Página oficial de Facebook
En paralelo la autoridad comunal pidió que el mítico estadio de la Plaza Chacabuco sea declarado Monumento Histórico. La reaparición pública de Segovia sigue teñida de polémica, tal como fue su partida del país en 2012, cuando secundaba a Sergio Jadue en la ANFP y la Fiscalía estaba a punto de encarcelarlo por la acreditación fraudulenta de su Universidad SEK.
Como una “vergüenza”. Así definió el controlador de Unión Española, el empresario hispano Jorge Segovia, la derrota de su club por 3-0 ante el Sport Huancayo de Perú, resultado que lo eliminó de la Copa Sudamericana. Un calificativo particularmente duro en boca de un dirigente que protagonizó el episodio que terminó con Marcelo Bielsa renunciando a la selección nacional, que fue mano derecha del defenestrado Sergio Jadue y que abandonó el país cuando la Fiscalía le pisaba los talones para ponerlo en prisión preventiva por las graves irregularidades detectadas en la acreditación de la Universidad SEK, de la que también es propietario.
“La camiseta del equipo puede mancharse de sudor, de barro, incluso de sangre, pero no se puede manchar de vergüenza”. Ese fue el mensaje que Segovia escribió en Twitter, citando a Santiago Bernabeu, el jueves 8 de marzo pasado tras el traspié internacional de Unión Española. Sin vergüenza ni autocrítica por haber dejado el club, su universidad y el país en 2012, para permanecer ausente durante cinco años, Segovia había hecho su reaparición pública en Chile recién cinco días antes de su moralizante tweet. Lo hizo el sábado 3 de marzo durante el partido entre Unión Española y U. de Concepción, cuando bajó a la cancha para homenajear al presidente saliente del club, Francisco Ceresuela, uno de sus incondicionales.
Segovia vuelve envuelto en el mismo halo controversial con el que se fue. Lo recibe la polémica por el millonario negocio inmobiliario que pretende concretar en los terrenos del legendario Estadio Santa Laura, en el corazón del barrio Plaza Chacabuco (Independencia). Allí, sobre la cancha de entrenamiento que se extiende a un costado del estadio, espera construir dos torres (de 23 y 15 pisos) con 368 departamentos, un local comercial y 237 estacionamientos. Un proyecto que promete jugosos dividendos, por su vecindad con la estación de Metro de la futura Línea 3.
La iniciativa desató las protestas de los vecinos (principalmente por el abarrotamiento de los servicios públicos y por el impacto vial que se sumará al que ya provocan los partidos en Santa Laura) y ha sido blanco de las críticas del presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman. Solicitudes para declarar la zona como Barrio Típico y a Santa Laura como Monumento Histórico, han intentado poner en pausa el proyecto para abrir un espacio de negociación.
Pero la estocada que realmente promete derrumbar el negocio, se comenzó a escribir este miércoles 22 de marzo: la Municipalidad de Independencia inició el proceso para declarar inválido el Permiso de Edificación.
NOTIFICACIÓN Y AUDIENCIA
El director de Obras de Independencia, Juan Miquel Mac Donald, citó a Santiago Perdiguero, representante de Unión Española Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP), a una audiencia para el jueves 23 a las 15:00. La convocatoria se hizo a través de una notificación que fue recibida al mediodía del miércoles 22. En ella se citó a Perdiguero “a fin de escuchar sus alegaciones y recibir la documentación que estime pertinente para resolver acerca de la invalidación del Permiso de Edificación N° 14 de fecha 23/05/2016” (vea una copia de la notificación).
A raíz de los reclamos de los vecinos y de la controversia pública, la Dirección de Obras (DOM) y la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Independencia revisaron todo el proceso que siguió el permiso de edificación. El análisis concluyó que el permiso tiene una falla de origen, debido a que fue acompañado de un documento que contiene un error insalvable: el Certificado de Informaciones Previas. Este requisito esencial para otorgar un permiso, lo extiende la DOM y debe ser visado por un revisor independiente.
El certificado indica las normas que se deben aplicar a la construcción que se está autorizando, de las que emanan todas las restricciones a las que queda sujeto el proyecto (como alturas máximas, prohibiciones o procesos de expropiación que afecten al bien raíz).
Santa Laura INTSegún explicaron profesionales que conocen el proceso de revisión que se hizo en la municipalidad, en el caso del proyecto de Unión Española SADP el certificado indicó que las normas aplicables eran el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) y el Plan Regulador Comunal. Sin embargo, a la fecha en que se aprobó el proyecto ambos textos eran incongruentes, pues indicaban criterios distintos para la misma zona. Por eso, solo debió incluirse el PRMS, que tiene preeminencia sobre las normas comunales cuando se presentan discordancias. Este punto es el que llevó a la DOM a iniciar el proceso para invalidar el permiso.
CIPER consultó a Unión Española SADP su versión. La respuesta fue entregada por la oficina de prensa de la sociedad anónima:
“Efectivamente, recibimos una notificación para reunirnos con el director de Obras Municipales mañana a las 15:00. Si el permiso fuere invalidado, recurriríamos a la justicia o a quien corresponda para recuperar la autorización que conseguimos hace dos años, ocasión en que presentamos todo lo que se nos pidió. Nos parece muy extraño que dos años después de otorgado, nos digan que es inválido”.
Un experto en normas de ordenamiento urbanístico dijo a CIPER que es poco probable que Unión Española SADP pueda revertir la decisión municipal este jueves 23: “En estas audiencias se revisan solo papeles que ya están en la carpeta que lleva la DOM con los antecedentes del mismo permiso cuestionado. Cuando se inicia una invalidación, la municipalidad sabe que va a tener un duro proceso judicial con una inmobiliaria que tiene en juego sumas millonarias. Por eso, la revisión que hacen los funcionarios es exhaustiva y cuando se notifica es porque ya hay una decisión irrevocable de invalidar”.
MÚLTIPLES CUESTIONAMIENTOS
La historia del proyecto inmobiliario que hoy enfrenta a Unión Española SADP con la municipalidad, comenzó a escribirse en 2008. El 1 de agosto de ese año, la propietaria del estadio –Inmobiliaria y Promotora Unión Española S.A. – firmó una escritura en la que cedió el usufructo de Santa Laura al Colegio Internacional SEK y/o a Unión Española SADP, ambos propiedad de Segovia. En el mismo documento, se acordó una opción de compra: a contar del décimo año de constituido el usufructo, los que se cumplen en agosto próximo, Unión Española SADP o el Colegio SEK –o bien la entidad que este último designe– puede adquirir el estadio en 175 mil UF ($4.719 millones al valor actual).
En enero de 2013, debido a la notable expansión de las construcciones en altura, la Municipalidad de Independencia congeló los permisos de edificación para el barrio de la Plaza Chacabuco. A través de sucesivas renovaciones automáticas la medida duró un año, plazo límite para este tipo de restricciones. Mientras tanto, el municipio tramitó su nuevo Plan Regulador Comunal (PRC), que restringió las edificaciones en altura a un promedio de 10 pisos.
La idea inicial era que el PRC entrara en vigencia justo cuando venciera el congelamiento de los permisos de edificación. Pero entre ambas fechas hubo un desfase de aproximadamente un mes, lo que generó una “ventana” de tiempo en la que diversas inmobiliarias presentaron alrededor de 40 proyectos para edificar torres. La municipalidad, apelando a problemas formales en las solicitudes, consiguió bloquear 13 de esos proyectos. Entre los 27 que quedaron vigentes estaba el de Unión Española SADP.
En marzo de 2014 y con Segovia ya radicado en España por sus problemas con la justicia en Chile, la sociedad Unión Española presentó un anteproyecto a la Municipalidad de Independencia: una ciudad deportiva que colindaría con la cancha de fútbol principal, y que incluía una torre de 23 pisos con 296 departamentos, además de dos oficinas, 48 locales comerciales, 744 estacionamientos, un supermercado, un “apart hotel” de 70 habitaciones y una universidad.
La solicitud tenía un problema: era presentada por Unión Española SADP y no por el real dueño del predio, Inmobiliaria y Promotora Unión Española, como exige la ley. De todas formas, el requerimiento siguió su curso.
Días después de presentado el anteproyecto, la Municipalidad de Independencia modificó el Plan Regulador Comunal (PRC). Desde el 14 de marzo de 2014, las zonas recreacionales deportivas solo pueden tener ese fin, lo que no permite la construcción de edificios habitacionales en ellas. La norma no alcanzó a regir sobre los planes de las empresas de Segovia. El 27 de octubre de 2014, el municipio aprobó el anteproyecto, que consideraba un presupuesto de más de $16 mil millones (vea ese documento).
En esa época las autoridades municipales recibieron la visita de representantes de la afamada oficina de arquitectura española Alonso y Balaguer, responsable de obras de infraestructura deportiva de alto nivel (más de 40 centros deportivos en diversas ciudades españolas y de Sudamérica, incluyendo instalaciones para el Barcelona). En su presentación, dijeron que la construcción aledaña al Santa Laura sería un complejo que potenciaría el deporte, con un hotel para concentrar a Unión Española y acoger a los jugadores juveniles, canchas de entrenamiento, piscina temperada e instalaciones para que la Universidad SEK desarrollara disciplinas relacionadas con la actividad física.
Cerca de un año y medio después de aprobado el anteproyecto, en mayo de 2016, la municipalidad extendió el Permiso de Edificación. En el lapso que medió entre la autorización del anteproyecto y la emisión del permiso, la iniciativa sufrió cambios. Poco quedaba de las instalaciones de apoyo al deporte y claramente había derivado en un negocio inmobiliario: dos torres con 368 departamentos y 237 estacionamientos. De allí las primeras protestas de los vecinos (vea el permiso de edificación aprobado).
Poco después, en junio de 2016, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán (PS), y la diputada Karol Cariola (PC), en conjunto con la Corporación de Cultura y Patrimonio de la comuna y diversas agrupaciones vecinales, presentaron una solicitud ante el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para declarar zona típica al barrio Plaza Chacabuco (entre las calles General Saavedra, Julio Martínez Pradanos, Independencia, Lafayette y Guanaco), justo donde está el Santa Laura.
jugadores ueLa reacción demoró alrededor de un año y medio. En enero de 2018, el gerente general de Unión Española SADP, Santiago Perdiguero, envió una carta al CMN. En ella explicó la preocupación que le despertaba al club una “eventual declaración de Monumento Histórico”, porque “afectaría los tiempos de desarrollo para cualquier proyecto en curso”. Además, señaló que el permiso de edificación es anterior a la solicitud de declaración de zona típica, por lo que “debe considerar el derecho adquirido que esta parte mantiene en el predio…” (vea ese documento).
Justo después de que la Tesorería Regional Metropolitana notificara a Unión Española SADP por una deuda tributaria del club que significó el embargo de los dineros que recibe del Canal del Fútbol (CDF), la hinchada del equipo y un grupo de vecinos, representados por la Fundación Defendamos la Ciudad, hicieron noticia al acusar al club de estar haciendo un negocio inmobiliario en terrenos del Santa Laura.
En un comunicado del 6 de marzo, Unión Española SADP se defendió diciendo que el Santa Laura no está en riesgo: “Existe un proyecto de desarrollo en un sector del recinto anexo al estadio… se trata de un conjunto de edificios comerciales y de viviendas que no va a afectar al estadio. Todo lo contrario, los ingresos que hipotéticamente pudieran obtenerse irán a realizar reformas y modernizar el estadio”.
No conforme con eso, Jorge Segovia reafirmó la declaración en su cuenta de Twitter: “El Santa Laura-Universidad SEK es un estadio de fútbol, y va a seguir siéndolo. Quienes periódicamente inventan rumores realmente acaban aburriéndonos”.
Ese mismo día, la Municipalidad de Independencia emitió su propia aclaración, diciendo que “el compromiso del municipio está por la preservación del Estadio Santa Laura, al que consideramos un patrimonio de la comuna, por lo que anteponemos su defensa frente a cualquier interés particular que busque afectarlo” (vea ese comunicado).
El 11 de marzo el alcalde Durán se reunió con vecinos de la comuna para evaluar qué hacer respecto del permiso concedido a Unión Española. Y les informó que presentaría a la Contraloría un oficio pidiendo que aclare si Unión Española SADP podía pedir el Permiso de Edificación a pesar de que no es el dueño titular del terreno (cuya propiedad sigue en manos de la Inmobiliaria y Promotora Unión Española). El oficio fue ingresado a la Contraloría el 16 de marzo pasado (vea ese documento).
El alcalde se comprometió con los vecinos a acelerar el proceso para declarar el barrio como Zona Típica y pedir al CMN que le dé la categoría de monumento histórico al Estadio Santa Laura. Estas dos gestiones no pueden paralizar la construcción de las torres –a diferencia del proceso de invalidación que se inició–, pero sí evitarían eventuales nuevos proyectos inmobiliarios en el terreno que hoy ocupa el estadio.
El 13 de marzo el alcalde Gonzalo Durán envió un oficio a Perdiguero en el que pide que Unión Española SADP haga cambios en su proyecto, a objeto de moderar su impacto en el barrio: disminuir la altura de las torres, aumentar los estacionamientos, mejorar la conexión entre el estadio y la futura estación de Metro e incluir más áreas verdes. Perdiguero no respondió.
Tres días después, la acción del municipio fue más agresiva: el alcalde cumplió con el compromiso de pedir al CMN que declare monumento histórico el estadio (vea la solicitud enviada al consejo).
El último paso del municipio rompió por completo los puentes: fue la notificación para invalidar el permiso que ahora se conoce.
EL HISTORIAL DE SEGOVIA
El 26 de mayo de 2013 el controlador de la Universidad SEK y de la Unión Española, debió resignarse a seguir desde Madrid el desarrollo del crucial partido en el que su club se coronó campeón. Jorge Segovia debió abandonar Chile subrepticiamente y sin dilación. La emergencia no fue provocada por un problema familiar o por una cita clave de su extensa red de negocios repartida en cuatro países. Escapar de la justicia fue lo que llevó a Segovia a España en esos precisos días en que debió estar en el centro de los festejos por la séptima estrella de Unión Española.
Con su súbita partida evitó que el fiscal Carlos Gajardo lo mandara a prisión por haber comprado en 2011 la acreditación de la universidad bajo su control, al entonces presidente (s) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz. Gajardo investigaba en ese momento los ilícitos cometidos en las acreditaciones que entregó la CNA a universidades e institutos profesionales, y ya había enviado a la cárcel a los controladores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, además de Díaz.
La investigación de CIPER reveló en 2011 y 2012 la trama de la compra y venta de esas acreditaciones y solo faltaba que compareciera ante los fiscales -como imputado- el controlador del tercer establecimiento educacional que dejó huellas de su ilícito: Jorge Segovia. La Universidad SEK había obtenido, en una operación digitada por Luis Eugenio Díaz, dos años de acreditación (hasta 2014) luego de que la CNA se la rechazara en primera instancia por insolvencia en su patrimonio.
Lejos de Chile, en esos días de mayo de 2013, Segovia debe haber repasado su exitoso recorrido en el fútbol chileno. Habían transcurrido cinco años desde que se colgara su primer galardón ante los financistas de la Unión Española y sus hinchas: en 2008 había logrado rescatar en el límite su Estadio Santa Laura, pagando $1.700 millones por una hipoteca que el club firmó con el Banco Santander (entidad que ya les había rematado su sede de calle Carmen). Segovia se convirtió en el “salvador” del club y dio el paso decisivo para alcanzar su meta: ser su nuevo y único controlador.
Pero para ello faltaba en esos días de 2008 que Segovia hiciera otros pagos. Entre ellos, los $800 millones que fueron a la caja de la Corporación Social y Deportiva Unión Española, antigua titular de los de derechos del club y en quiebra. Fue solo entonces que Jorge Segovia pudo anunciar la noticia: la Universidad SEK había pagado $2.500 millones para hacerse de la propiedad de la Unión Española SADP (marca, pases de sus jugadores y usufructo del Estadio Santa Laura por 30 años, con opción de compra). El anuncio lo hizo como presidente del directorio de la SEK, el 6 de mayo de 2008.
Dinero no le faltaba a esa entidad educacional. Y quien mejor lo sabía era la cabeza del ente controlador de la universidad y de un imperio instalado en cuatro países: el Colegio Internacional SEK Chile S.A., dueño del 98,5% de la universidad (creada en 1989).
Tres años más tarde la investigación del Ministerio Público a las arcas de la Universidad SEK por las acreditaciones fraudulentas, tendría bajo su lupa un documento que explicaría de dónde sacó Segovia parte de los dineros para tomar el control de la Unión Española: un préstamo por $1.688 millones que le otorgó el Banco Santander a la sociedad controladora de la Universidad SEK. La junta directiva de la universidad, encabezada por Segovia, aprobó poner parte de su patrimonio como garantía de las deudas, a pesar de que superaban por más de tres veces sus activos.
Dos años más tarde, Jorge Segovia mostraría el ancho de su ambición al convertirse en el protagonista principal de uno de los escándalos que marcaría la historia más negra del fútbol chileno. La repartición del botín del Canal del Fútbol (CDF) desató una guerra en la que Segovia movió los hilos desde la trastienda y que culminaron con una nueva directiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP). En noviembre de 2010 Jorge Segovia se convirtió en su nuevo presidente.
Hasta hoy no se sabe cuánto se les pagó a los tres clubes que cambiaron su voto a última hora para apoyar la candidatura de Jorge Segovia (sustentada por los tres clubes dominantes: Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica), y así derrotar a Harold Mayne-Nicholls. Su salida de la testera de la ANFP tenía otro efecto por todos conocidos: la renuncia de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección chilena.
Solo unos pocos días pudo saborear su triunfo. A fines de noviembre, Segovia fue inhabilitado por los contratos “confidenciales” firmados entre la Unión Española y la Universidad y el Colegio SEK, transacción entre empresas relacionadas que por entonces estaba prohibida para los dirigentes del fútbol. Todos esos contratos habían sido firmados entre 2008 y 2009 y alcanzaron al menos a $575,5 millones (vea reportaje de CIPER Los millones que se fugaron de la Universidad SEK hacia las arcas de la Unión Española).
Segovia movió nuevamente los hilos de los millones que circulan en la ANFP y un desconocido Sergio Jadue, quien representaba a Unión La Calera, uno de los clubes que cambió su voto en la elección de la directiva de la ANFP, asumió la presidencia. Segovia siguió controlando el tablero y el nuevo plan de la repartición de los millones del CDF, como segundo a bordo. La historia que sigue es conocida. La del fútbol aún vive sus estertores. La del juicio por los ilícitos en las acreditaciones de la SEK tuvo un periodo álgido. Porque fueron los mismos contratos “confidenciales” o secretos entre la Universidad SEK y la Unión Española los que fueron a parar más tarde al escritorio de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.
LOS MILLONES ENTRE “RELACIONADOS”
Apenas Carlos Gajardo tuvo bajo la lupa las acreditaciones otorgadas por la CNA a la Universidad SEK, reparó en la insolvencia de su patrimonio que hizo que sus consejeros se la rechazarán a fines de 2011 en primera instancia. La sorpresiva acreditación por dos años, obtenida después de la apelación de la SEK, no se explicaba. Los hoyos financieros subsistían. Tirar la hebra hasta llegar a los contratos “confidenciales” contraídos entre la universidad y la Unión Española fue cosa de días.
Y para alguien conocedor del fútbol, como el fiscal Gajardo, fue evidente que el despliegue de millones desembolsados por Segovia para hacerse del control de la Unión Española en 2008 y luego del fútbol profesional (ANFP) en 2010, requirió de una enorme gimnasia financiera del único controlador de la universidad y del club.
Fue así que en 2011, obtener la acreditación de la CNA, certificado indispensable para conseguir para su universidad los millones del Crédito con Aval del Estado (CAE), se convirtió para Segovia en un plan estratégico y vital para superar su endeudamiento. Su plan contemplaba aumentar de cuatro mil a doce mil estudiantes en los próximos cinco años. Y el único incentivo para ello era que los alumnos de la Universidad SEK pudieran acceder al CAE. La CNA era entonces la llave para acceder a los millones que le traerían los estudiantes con CAE.
Todo ello se vino abajo con la revelación de la venta de acreditaciones por parte del presidente de la CNA.
En diciembre de 2012, después de muchas dilaciones, Jorge Segovia compareció finalmente ante los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena. Lo hizo como imputado de los delitos de cohecho, sobornos y lavado de dinero, pero desde Madrid y vía Skype. A miles de kilómetros, sabiendo que sus abogados (encabezados por Luis Arévalo) ya trabajaban con la prescripción y la escasa condena para esos delitos millonarios y con la inexistencia de sanción legal para el lucro en las universidades, Segovia debió asumir que su relación con el jefe de la CNA no era solo de vecindad en los estadios, como lo afirmó al principio.
Dos almuerzos, cuatro llamadas y una reunión con Luis Eugenio Díaz en los días previos a que la CNA le otorgara la acreditación a la Universidad SEK, fueron los hechos relevantes que Segovia confesó en esa cita por Skype. Del contrato que la Universidad SEK le hizo a la “sobrinita” de Díaz, ni una palabra. Nada sabía de los montos que aparecieron en la cuenta de Díaz. Debía haber sido obra de otros…
Un punto en común tienen las huellas de Segovia por el fútbol y la educación superior: la impunidad para sus protagonistas (salvo Jadue que aún se pasea libre por las calles de Miami).
Este reportaje contó con la colaboración de la estudiante en práctica Constanza Cabrera (Universidad de Chile).