscalía.
“Mala administración, desorden, falta de control y fiscalización en los diversos niveles”, da cuenta una auditoría interna de la propia institución uniformada sobre el club. Setenta años llevan en esta gracia.
El secretismo se ha apoderado de esta institución, que ha sido forzada en varias oportunidades a transparentar parte de la información que permitiría fiscalizar qué se ha hecho con los miles de millones de pesos que a la fecha se han recaudado de descuentos obligatorios considerados indebidos, arriendos a particulares, instrucciones de vuelo que jamás se prestaron y otras tantas irregularidades o ilegalidades que hoy se investigan.
Millonarios ingresos
El Club Aéreo de Carabineros es dueño nada menos que de un tercio del aeródromo de Tobalaba, esa extensa área de 50 hectáreas ubicada en la comuna de La Reina en la región Metropolitana, donde han construido no menos de 300 hangares que se arriendan a terceros en lucrativas sumas de dinero mensuales que según Impuestos internos no bajan de los $350 mil por mes, lo que totaliza unos 105 millones de pesos. Cambio21 verificó que en varios casos la suma cobrada es mayor, lo que lleva a incrementar esa cifra considerablemente. Por ellos no se pagan impuestos.
A esos ingresos se suman los no despreciables descuentos que se hacen a todos y cada uno de los policías uniformados desde el instante mismo en que se incorporan a la institución; sin que nadie les pregunte, pasan automáticamente a ser socios de este club privado y más encima pagando cantidades que mensualmente alcanzan en total a la no despreciable suma de más de $46 millones mensuales.
A pesar de los más de 200 millones de pesos mensuales en ingresos totales, entre los cuales se suma además el arriendo por los terrenos del Aeródromo de Chiñihue de Melipilla, que también es propiedad de este club aéreo, los carabineros casi no ven los beneficios, que se traducirían supuestamente en vuelos recreativos para los socios y sus familias, servicios de ambulancia y no mucho más.
Según el abogado Patricio Cavada que representa a policías que buscan aclarar el destino de sus fondos en este organismo, “de los 70.000 socios, ni el 1% ha hecho uso de los beneficios”, dijo a Cambio21.
¿Quién manda a quién?
No deja de llamar la atención que generales y subdirectores de Carabineros intervengan “por derecho propio” en este ente privado manejando millonarios fondos. Un informe de la Contraloría General de la República, suscrito por el entonces contralor Ramiro Mendoza, establece que “el Estado podrá participar y tener representación en entidades que no formen parte de su Administración sólo en virtud de una ley que lo autorice, la que deberá ser de quórum calificado si esas entidades desarrollan actividades empresariales".
Las directivas del club, que por ley debieran ser de elección de los integrantes del mismo, son designadas –según los estatutos-, de acuerdo con grados del escalafón de carabineros. Así, “el cargo de presidente del directorio es ocupado por el general subdirector de Carabineros, el vicepresidente es copulativamente el prefecto de la Prefectura Aérea y, así, todos los cargos directivos de este club aéreo son previamente establecidos en sus curiosos estatutos”, explica a Cambio21 Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, quien realizó denuncias sobre el uso de suelo del aeródromo.
¿Qué hacen allí autoridades de Carabineros designadas en su dirección? No existe precepto legal alguno que faculte tales designaciones, “lo cual contraviene el señalado artículo 6° de la ley N° 18.575 (…) Cabe concluir que no corresponde que las autoridades de Carabineros de Chile, en su calidad de tales y en razón de sus cargos, participen en el directorio del Club Aéreo del Personal de Carabineros de Chile”, establece la resolución de Contraloría.
Esto es parte de las abusivas facultades que se han tomado algunos para dirigir y administrar cientos, miles de millones de pesos en los últimos años sin control real alguno.
Socio “voluntario” a la fuerza
Son socios del Club Aéreo del Personal de Carabineros “todos los funcionarios de Carabineros de Chile en servicio activo”. Así lo establecen textualmente los estatutos del club, como si ello fuese absolutamente legal, en circunstancias que si una persona quiere pertenecer a un club privado –como es este caso– debe a lo menos manifestar su intención de pertenecer a él mediante una solicitud de incorporación y ésta ser aceptada por el directorio. Es más, simbólicamente los estatutos expresan que serán socios, “una vez aprobados por el directorio”, cosa que resulta decorativa, porque jamás el directorio ha rechazado a un carabinero como socio.
“En este especial club de uniformados eso no ocurre. Simplemente se ordena o dispone, sin que el funcionario tenga la más mínima oportunidad de restarse o negarse a ser socio por las razones que desee invocar. Así, cada funcionario es socio del club sin necesariamente saberlo”, dice Herman.
Socios muy cumplidores, por lo demás, pues pagan religiosamente vía descuento, de tal manera que no hay posibilidad de atrasarse y los ingresos son seguros. La situación no puede dejar de recordar los descuentos de oficio que se hacían en el Ejército para cubrir los gastos de las defensas de los violadores de DDHH que se encontraban en Punta Peuco.
Un oficio (830) emanado desde Carabineros a la Cámara de Diputados en agosto de 2017, explica sobre los descuentos: El “100% de los socios han manifestado su intención de pertenecer a la Corporación, lo cual se plasma en notificaciones por escrito al momento de los respectivos nombramientos en la planta institucional” (sic).
El Ministerio de Justicia en el gobierno pasado, en conocimiento de estas anomalías por denuncias de asociados, ordenó efectuar un procedimiento para que cada socio determine si seguirá siéndolo o se desafilia.
Resulta paradojal que se obligue al funcionario policial decirle no a un superior jerárquico. Si se considera que el ingreso automático fue ilegal, la desafiliación debiese ocurrir en forma inmediata, dejando, por el contrario, en cada ex socio carabinero la libertad de asociarse a través de la respectiva manifestación de voluntad.
El Ministerio ordenó al club citar “a la brevedad” a una sesión de directorio para informar los resultados de la fiscalización y “comunicar a todos los socios acerca del procedimiento de desafiliación”.
Vuelos truchos
Una especie de sobresueldo se genera en favor del uniformado que tripula naves fiscales. Aquello es legal, ciertamente. Sin embargo en este club se daba la particular situación que algunos carabineros cercanos a la dirección la entidad cobraban sobresueldo, pero por manejar naves privadas: “muchos funcionarios recibieron gratificaciones de 25% de su sueldo por volar en aviones del club, aunque no eran naves fiscales. En ese grupo se encuentra el ex general subdirector Marcos Tello, y el mecanismo fue impugnado por la Contraloría”, puntualiza Herman.
Ya la Contraloría impugnó “certificados de navegación” que correspondían a vuelos de aviones que no pertenecían al Fisco, sino que eran de ese club. Al no pertenecer a Carabineros ni ser fiscales sino a un club privado, no corresponde percibir el beneficio pecuniarios, por lo que hubo que reintegrar dichos dineros obtenidos en forma improcedente de parte de los funcionarios uniformados.
Los certificados de navegación son instrumentos que confirman la misión de servicio efectuada por cada funcionario: “Al cumplir misiones de servicio a bordo de naves o aeronaves de las Fuerzas Armadas, de Carabineros u otras al servicio de tales misiones, gozará de una gratificación equivalente al veinticinco por ciento de su sueldo en posesión”, sostiene la ley.
“En la contabilidad se asentaron los recursos que Carabineros de Chile paga por el mantenimiento de nueve aeronaves de propiedad del Club Aéreo, cuyo valor total es de aproximadamente 10 millones de dólares. Esos aviones han sido dados en comodato por el Directorio del Club Aéreo al cuerpo de Carabineros de Chile, desviándose de su objetivo estatutario, que es solo fomentar la aviación privada no comercial”, plantea el abogado Cavada. Los socios, o sea todos los carabineros, no fueron consultados respecto de la disposición de estos bienes que les pertenecen.
No solo eso, una denuncia ente el Ministerio Público dio cuenta de una posible irregularidad –o ilegalidad- en el Club Aéreo de Carabineros: la existencia de horas de vuelo pagadas que no se habrían realizado efectivamente, lo que dio inicio a una investigación de parte de la Fiscalía Oriente.
La denuncia provino del mayor (r) Cristián Cofré Tromer, quien por años ha venido denunciando diversas irregularidades al interior de ese club. La Fiscalía despachó requerimientos a diversas dependencias, entre las que se cuenta la Prefectura Aérea de Carabineros, solicitando los registros de vuelos de los últimos años y los nombres de quienes participaron de esos viajes.
Hoy, los cargos de presidente y tesorero del club se encuentran en “proceso de elección de sus socios en asamblea general”, según dan cuenta desde club. Actúa como presidente (s) el coronel Alex Muñoz Molina.
Nueva arista del “Pacogate”
Si bien las denuncias del mayor (r) Cofré Tromer y de otros socios “a la fuerza” del club han generado investigaciones, fue el fraude al interior de Carabineros conocido como “Pacogate” el que permitió que tanto el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público y algunos parlamentarios que integran la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en torno al mencionado desfalco de ya más de $26 mil millones, pusieran atención en el Club Aéreo de Funcionarios de Carabineros.
Para el diputado Leonardo Soto, la mencionada institución “maneja recursos gigantescos, administra y opera los aviones que tiene (Carabineros)… y lo hace con fondos fiscales, pero es una organización privada y, por consiguiente, en esa dualidad está el riesgo de que ocurran varios delitos vinculados a corrupción”.
La investigación, atendida la eventual existencia de fraudes con recursos pertenecientes a todos los funcionarios policiales en servicio activo, descontados institucionalmente, podría terminar por incluir al Consejo de Defensa del Estado.
La investigación que desde mediados de 2017 llevan los persecutores Roberto Contreras y Ezio Braghetto, de la Fiscalía Oriente, nació justamente producto de una investigación para dilucidar posibles irregularidades en el club detectadas por el Ministerio de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos (SII) bajo la presidencia del ahora ex subdirector Marcos Tello Salinas, el mismo que fuera conminado, bajo eventuales responsabilidades penales, a restituir fondos al fisco.
Entre las irregularidades que investigan Contreras y Braghetto se encuentran eventuales delitos de malversación y falsificación de instrumento público, compras de combustible sin respaldo, incluso de costosos relojes, sobreprecio de pagos de bienes y servicios, etc., lo que eventualmente puede llegar a implicar a oficiales del Alto Mando.
También un desvío de fondos del club a actividades fuera del giro social “y/o a instituciones ajenas a la misma y la comisión de determinados hechos que podrían revestir carácter de delitos”, detalla el oficio del Ministerio.
Por su parte, esa secretaria de Estado también prohibió a Carabineros la inscripción automática de sus funcionarios en club aéreo, debiendo modificarse los estatutos y solucionar una serie de observaciones en un plazo de 90 días hábiles, de acuerdo con el oficio 936 del 15 de febrero de 2018.
Hasta el momento no se conoce si tales cambios han operado y si se ha informado de ello al Ministerio. Lo que es claro es que si no se cumple con esas instrucciones el club arriesga su disolución. Desde la institución solo se limitaron a responder a Cambio21 que “el plazo está vigente. No hay más comentarios”.