Defendamos la ciudad

La situación es sencilla como el agua clara: gracias al artículo 21 del Decreto-Ley 910, vigente desde 1975 con la dictadura recién estrenada en el poder, todas las empresas inmobiliarias pueden descontar el 65% del IVA que gastan en materiales de construcción. Un subsidio que se aproxima a los 290 millones de dólares anuales, es decir un tercio del presupuesto fiscal para vivienda, que llega a los 880 millones de dólares. ¿Por qué ocurre esto? Porque la construcción es uno de lo sectores de mayor incidencia en los indicadores de crecimiento económico. Sabiendo cuántos son los edificios que se levantan es posible inferir la cantidad de personas que tienen trabajo y el dinamismo de la inversión económica. También, las imágenes de las noticias de la TV son elocuentes: cuando tratan de economía o se refieren al desempleo, siempre muestran al característico obrero en plena labor de construcción. El albañil de sueldo mínimo ilustra el crecimiento de país desarrollado. En la actualidad, una casa de 180 millones de pesos recibe por este mecanismo tributario un subsidio que bordea los 14 millones de pesos. Mientras que una vivienda con un precio de 90 millones descuenta casi 9 millones de pesos, por concepto de insumos para construir, considerando el valor de la UF al 5 de agosto pasado. EL AUXILIO DEL FISCO Cuando en 1987 fue incluida esta franquicia en el referido decreto-ley, Chile intentaba una reactivación después del colapso económico ocurrido a principios de esa década. En este contexto, los ideólogos de Hacienda concibieron esta estimulación de la construcción con una serie de subsidios. La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda determinó que las empresas constructoras reciben anualmente unos 487 millones de dólares de apoyo estatal. Un elemento crucial para entender la buena salud del rubro. La semana pasada, el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CCHC), Otto Kunz, mostraba un semblante pleno de serenidad a la hora de la rueda de prensa en la que dio a conocer las alentadoras cifras del sector durante el primer semestre. En este lapso, por ejemplo, se vendieron en el país 21.230 viviendas nuevas, lo que representa un crecimiento de 11% respecto del mismo período en el año pasado. El Índice Mensual de Actividad de la Construcción (Imacon) creció 6,3% en relación con esta fecha en 2004. Esto significa que todas las actividades que giran alrededor del dueño de una constructora crecieron también durante este período; por ejemplo, el empleo en el sector, que creció 10,5%, también ha visto aumentar el flujo de movimiento de los contratistas generales y quienes se dedican a la distribución y despacho de materiales. EL DILEMA DE LLAMARSE “HABITACIÓN” Pero tanta bonanza desentona con las manifestaciones que pudo advertir la opinión pública cuando un grupo de mujeres con deudas habitacionales se colgaron de la señalética en plena Alameda, en el centro de Santiago, para llamar la atención sobre sus problemas. Las cuentas alegres en calle Marchant Pereira, en la sede de la cámara, tampoco sintonizan con las habituales imágenes de nuevos propietarios mostrando las fallas de sus nuevas viviendas, algunas tan groseras como las legendarias casas Copeva. Está claro que existe un notorio déficit habitacional, que camina muy cerca de la mala calidad de las viviendas denominadas “sociales”. En este contexto, la franquicia que les permite a las constructoras descontar fondos, recuperando IVA, parece difícilmente justificable, al menos a primera vista. Así lo cree un grupo de 10 parlamentarios de la Concertación que en diciembre del año pasado presenta un proyecto de ley para modificar el alcance del término “habitación” en el artículo 21 del Decreto-Ley 910. Se busca reinterpretar el concepto y que se entienda como habitación “toda construcción levantada con dicho fin cuyo valor de tasación no sea superior a las 520 UF (9,13 millones de pesos). Según los diputados concertacionistas, la intención no es quitar la franquicia del todo, sino focalizarla hacia los sectores más deficitarios, teniendo en cuenta que sólo 57 millones de dólares, es decir a penas el 19% del monto total de esta asignación, llega al segmento de viviendas sociales. “No se justifica que estemos subsidiando a un sector tan potente de la economía chilena. Quizá, 20 ó 30 años atrás servía para fomentar la construcción. Si hay que otorgar este tipo de subsidios, que se entregue a los microempresarios. Además, estos recursos van a ser reinvertidos precisamente en viviendas de mejor calidad, de más metros cuadrados, para no seguir entregando estas casas de ahora que atentan contra la dignidad de mucha gente”, dice el diputado PPD Aníbal Pérez, uno de los patrocinadores del proyecto. Aunque el tema vivienda es muy atractivo en tiempos de elecciones, la iniciativa de cambio a la carga tributaria no ha tenido la repercusión pública que sus promotores desearían. El diputado PS Carlos Montes, reconocido como uno de los más tenaces partidarios de la modificación, convocó a una conferencia de prensa que finalmente fue abortada, porque ningún colega parlamentario se decidió a acompañarlo. Aun así, los sondeos demuestran que en el Congreso hay voluntad de avanzar hacia la eliminación de este subsidio. En las comisiones de Vivienda y Hacienda de la Cámara, el proyecto fue aprobado en julio. En la primera se acordó -con siete votos a favor y cuatro abstenciones- fijar el monto límite en mil UF y agregar otro artículo mediante el cual se crea un programa para mejorar la calidad de las casas entregadas por el Serviu. INCONSTITUCIONAL En la Comisión de Hacienda, el proyecto fue aprobado por cuatro votos a favor y tres en contra. La iniciativa debió enfrentar los cuestionamientos formales de los diputados UDI Rodrigo Álvarez y Julio Dittborn, para quienes el proyecto es inconstitucional, porque la facultad de modificar cualquier asunto de orden tributario es exclusiva del Presidente de la República y no de los parlamentarios. En efecto, por medio del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, el Gobierno se declaró contrario en el corto plazo a modificar los impuestos. “Si el Parlamento le asegura al Ejecutivo de que hay un consenso general y que no habrá líos en el Congreso ni se va a politizar el tema, el Gobierno se sumaría; mientras eso no ocurra, el Gobierno no patrocina ninguna de esas cosas”, asegura una fuente de Hacienda, confirmado lo expuesto en los oficios entregados por el ministerio a las dos comisiones parlamentarias. “Las franquicias deben entregarse de manera mucho más focalizada, y ésta no está beneficiando sólo a los sectores modestos, sino también a los sectores altos, y eso es claramente lo que hay que modificar”, dice el diputado UDI Víctor Pérez al confirmar que la voluntad de cambiar este escenario es en apariencia transversal. Pero el parlamentario opositor advierte que si el Gobierno está dispuesto a eliminar este subsidio, “que lo diga directamente, pues en la comisión estamos dispuestos, en el evento de que las cosas se hagan bien, a eliminar esa franquicia para que los recursos se reinviertan en la política habitacional”. Pérez pone énfasis en que el proyecto, que el martes 2 fue informado en sala y cuya discusión quedó pendiente para esta semana, no es el más adecuado, por cuanto le quita el rango de “habitación” a las viviendas que valgan más de 520 UF. FALENCIAS TÉCNICAS En un oficio emitido por el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Juan Toro, el 24 de mayo de este año, se insiste en las dificultades prácticas que ocasionaría la implementación del proyecto parlamentario, porque en la Ley sobre Impuesto Territorial se estipula que el valor de las viviendas sólo se puede determinar una vez que están terminadas. Además, el SII considera que también sería más engorroso el pago de la franquicia tributaria en relación con las cantidades que se desembolsen antes de que la vivienda esté construida y que sea debidamente tasada. Pero esto no significa sepultar las aspiraciones parlamentarias. Una fuente del SII dice que si la iniciativa se convierte en ley, el servicio está obligado a implementarla, porque el SII no implementa la política tributaria, sólo la ejecuta. En medio de todo este buen ambiente favorable a un entendimiento está la oposición tenaz de la Cámara Chilena de la Construcción. Otto Kunz delineó esta iniciativa como “un nubarrón en el horizonte” lleno de proyecciones auspiciosas para el sector: “De aprobarse la eliminación de esta franquicia –dijo-, el valor de las viviendas subiría en 10% y puede significar entre 20 y 30 mil puestos de trabajo menos, porque seguramente se van a inhibir nuevos proyectos”. El representante de la Agrupación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, participó de la discusión parlamentaria. Como cree que “las autoridades chilenas son muy permeables a las solicitudes de los poderes fácticos”, asegura que se seguirá subsidiando a sectores que no lo necesitan. “Pero, en este sentido, no tengo ninguna duda de que el Presidente nos va a apoyar”. LND