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A cinco meses de la calificación ambiental del proyecto, la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, envió una carta a la Directora Regional, Claudia Martínez, para dar a conocer su "desacuerdo con los procesos internos de esta Dirección Regional, tanto administrativo como de evaluación ambiental propiamente tal llevados a cabo respecto del referido proyecto", señalan.
Este lunes la Asociación de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, envió una carta a la Directora Regional, Claudia Martínez para reclamar un "intervencionismo extralimitado" por parte del Gobierno sobre el proyecto minero Dominga durante el periodo en que Pablo Badenier se desempeñaba como Ministro del Medio Ambiente.
En el escrito, al que tuvo acceso El Mostrador, se acusa que "desde el inicio de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental de Dominga, de acuerdo a los criterios transmitidos desde el nivel central, acogidos por nuestras respectivas jefaturas regionales (titulares y/o subrogantes, y durante las presidencias del país tanto del Sr. Sebastián Piñera como de la Sra. Michelle Bachelet) este proyecto fue admitido a trámite no habiendo el titular considerado a la comuna de La Serena desde y hacia donde se desarrollaría la actividad de transporte de personal".
Asimismo, los funcionarios acusan que "no se puso término anticipado a la evaluación del proyecto habiéndose constatado falta de información relevante y esencial para la evaluación del mismo; luego de la Adenda N°2 no se llevó a calificación desfavorable el proyecto, no obstante se constataba que el titular, entre otros, no acreditaba la idoneidad de las medidas de mitigación y compensación que se proponían".
Además, en la misiva señalan que dicha empresa "no reconocía la ejecución, principalmente de actividades de transporte en comunas no consideradas originalmente y, por lo tanto, no se había realizado la correspondiente evaluación ambiental, habiéndose señalado desde el nivel central que las deficiencias antes señaladas debían ser rectificadas y de lo contrario se debiese proponer su calificación desfavorable", y agregan que "el nivel central elaboró un informes de rectificación (ICSARA) no acordado ni con participación de esta Dirección Regional, señalándose expresamente que no podíamos incorporar ni editar nada de ese ICSARA. Con su dictación, el SEA Regional quedó desacreditado frente a los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECAS)”.
Entre las irregularidades que acusan, también relatan que "en reunión efectuada con dichas instituciones se les insistió vehementemente que frente al Adenda N°3 se debían pronunciar definitiva y fundamentalmente sobre el proyecto ya que no existía más plazo de evaluación y por ende debía cerrarse la evaluación con dichos pronunciamientos".
"Una cosa es el apoyo y otra muy distinta es el que tomen ellos la dirección y/o administración de los proyectos y nos dejen sin voz ni voto", reclamaron. Quienes además piden dejar constancia a los profesionales, de que "no tuvimos injerencia en la toma de decisiones finales de este proyecto tan complejo".
Finalmente solicitaron a la dirección "hacer un análisis propio sobre nuestra gestión como Dirección Regional en la evaluación del proyecto Dominga, y sobre el 'intervencionismo' del nivel central, a nuestro juicio extralimitado, que no sólo se limitó a apoyar y colaborar en parte de nuestras acciones", y añaden que "queremos ser verdaderamente evaluadores y no sólo coordinadores, reproductores y editores de informes", concluye el texto.