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En la misiva que hicieron llegar a la autoridad, se pronunciaron acerca del reciente Dictamen Nº 043367 del 11/12/17 de la Contraloría General de la República, que resulta vinculante y obligatorio para la Administración del Estado, por el cual se dispuso que referido los denominados guetos verticales, fueron construidos al margen de las disposiciones legales en la comuna de Estación Central.
A propósito de ello, propusieron algunas ideas en relación a las consecuencias prácticas del referido dictamen, toda vez que con el pronunciamiento del Órgano Superior de Fiscalización queda de manifiesto que los 71 Permisos de Edificación que utilizaron el sistema de agrupamiento continuo, sin poder hacerlo, son contrarios a derecho y debiera resolverse la demolición de los mismos, lo que en la práctica es bastante complicado.
Para la Fundación, dicho dictamen recoge las opiniones de varios titulares de proyectos inmobiliarios y de la propia fundación, “los primeros objetando las contundentes resoluciones emitidas por la División de Desarrollo Urbano (DDU) y el Seremi, ambas funciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) que han establecido al respecto la imposibilidad de utilizar el sistema de agrupamiento continuo en esa comuna, toda vez que el instrumento de planificación territorial, o la ausencia de éste, no fijan la altura máxima de la misma, y por tanto, carece de uno de los aspectos esenciales de su definición, criterio que en ese dictamen se ratifica”.
Por su parte “los inmobiliarios sostenían que, al no definirse la altura máxima de la edificación continua, ésta era libre y por tanto, con una decisión impropia del Director de Obras Municipales (DOM) de Estación se dio lugar a la aprobación de torres habitacionales con excesivos coeficientes de constructibilidad, altura y densidad, levantadas con construcción continua, que el Intendente Metropolitano Claudio Orrego les denominó ‘guetos verticales’”.
“Así las cosas, no cabe duda de que la DOM de Estación Central aprobó proyectos contrarios a derecho, y las inmobiliarias se beneficiaron indebidamente, aplicando una visión excesivamente libertina, en circunstancias que, sí existían normas que debían respetar. Nosotros nos preguntamos, sin tener respuesta, si hubo connivencia entre estos actores privados con las autoridades de la comuna de Estación Central para que los primeros sobrepasaran todas las disposiciones legales y reglamentarias con sus proyectos inmobiliarios, asunto que solo el Ministerio Público podría resolver”, señala Herman a Cambio21.
El problema es qué hacer con todos esas construcciones mal habidas, dado que detrás de ellas, hay una inversión ascendente a 2.300 millones de dólares, y en algunos casos, con familias viviendo en los edificios.
“Por lo mencionado y en el entendido de que el CNDU es un organismo público-privado probo, responsable, promotor de políticas públicas sectoriales sustentables que no permite el abuso en este ámbito de materias, dado que sería impracticable la demolición de esas torres, le proponemos que, por ahora, los titulares de esos proyectos que ya cuentan algunos con recepciones finales de obras y por lo tanto con unidades de viviendas ya colocadas en el mercado, aporten una necesaria compensación económica a favor de la comunidad de Estación Central”, reza la misiva de la Fundación.
“Este aporte asociado a la rentabilidad privada estimada de cada construcción, suma que debería ser administrada por una asociación pública privada sin fines de lucro, con auditoría y control de algún servicio público reconocidamente íntegro, creada para el efecto, la que tendría la tarea de invertir esos fondos en mejoras de infraestructura y creación de aportes al espacio público, aprovechando la pronta vigencia del artículo 184 de la Ley Nº 20.958, a través de una amplia interpretación”, continúa exponiendo.
“La otra opción viable para resolver el intríngulis, sin que se demuelan las construcciones viciadas, sería que el Minvu envíe un proyecto de ley ad hoc al Congreso Nacional con trámite de urgencia para incorporar en la Ley General de Urbanismo y Construcciones un artículo que considere la situación en comento, con lo cual se podrían zanjar otras situaciones existentes de innumerables proyectos inmobiliarios terminados y con recepciones de obras que han vulnerado los marcos regulatorios”.
“En todo caso, dado que en Estación Central la inversión total de los edificios en altura, sin considerar los anteproyectos, es del orden de los US$ 2.500 millones, con una rentabilidad aproximada del 18%, sería más que prudente considerar la compensación económica aludida en la suma equivalente a ese porcentaje”, plantea la propuesta.
“Por lo tanto, en esta ocasión debemos analizar los pro y los contra de esta propuesta ciudadana que persigue reparar parcialmente la inacción o los errores del Estado, al menos en lo que se refiere a la DOM de Estación Central que otorgó los permisos viciados y la Seremi Metropolitana de Vivienda y Urbanismo quien no supervigiló a tiempo una vorágine de actos administrativos que se remontan al año 2014 en adelante. El CNDU que se relaciona directamente con las máximas autoridades del país, tiene que resolver si esta idea es factible de llevar a cabo, con el compromiso formal de que se congelan las acciones judiciales interpuestas por los grupos de vecinos de esa comuna y que los mismos u otros no llevarán más adelante el conflicto ante los tribunales”, sostienen.
En otras palabras, no demuelan, porque es costoso y contaminante y mucha gente ya vive allí, si no que indemnicen a las comunidades que han sido afectadas, entregando las utilidades obtenidas de actos viciosos en beneficio de obras públicas en favor de esas mismas comunidades, administrados por entes independientes.