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La verdad es otra: se estaba ocultando la devastación generada por un proyecto inmobiliario sobre la cota 1.000. El fallo no ordena el cierre y sanciona a empresas privadas y a la municipalidad por los permisos ilegales. El mundo al revés.
Santiago, una ciudad que ha crecido en forma desordenada y generalmente vertical, donde se ocupan de manera prioritaria sectores suburbanos que han ido poblando áreas verdes o generalmente destinadas al cultivo, cuenta cada vez menos con pulmones verdes.
Los cerros del área metropolitana son algunas de ellas, donde destacan desde luego el San Cristóbal y Santa Lucía, pero donde además están cerro Renca, El Plomo, Blanco, Calán, Chacarillas, Chena, Manquehue y una serie de pequeños cerros islas, sobre todo en el sector oriente, sumando 26. Su propiedad es tan variada como sus ubicaciones y actuales destinos, algunos públicos, otros entregados en concesiones, como el cerro Calán a la Universidad de Chile o el Chena, al Ejército. Otros son municipales, como El San Cristóbal y varios más privados: También los hay de dominio mixto, como los del cordón Manquehue.
Tarjeta roja a la Vía Roja
Justamente este último ha estado en el tapete de la discusión en los últimos días. De una altura aproximada de 1.638 metros y de unas 1.000 hectáreas, es parte del denominado “cordón Manquehue”, ubicado al noreste de la capital. Cuenta con a lo menos cuatro ingresos comúnmente usados por amantes de la naturaleza que lo prefieren por su accesibilidad y bajo peligro. Uno de ellos es por la exclusiva comuna de Vitacura y se denomina Vía Roja, en el sector Lo Curro. Así lo reconoce el alcalde (s) de esa comuna, Alejandro Jahn: “el Manquehue es un patrimonio de la ciudad, y así lo hemos entendido en Vitacura. No solo lo visitan los vecinos, sino también habitantes de la ciudad y turistas”.
Pues bien, contrario a aquello la mentada municipalidad optó por cerrar su acceso, amparándose en una presunta orden judicial que buscaría proteger las áreas verdes, supuestamente venidas a menos por la invasión de personas y animales: el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), planteó que la fauna del lugar debe recuperarse naturalmente, para lo cual se requiere restringir el ingreso de visitantes y, sobre todo, de perros, cuyos dueños los dejan sueltos. Se estiman en unos diez mil los visitantes que mensualmente acceden al cerro.
Sin embargo el Intendente Claudio Orrego, que justificó esa razón, reflexiona que la solución no es llegar y cerrar el acceso, sino regularlo: “No podemos seguir tapando el sol con un dedo. La gente lleva décadas subiendo al Manquehue y va a seguir subiéndolo. Entonces, hay dos posibilidades: o lo regulamos (...) o la gente lo va a hacer a la mala, que es el peor de todos los negocios”, dijo, para lo cual dio paso a una mesa de trabajo multisectorial (municipalidad, propietarios, Servicio de Evaluación Ambiental, Seremi del Medio Ambiente, Servicio Agrícola y Ganadero, Conaf, Club Andino Los Malayos y de la Asociación de Parques Cordillera, entre otros).
El fallido fallo
Para acceder al cerro Manquehue por Vía Roja se debe circundar el denominado cerro Lo Curro, de baja altura y que es donde los privados poseen el dominio de las once hectáreas que fueron dañadas. Sucede, sin embargo, que la razón del daño no es actual, ocurrió hace unos diez años como consecuencia del interés de los propietarios de lotear y construir allí. A ellos en la sentencia de la Corte se sancionó por el perjuicio medioambiental y a ellos se les habría ordenado reparar la depredación a la flora y fauna, no el cierre de una vía de acceso.
La pregunta es entonces ¿ordenó la Corte el cierre de Vía Roja y el acceso al Manquehue o a las once hectáreas devastadas privadas? A ello responde el propio alcalde (s), quien aclara que los senderistas que entran por Vía Roja (pasando por el cerro Lo Curro) “no van a ese terreno, sino a un sendero que va hacia la cumbre del cerro Manquehue o al Manquehuito”. Sin embargo la autoridad municipal insiste en cerrar la mencionada vía. ¿A quién o qué se protege efectivamente?
Sin perjuicio que debieran regularse las condiciones de acceso de turistas y mascotas, lo cierto es que el daño efectivo habría sido causado por razones muy diversas a las expuestas por la autoridad municipal y regional, pues obedecería al intento fallido de empresas particulares por explotar el cerro en términos habitacionales. Se trataría entre otras, de las sociedades Desarrollo Agua del Palo y Rentas San Arturo. También el nombre de un particular aparece en las denuncias de vecinos y organizaciones ambientalistas y ciudadanas como el verdadero responsable del daño y del cierre.
Loteo frustrado
“Hace 10 años -relata el Presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, Patricio Herman a Cambio21-, Arturo Lyon, un importante gestor inmobiliario, intentó explotar comercialmente la parte alta del cerro Lo Curro, parte del cordón Manquehue y que es vía obligada de excursionistas y turistas que buscan acceder al cerro. Él fue el responsable de la destrucción de la flora y avifauna”.
Una denuncia de la fundación patrocinada por el abogado Gustavo Cruzat ante el Consejo de Defensa del Estado (CDE) generó que la Corte Suprema sancionara a la Municipalidad de Vitacura y a las dos sociedades de Lyon.
De hecho, dice Herman, “se trataba de un loteo brujo, por lo tanto ilegal”, desmintiendo que por el “fallo de la Corte Suprema se haya tenido que cerrar la Vía Roja situada en Lo Curro. Injustificadamente se ha impedido el libre acceso de los deportistas y excursionistas al cerro Manquehue mediante una decisión discrecional y arbitraria”, recalca, al paso que relata que “esa intervención irregular en once hectáreas fraccionadas en 20 sitios de 5.000 m2 cada uno se llamaba pomposamente Construcción de Viviendas Individuales en Loteo Parque Residencial Manquehue Lo Curro y su propietario era el mencionado Lyon”.
Pero el caso también fue denunciado ante la Contraloría General de la República, la que en su dictamen Nº 35.681 del seis de julio de 2009 estableció diversas ilegalidades en los ámbitos de la construcción, medioambiente, probidad funcionaria y agricultura. El titular del ente fiscalizador le ordenó al alcalde Raúl Torrealba la realización de un sumario administrativo en la Dirección de Obras Municipales, “cuyo resultado desconocemos aunque lo visualizamos, pues el arquitecto Director de Obras fue reemplazado por una colega de él”, sostiene Herman.
¿Quién le pone el cascabel al tigre?
Aquí lo que “se disfraza es una devastación ambiental sobre la cota 1.000 en el cerro Lo Curro, puerta de acceso al cerro Manquehue. El cierre de esa vía era un simple distractor, pues era inconveniente dar a conocer el considerable daño ambiental ocasionado por un privado que está al tanto de la debilidad de nuestras instituciones ambientales y urbanísticas”, denuncia el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad.
Oscar Concha, director regional del SAG, dijo que será ese organismo el que deberá aprobar –de acuerdo con la sentencia de la Corte-, las medidas de recuperación del área de once hectáreas que fueron dañadas por obras que se realizaban en el sector, pero que fueron frenadas por no haber pasado previamente por estudios de impacto ambiental.
Eso implicaría que Lyon no podría ejecutar allí obras inmobiliarias distintas a desarrollos científicos, culturales, educativos, recreacionales, deportivos o turísticos, con las instalaciones mínimas e indispensables para sus habilitaciones y siempre y cuando el proyecto tenga aprobado un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), no admitiéndose divisiones prediales ni asentamientos humanos.
La sentencia que ahora se esgrime es de 2015 y aparece a lo menos extraño que se haya implementado recién hoy, coincidente con los dichos en el vespertino La Segunda del 21/09/17 del dueño de las empresas sancionadas en dicho fallo: “Propietario anuncia que antes de fin de año cerrará acceso más usado al cerro Manquehue”. Extraño además que se culpe a las personas que acceden al lugar, cuando según la resolución el verdadero responsable es, justamente, el dueño.
Más extraño parece que el municipio haya dado a conocer al público el cierre del acceso por Vía Roja, que no es tal. ¿Obedece la municipalidad a los intereses del particular que buscaba el cierre, no habiéndolo ordenado así la Corte? Habrá que presumir el típico “error involuntario”, porque lo otro sería asumir que la autoridad mintió para amparar o proteger la verdadera causa del daño y que manipuló una sentencia como justificación de un acto arbitrario e ilegal sobre un bien nacional de uso público.
El mundo al revés
El médico y alpinista Mauricio Purto reclamó airadamente en redes sociales diciendo: “El mundo al revés. Permiten lotear el cerro Manquehue sobre la cota mil y lo cierran a paseantes por impacto ambiental”. La seguidilla de tuits no se hizo esperar. Otro mensaje electrónico, esta vez del cibernauta Gonzalo Brham, consideraba “impresentables las medidas de la municipalidad de Vitacura y del alcalde Torrealba de cerrar el acceso al Manquehue”.
Lo que viene a continuación raya en lo inaceptable: se trata de la respuesta de la Municipalidad de Vitacura mediante otro tuit que sostiene textualmente: “Gonzalo, la municipalidad acata fallo de la Corte Suprema y se pone a disposición para ejecutar lo solicitado por Conaf y SAG, donde se explican acciones a realizar según el fallo de la misma Corte, con todo el afán de proteger el lugar y su preservación ecológica. Siguen existiendo alternativas de acceso a través del Colegio Saint George. ¡Saludos!”.
No se dejó esperar la respuesta, esta vez de “Juan Machuca (SAG)”, jefe del Departamento de Fiscalización y Evaluación Ambiental del SAG Metropolitano, que desmintió lo anterior puntualizando que esa “no es una medida que haya impuesto el SAG per se, sino que tiene que ver con las medidas propuestas por la demandado para permitir el regeneramiento natural del área”.
El periodista Rodrigo Guendelman en su blog denuncia que “la razón que se entrega públicamente es absurda: se supone que el cierre se debe a un fallo de la Corte Suprema a raíz de un juicio iniciado en 2008 en contra de dos particulares y la municipalidad de Vitacur, por daño ambiental en los faldeos del cerro. Ese fallo impone a las empresas demandadas y al municipio realizar acciones de reforestación, estudios de fauna afectada y su repoblamiento; y la estabilización de taludes y laderas. Todo centrado en el área donde se ejecutó el proyecto inmobiliario que generó el daño y no en otras zonas del cerro que no fueron materia del litigio”. Sobran las palabras, faltan las excusas y responsabilidades.
¿Expropiar o regular?
“Así como la municipalidad de lo Barnechea tuvo el coraje para expropiar el Cerro del Medio y ya trabaja para convertirlo en un gran parque urbano, es momento de que la Municipalidad de Vitacura use a su equipo legal o destine parte de su presupuesto para ponerse en el lado de los ciudadanos y liderar la recuperación de la principal entrada al cerro Manquehue y ojalá, por fin, convertirlo en un parque de acceso público, hecho y derecho. Si uno de los municipios más ricos de Chile no es capaz de proteger su patrimonio geográfico y, peor aún, se presenta como cómplice de daño ambiental a su propio entorno, ¿qué le podemos pedir al resto de Santiago a la hora de preservar los 26 cerros isla de la ciudad antes de que sean saqueados?”, se pregunta Rodrigo Guendelman.
Para Mauricio Purto esto “puede servir de punto de partida para abordar el tema del acceso a estas zonas (…) todo el Manquehue, que parte en el Santa Lucía, se prolonga en el San Cristóbal, se prolonga en La Pirámide y sube por el Carbón, rematando acá, debería ser un parque metropolitano”, asegura, lo que es respaldado por el vicepresidente de Club Trekking Santiago, Luis Tapia: “expropiar sería lo ideal. Con eso se puede ordenar el cerro de manera pública y crear una organización para que existiera educación sobre la zona”.
No todos comparten la receta. El Intendente Orrego llamó a formar una Mesa Técnica de Trabajo que busque zanjar el futuro del cerro Manquehue, creando alternativas y que termine por regular el tema, lo que es respaldado por el diputado UDI Ernesto Silva quien cree que se deben habilitar nuevos accesos y que “la municipalidad, en conjunto con las autoridades, pueda construir una solución sin expropiar”.