Defendamos la ciudad

Así lo dice en su "Informe mundial sobre corrupción 2007" presentado este jueves en Londres, en el que se analiza la percepción de los ciudadanos sobre los poderes judiciales en 32 países, diez de ellos latinoamericanos. Según el estudio de la ONG europea, el soborno y la influencia de los otros poderes del estado hacen que los derechos a un juicio justo sean negados a los ciudadanos. "El deterioro de estándares internacionales se evidencia en países como Argentina y Rusia, donde los poderes políticos han aumentado su influencia sobre el proceso judicial en años recientes", dice el estudio. Balanza inclinada Al presentar el informe, la presidenta de TI, Huguette Labelle, advirtió sobre los perjuicios de un mal que parece sistémico en la mayoría de los países analizados. Cuando los tribunales ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la balanza de la justicia se inclina y el ciudadano de a pie sale perjudicado. Huguette Labelle, presidenta de TI "Cuando los tribunales ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la balanza de la justicia se inclina y el ciudadano de a pie sale perjudicado", dijo. "El sistema judicial enfrenta una crisis de confianza en muchas partes del mundo", dice el informe del TI. Según el estudio, tanto "el soborno a pequeña escala como la influencia política en la judicatura deterioran la cohesión social", dividiendo a las comunidades con un sistema para ricos y otro para pobres. Sus autores también lamentan que, a pesar de las reformas para proteger la independiencia del poder judicial, "la presión para fallar a favor de intereses políticos sigue siendo intensa". El estudio señala una serie de factores que contribuyen a esta situación, entre ellos: tolerancia social, bajos salarios en los miembros del poder judicial, falta de control de los procedimientos y falta de entrenamiento. "No existe una solución única para luchar eficazamente" contra el problema, advierte el trabajo publicado por TI. No obstante, ofrece una serie de recomendaciones, entre las cuales figura la transparencia e independiencia de las designaciones y destituciones de jueces y garantizar libertad a la prensa para informar sobre los procedimientos jurídicos.