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Alberto Dalgalarrando sospechó de inmediato. Cuando vio el forado que había en un terreno cerca de su casa, antiguamente propiedad de la Universidad Mayor y ahora en manos de la inmobiliaria Nueva El Golf, intuyó que el proyecto anunciado por la empresa era demasiado grande para el tamaño del sitio.
Para despejar la duda, contactó a un perito topográfico y le pagó para que realizara un estudio de la superficie. El resultado arrojó que las torres que la inmobiliaria pretendía construir en Vespucio 345, de 19 y 21 pisos respectivamente, se harían sobre 7.370 m2. No en siete mil quinientos, como ha sostenido la sociedad desde que presentó su maqueta -a comienzos del 2016- hasta la actualidad.
Aunque la empresa asociada a Pablo Letelier y Jaime Gana haya minimizado la diferencia a “centímetros más, centímetros menos”, lo cierto es que los 130 metros que agregaron en su proposición bastan para adquirir una serie de premios de constructibilidad, tales como la elevada cantidad de pisos de los edificios y los ocho subterráneos que contemplan.
Tras correr la voz y comenzar un puerta a puerta con los vecinos del barrio El Golf, Dalgalarrando sumó miembros de la comunidad a su inquietud hasta que formó un movimiento vecinal que, tras apretar por largo tiempo la empresa y a la Municipalidad, anotó una gran victoria el pasado nueve de enero, cuando la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó paralizar la obra por segunda vez.
Para llegar a este punto, sin embargo, la organización debió recorrer un largo camino para aunar voluntades de personas que nunca habían interactuado más allá de un saludo.
“Nos reunimos y logramos parar el proyecto. Aprovechamos los oficios de cada uno y fuimos formando una resistencia que, incluso, obligó al alcalde Lavín a escucharnos y ponerse de nuestro lado. La verdad es que no le quedó otra que sumarse, porque la fuerza de esto fue bien potente”, relata Juan Pablo Vial (49), ingeniero integrante de la moción.
Javiera García (36), arquitecta y también parte del movimiento, complementa: “No estamos en contra de que se construya un edificio ahí, no nos creemos intocables, pero sí exigimos que se hagan proyectos con todas las de la ley y sin querer engañar los vecinos. Nos miraron en menos y les fue mal”.
La campanita de Lavín
El dato descubierto por Dalgalarrando no tardó en levantar polémica. Otro antecedente que fue tomado en cuenta al momento de decidirse por la inédita manifestación, es que los edificios serían construidos al lado de la casa Billikopf Marshall, conocida como Casa Asturias 400 y declarada Monumento Nacional de Chile en marzo de 2010.
Vial asegura que este elemento propició la crecida del movimiento. En cosa de días, los vecinos que hasta el momento solo tenían contacto por WhatsApp, a través de chats grupales dedicados a la prevención de asaltos y robos, comenzaron a esparcir la noticia con un llamado a la acción.
“Las redes sociales fueron clave para comunicarnos. Empezamos por WhatsApp y luego Facebook. Por ahí voló la cosa”, dice Magdalena Dittborn (41).
Así se formó el grupo bautizado “Defendamos el barrio Presidente Errázuriz”, dedicado a frenar el proyecto Vespucio 345 y a preservar la armonía arquitectónica del lugar.
Los resquicios legales no fueron la única motivación que tuvieron los vecinos para levantar el movimiento. La protección visual del barrio, declarado Zona Típica en 1995, fue un elemento central en sus reclamos.
“Si te fijas, no hay torres grandes por acá. Puras casas bajas o edificios que no superan los ocho pisos. Claramente una construcción de ese tamaño desentona con el entorno”, comenta Dittborn. “No puede ser tan fácil como llegar, manipular una medición y levantar dos torres”, agrega Vial.
Con el estudio topográfico en mano, cientos de vecinos fueron convencidos no solo de que la construcción de las torres era inviable, sino que, además, se pretendían edificar a través de una proposición viciada que ya había sido aprobada por la Dirección de Obras Municipales de Las Condes, el 31 marzo de 2016.
Incluso los adultos mayores, que según Dittborn componen un amplio porcentaje de la población total del sector, se sumaron al colectivo por medio de un trabajo focalizado que trascendió la comunicación digital.
“Como no todos tienen ocupan celulares y computadores, pensamos un sistema timbre a timbre que les hiciera llegar la información”, señala.
Los acuerdos, hasta entonces verbales, enfrentaron su primera prueba cuando los organizadores citaron una reunión en la plaza Errázuriz, con el objetivo de anunciar los pasos a seguir.
Aunque los invadía cierto optimismo, admiten que los sorprendió la asistencia que logró la convocatoria: más de cien personas se reunieron para declarar su adhesión a la iniciativa.
Desde entonces trazaron metas grandes. El primer paso que acordaron fue juntar la mayor cantidad de firmas posible para presentarlas ante el municipio, reticente a cualquier pronunciamiento oficial hasta el momento.
Su segundo objetivo, por tanto, era poner a la administración de Joaquín Lavín de su lado, algo que costaría lograr. Después de todo, Nueva el Golf había iniciado sus trabajos con el visto bueno de la municipalidad, tras aprobar el proyecto con el metraje artificialmente aumentado. Para revertir esta postura, convinieron asistir a un concejo municipal para manifestar el problema.
“Pero había que ir paso a paso”, reconoce García. “Lo primero eran las firmas”.
La estrategia contempló poner en práctica los distintos oficios que tienen los habitantes de la zona, quienes se distribuyeron en cuadrillas para cubrir todas las cuadras del barrio. De esta forma, una diseñadora se comprometió a crear panfletos informativos y otra, dueña de una imprenta, ofreció imprimirlos.
La campaña de divulgación surgió efecto: se juntaron cerca de 900 firmas.
Con este respaldo, acudieron a un concejo municipal que marcó un antes y un después en el colectivo.
“Hay que decir que de concejo no tenía nada, porque no podíamos hablar”, dice Vial. “Destinaron dos minutos al planteamiento de nuestro problema, algo irrisorio. Ahí nos dimos cuenta que si no exigíamos de forma clara nuestros derechos, todo el proceso sería en vano”, recuerda.
Fue así como los asistentes incumplieron la norma y comenzaron a intervenir la cita. La escena que relatan los presentes consta de palabras cruzadas con las autoridades municipales y una interpelación que descolocó completamente a Lavín.
“El alcalde, desesperado, empezó a tocar una campanita y gritar “¡Se suspende la sesión, se suspende la sesión!”. Jamás imaginó que haríamos eso, pero la verdad es que fue la única forma de hacernos escuchar y obtener una respuesta. Fue como una revuelta, un gallinero, dejamos la embarrada”, rememora Dittborn.
Tras este episodio, el edil se comprometió a pedir un informe topográfico independiente y un pronunciamiento de la Seremi de Vivienda.
Los vecinos habían ganado la primera batalla.
Acuerdo de caballeros
La sensación positiva que los invadió tras del encuentro tuvo un espaldarazo pocas semanas después, cuando el levantamiento ordenado por Lavín, a cargo del centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Estructuras y Materiales (IDIEM) de la Universidad de Chile, confirmó que la inmobiliaria había conseguido el permiso de edificación con un documento que había trastocado el verdadero tamaño del inmueble.
El dictamen de la Seremi, además, ratificó que la autorización previamente decretada había sido mal concedida.
Con estos argumentos, el alcalde presentó una orden de paralización de obra, lo que fue celebrado como un logro histórico por los vecinos.
“Nuestra satisfacción se basaba en que, después de un arduo trabajo vecinal, elevamos el conflicto hasta que las autoridades se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y que lo que estaba haciendo la inmobiliaria simplemente no tenía nombre”, cuenta García.
Las grúas tuvieron que detener su trabajo el 23 de diciembre, y el silencio entre las calles Vespucio, Renato Sánchez y Asturias, retornó.
La paralización emitida por Lavín, no obstante, dio pie para iniciar una pugna legal que ha tenido fallos zigzagueantes, en favor de un lado y otro.
De esta manera, la primera reacción de Nueva el Golf fue alegar que el alcalde estaba “poniendo sus intereses sobre la ley” y que su acción fue producida por la presión de los vecinos. Así lo consignó el abogado de la inmobiliaria, Jorge Bofill, quien además expuso que Lavín no tenía atribuciones para determinar dicha medida.
Por estos motivos, sumado a que Vespucio 345 contemplaba una inversión cercana a los U$100 millones, y que cada día de para significaba 1.400 UF de pérdidas, la sociedad anunció una demanda de indemnización contra la Municipalidad, donde exigían el pago de 1,26 millones de dólares. Junto a esto, solicitaron a la Corte de Apelaciones de Santiago que revisara el recurso interpuesto por Lavín y les permitiera retomar los trabajos.
Menos de dos semanas después, el tribunal emitió una orden de no innovar que le dio la venia al reclamo de la empresa. Es decir, dictaminó que le proyecto podía seguir su curso sin la necesidad de modificar sus planos.
“Las resoluciones se acatan”, respondió el edil, aunque adelantó que no se quedaría de brazos cruzados: “Creemos que el permiso de edificación debe ser invalidado, porque el terreno mide menos de lo que se señaló, por lo tanto, se pueden construir menos m2. La inmobiliaria debería presentar un nuevo proyecto”.
El movimiento “Defendamos nuestro barrio” se mantuvo expectante frente a la resolución, representados legalmente por Dalgalarrando y su bufé de abogados.
Para ellos no había margen para una doble lectura. Con la Seremi y el estudio del IDIEM a sus espaldas, sostenían que el terreno medía menos de lo asegurado por la inmobiliaria y, por lo tanto, la propuesta debía ajustarse al verdadero metraje.
“El desarrollo del caso a ratos parecía incongruente, porque habían pruebas que ratificaban nuestra postura y aun así la Corte falló en nuestra contra. La clave fue no decaer y mantenernos al pie de la ley en todo momento, con la asesoría de la familia Dalgalarrando que fue importantísima”, declara Dittborn.
La inmobiliaria no alcanzó ni a celebrar cuando, el nueve de enero del presente año, la Justicia revocó su propia resolución y volvió a paralizar la obra.
La decisión la tomó luego de que el alcalde presentara un recurso de reposición, donde argumentó que Nueva El Golf había omitido entre sus antecedentes el dictamen de la Seremi, y la respectiva instrucción de tomar medidas correctivas frente al proyecto debido a que no se “ajustaba a las disposiciones de conjunto armónico a las que se ha acogido”.
Frente a este nuevo obstáculo legal, la empresa dio un giro en su defensa y ofreció a través de la prensa un “acuerdo entre caballeros” con Lavín para solucionar el conflicto.
“Esa fue una invitación que raya en la indecencia. En otras palabras, quisieron arreglar el asunto entre cuatro paredes y dejándonos a nosotros, los vecinos que iniciamos esto, fuera de toda discusión”, señala Vial.
Pero el alcalde ya se había alineado con la moción, y no hubo espacio para negociación o acuerdo alguno. “El proyecto, como está, no va”, respondió.
Aunque notan cierta conveniencia en la adhesión de Lavín, los vecinos del barrio Errázuriz valoran el apoyo brindado por la autoridad y reconocen que su respaldo es indispensable para hacerle peso a la ofensiva de la inmobiliaria.
“Sí, ha sido importante su papel, pero no hay que olvidar que esto lo comenzamos nosotros y que hinchamos por mucho tiempo hasta que nos tuvieron que pescar”, aclara Dittborn.
Con la actual suspensión de los trabajos, declaran que su iniciativa no cesará hasta que Nueva El Golf recule y modifique definitivamente sus planos, algo difícil de conseguir sin el impacto mediático que logró la inclusión del edil.
“Lo que hemos trazado lo hemos conseguido, pero falta el último empujón. Y si ese vuelo puede venir de la mano de la Municipalidad, bien, si no, tenemos la fuerza para darlo nosotros”, finalizan.
“Falsas verdades”
Desde la inmobiliaria, en tanto, destacan que los vecinos se han encargado de levantar una serie de hechos que no se condicen con la realidad, como que el sector no cuenta con edificaciones de gran tamaño o que las torres a construir generarían una congestión vehicular perjudicial para el sector.
Respecto a este punto, apuntan que gran parte de los estacionamientos contemplados en el proyecto serán públicos, lo que permitiría disminuir la cantidad de autos que se estacionan en las veredas del barrio y favorecer un tránsito más expedito por la zona.
Por otra parte, aducen que el informe del IDIEM contiene fallas técnicas ya que no ingresaron al terreno para realizar el levantamiento topográfico. Según sus antecedentes, el estudio ocupó un sistema de GPS para realizar la medición, lo que generó un producto inexacto que explica la diferencia con el metraje calculado por la empresa.
De todas formas, sostienen que el proyecto no representa una modificación sustancial a la arquitectura del lugar y descartan que se trate de un “mega” plan inmobiliario.
Por último, apuntan que el revuelo que ha alcanzado la moción se debe a que en el barrio habitan dos familias importantes: Dalgalarrando, asesores legales de la causa, y Alessandri. Desde su punto de vista, el movimiento no se explica sin el impulso que ambas le han otorgado, quienes buscarían proteger sus intereses patrimoniales por medio de presiones a la Municipalidad y al alcalde.