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Franco Parisi fue duramente atacado por estos hechos por la representante derechista, Evelyn Matthei, durante la campaña anterior. Pero los líos no terminan, pues el alcalde UDI de La Reina, a pesar de estar prohibido cualquier acto o contrato sobre el inmueble, le dio “permiso” a la inmobiliaria para construir ahí tres torres.
La Gran Logia había acusado en 2013 al ex candidato presidencial Franco Parisi y a algunos de sus familiares de haber generado importantes deudas en la administración de dos establecimientos que les habían arrendado y donde, bajo el directorio presidido por el otrora postulante a La Moneda, quedaron cerca de 100 cotizaciones previsionales impagas, con presuntos desvíos de dinero y maniobras para eludir responsabilidades.
De los negocios a la política
Los dos establecimientos educacionales se encontraban en las comunas de La Reina y Ñuñoa. Los masones reclamaban que confiaron su administración a la familia Parisi, liderada por Franco, transformando un negocio en el cual en 2010 había utilidades, en pérdidas, al punto que uno de los centros educacionales cerró y el otro quedó con deudas y juicios por impagos previsionales a sus funcionarios, reclamaban.
La disputa entre la Gran Logia de Chile y los Parisi fue a parar a las manos de una jueza árbitro, la que falló en 2015 en favor de los masones, condenando a los hermanos a una suma que superaba los 800 millones de pesos por rentas impagas e indemnización de perjuicios.
Justamente esas denuncias dieron pie para que la entonces candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, acusara durante el proceso electoral a su contrincante en cuanto debate intervinieron, desatándose una fuerte controversia entre ellos que implicó una baja importante en las encuestas para el candidato independiente, que antes de aquello amenazaba superarla en votos.
Una historia de larga data
En 1993 la masonería irrumpió en el negocio educacional, inaugurando un establecimiento educacional pagado llamado La Fontaine, en la comuna de Ñuñoa. Al año 2010 ya tenía 310 alumnos. El negocio no era menor pues los estudiantes pagaban unos $150 mil por concepto de matrícula y cuotas mensuales de casi $200 mil a precio de hoy. Posteriormente, en 2000 se procedió a crear la Sociedad Educacional Las Américas, que reunió a 229 inscritos hasta 2010.
El Club de la República era la institución que respaldaba el proyecto educativo y lo hacía vía directa, por la cual la Gran Logia era en definitiva la que operaba y resguardaba sus inversiones. Informaciones de la época hablaban de un buen y lucrativo negocio. Pero administrar colegios no era exactamente uno de los fines que perseguían los masones, por lo que decidieron traspasar su administración, pues “el Club (masones) no tiene entre sus fines administrar colegios”. Por ello al inicio de 2011 procedieron a arrendar el 70% de las acciones de que eran dueños, firmando un contrato por cinco años.
La renta acordada llegaba a los US$110.000 anuales y la empresa que asumió la administración de los establecimientos era Palermo Multimedia S.A. –una compañía formada en 1999 por Franco Parisi, su hermano Antonino y el padre de ambos-. Así, parte de esa familia pasó a controlar los colegios Las Américas y La Fontaine. También en ese momento comenzaron los roces.
Franco toma el control
Los documentos que se acompañaron al juicio dan cuenta que al constituirse el directorio de cada colegio, el año 2011, Franco Parisi asumió la presidencia de los directorios de cada establecimiento. Entre otros directores aparecen su hermano Antonino, el padre de ambos y otros cuatro miembros: Gastón González, Héctor Arroyo, Juan Carlos González (el entonces gran secretario general de La Logia) y Sergio Jiménez (también masón).
Según declaraciones de los representantes de los masones -el entonces gran maestro y ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, y el otrora gran tesorero, Mario Cabezas-, las cifras mostraban ganancias, pues al momento del traspaso en 2010 de los colegios La Fontaine y Las Américas existían utilidades demostrables contablemente. En el segundo también se integró como directora a Zandra Esther Parisi Fernández, hermana del ex candidato presidencial.
Al poco tiempo de asumida, la gestión de los Parisi encontró la resistencia y descontento de algunos apoderados que denunciaban en 2012 la existencia de presuntas fallas en la gestión y que se demostrarían, entre otras cosas, en falta de material pedagógico. A ello se sumaba el reclamo de parte de los profesores y personal administrativo que denunciaron el no pago de sus cotizaciones previsionales.
“Presionados por los reclamos”, argumentaron los masones, intervinieron en el conflicto generándose un fuerte roce entre Palermo, la sociedad de los Parisi y el Club de la República, quienes terminaron quitando la administración y retomaron el control de los colegios. La denuncia que diera origen al juicio que hoy se ha fallado en segunda instancia, sostenía, entre otros perjuicios, que La Fontaine había disminuido la matrícula a 125 alumnos y que Las Américas debió cerrar por falta de estudiantes.
Matthei se sube al carro
El conflicto judicial que comenzara justamente mientras en nuestro país se desarrollaban las elecciones presidenciales en 2013 entró de lleno en la política. Por aquel entonces la derecha era representada por Evelyn Matthei, la encargada de representar a un sector en franca crisis, luego del gobierno de Sebastián Piñera que atravesaba por graves casos de corrupción y conflictos de intereses y con el mismo entonces Presidente, con una muy baja aprobación y una creciente movilización social que encarnaba el descontento social.
Franco Parisi por su parte incursionaba por primera vez en la política y “bendecido” por la novedad y por un discurso que hacía mucho sentido a sectores de centro e independientes, comenzó a crecer en las encuestas justamente a costa de los electores de derecha, desilusionados de Matthei, la que amenazaba llegar tercera en la competencia.
Entonces la derecha sacó su mejor arma, el impacto comunicacional y la denuncia de los masones se transformó en el salvavidas que terminó haciendo perder respaldo a Parisi. Matthei habló de corrupción y acusó el no pago de imposiciones en pleno debate, lo que generó un fuerte impacto público.
Los dimes y diretes
Mientras tanto avanzaba el juicio. La causa nació en las manos de la abogada y exsenadora designada Olga Feliú, conocida por su relación con la dictadura, y terminó en manos de la jueza del primer Juzgado Arbitral de Santiago, Sonia Rojas, la que en definitiva falló la controversia dos años después de su inicio en primera instancia, en 2015. Y el fallo fue desfavorable a los intereses de los Parisi.
Estos reclamaron que el proyecto educativo ya venía en franco deterioro al asumir ellos y que, a pesar de sus esfuerzos, no fue posible evitar la estampida de alumnos y el fracaso económico. También aclararon que la administración no había sido de Franco sino de su hermano, Antonino. Las pérdidas, argumentaban, eran consecuencia de la moratoria de los apoderados, lo que no permitía financiar los gastos.
Los masones reclamaron no solo mala gestión sino que además desvío de fondos, ocultamiento de información, pago de cuentas de terceros, apropiación indebida, retenciones de imposiciones que no fueron pagadas en AFP e isapres y otras anomalías que incluso amenazó con llevar el conflicto al crimen.
El impugnado fallo
Dos años después de las elecciones y del inicio del conflicto judicial, la jueza árbitro ordenó a los hermanos Parisi indemnizar a la Masonería en una suma que debían pagar solidariamente Franco, su hermano Antonino, el padre de ambos y otros dos directores de las sociedades educacionales.
La jueza Sonia Rojas los condenó a pagar $723.882.754 por indemnización de daño emergente, suma que La Logia habría tenido que pagar como consecuencia de las deudas dejadas por los Parisi en la administración de los dos colegios del Club de la República, vinculados a la masonería. No solo eso, sino que además la suma de $68.419.293 por concepto de rentas adeudadas.
Para la jueza, “con el objetivo de evitar el colapso de los colegios (...) la demandante (el Club de la República) se hizo cargo de pagar muchas deudas generadas durante el período de la administración de Palermo Multimedia S.A. y sus personeros (los Parisi), acusando a los entonces directores, quienes “no cumplieron con el mandato legal y moral de velar por el interés de las sociedades anónimas cuya administración tomaron en los hechos de manera exclusiva, permitiendo que se generaran deudas previsionales y compromisos laborales significativos que no podrían ser solventados con recursos propios de los colegios”.
La Corte anula el fallo
Los Parisi recurrieron mediante diversos recursos judiciales en contra del fallo, alegando que no se ajustaba a derecho ni se enmarcaba en las atribuciones que las propias partes le habían entregado a la jueza. La Undécima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró este año la nulidad de la sentencia arbitral de agosto de 2015 que había condenado al pago de una fuerte indemnización a Franco Parisi Fernández, Antonino Parisi Fernández, don Antonino Parisi Sepúlveda (padre) y a Gastón González, como también a la sociedad “Palermo Multimedia”.
Ello, porque “a) que la sentencia fue dictada por un tribunal carente de jurisdicción y competencia, b) que el fallador asumió una calidad de arbitrador que las partes no le otorgaran, c) que la sentencia infringió el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, d) que el arbitraje se tramitó contradiciendo las normas de procedimiento que el mismo estableció, y e) que la sentencia se apartó de lo solicitado por el demandante” (los Parisi), consigna el fallo como las alegaciones en contra de la jueza.
Para la Corte, el “arbitraje careció de objeto y causa lícita, toda vez que jamás adquirió el carácter de tal y entró a funcionar sin serlo para conocer de un asunto determinado -la responsabilidad extracontractual de Franco Aldo Parisi Fernández, Antonino Segundo Parisi Sepúlveda, Gastón Ignacio González Guzmán, Sergio Jiménez Moraga y Antonino Alejandro Parisi Fernández- para el que nunca fue nombrado”. En otras palabras, la jueza asumió competencias que no tenía y sobre materias que no se habían sometido a su conocimiento. Resultado: nulo el fallo y todo de nuevo.
El destino de los colegios
Los líos entre la Gran Logia y los Parisi no es el único problema que envuelven los disputados colegios y los terrenos en que se encuentran. Una vez que fue devuelta la administración de los establecimientos al Club de la República, el Colegio Las Américas fue cerrado y el inmueble donde se encontraba el edificio que tenía una dimensión de casi una hectárea en Avda. Larraín con María Monvel, comuna de La Reina, fue vendido a una inmobiliaria. La operación, que fuera fuertemente cuestionada por poca transparencia, fue impugnada judicialmente nada menos que por el Consejo de Defensa del Estado.
Los tribunales conocen de esta nueva acción judicial, que según el CDE se basa en la violación de los fines con que dichos terrenos fueron originalmente traspasados gratuitamente al Municipio de La Reina por parte del Fisco de Chile. Hasta hoy el colegio no ha podido ser demolido por los nuevos propietarios, ya que está vigente una medida precautoria decretada por la justicia que impide su enajenación y la celebración de cualquier tipo de acto o contrato.
Sin embargo, el alcalde de La Reina, José Miguel Palacios (UDI), a pesar de la acción de la justicia acaba de otorgar en septiembre de este año, a través de la Dirección de Obras de esa municipalidad, un permiso de construcción para tres edificios de departamentos en el lugar actualmente de propiedad de “Constructora e Inmobiliaria Monvel”.
Estos terrenos fueron originalmente cedidos al municipio por el Ejército en junio de 1999, debiendo mantener sí o sí su destino socio-comunitario. En el año 2000 se vendió parte de este terreno –supuestamente para generar fondos que faciliten la construcción de una “Aldea del Encuentro” comunitario-. El Club de la República lo compró con el destino de hacer un colegio. Hasta ahí llegó el fin perseguido, porque los masones lo vendieron en 2014 a una inmobiliaria que persigue fines de lucro muy distintos al destino socio-comunitario original, lo que conllevó a la acción del CDE.
Los concejales Sara Campos, Adriana Muñoz y Álvaro Delgado presentaron un reclamo de ilegalidad contra el alcalde de La Reina.