Durante la última semana, el Consejo de Monumentos Nacionales, la ministra de Educación y la Contraloría han recibido fuertes ataques y acciones de presión, tendientes a invalidar el proceso técnico y apegado a derecho que culminó con la firma del decreto que otorga a Villa San Luis la condición de Monumento Nacional. Respecto de estas acciones ejercidas por empresas vinculadas al holding Consorcio Financiero y a la Cámara Chilena de la Construcción, señalamos:
1. El Comité en Defensa de Villa San Luis considera que estos ataques son gravísimos, puesto que no tienen fundamento legal ni ético alguno y sólo buscan que el Contralor General del la República no tome razón del decreto firmado por la Ministra de Educación haciendo uso de sus atribuciones legales. El lobby de los empresarios defiende sus propios intereses por sobre los intereses colectivos, y presiona al Contralor Bermúdez, a tomar una decisión conveniente para las grandes empresas, sin que exista en el proceso de declaratoria de Villa San Luis, ningún acto administrativo que no se apegue estrictamente a las leyes y a la Constitución.
2. Anunciamos que responderemos a las demandas anunciadas por el Gerente de Inmobiliaria Presidente Riesco, Sr. Luis Gilabert, en las instancias que corresponda y a través de nuestro abogado Andrés Parada Barrera. Sobre lo anterior Parada señala “Considerando la ofensiva comunicacional llevada a cabo por la empresa propietaria de los terrenos de la Villa San Luis, informamos que nos haremos parte en cualquier demanda o proceso administrativo, a fin de defender lo decretado por la ministra Delpiano, en el uso de sus atribuciones legales”.
3. En declaraciones vertidas este domingo en El Mercurio, se acusa una politización del Consejo de Monumentos Nacionales, por el solo hecho entregar protección patrimonial a Villa San Luis, teniendo como fundamento las violaciones a los Derechos Humanos que allí ocurrieron. Esta acusación es totalmente improcedente puesto que el Consejo ha protegido sistemáticamente los sitos de memoria vinculados a la violación de los DDHH, siendo la Villa San Luis, solo un caso más. De hecho, el organismo ya ha entregado protección patrimonial a 22 Sitios de Memoria, como por ejemplo, los Hornos de Lonquén, Villa Grimaldi y el Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Ante esto, es evidente que los empresarios han levantan la voz en el caso de Villa San Luis, y no los anteriores, motivados únicamente por los intereses económicos que existen detrás del Lote 18 de Villa San Luis.
4. La acusación de que el Consejo de Monumentos está actuando por razones políticas y no técnicas, no tiene fundamento, además, porque fueron precisamente las comisiones técnicas de este organismo, -de historia y arquitectura-, las que decidieron, después de meses de investigación, proponer al consejo pleno del organismo, la votación donde la Villa San Luis fue declarada Monumento Nacional. También se ha cuestionado la pertenencia de los consejeros del organismo a diferentes ministerios. Este cuestionamiento es del todo ilegítimo, toda vez que la composición del Consejo está normada de esa manera por la Ley de Monumentos Nacionales.
5. Los empresarios contrarios a la declaratoria, reclaman además una vulneración al Derecho de propiedad, pero sin considerar que los terrenos comprados al Ejército fueron robados a los ex pobladores de Villa San Luis. Es decir, les interesa defender el Derecho de propiedad solo cuando les resulta conveniente. Por eso, no dicen una palabra, ni defienden el Derecho a la propiedad de las 5 mil familias desalojadas de Villa San Luis, desalojo que impacta a toda la sociedad y que no se compara con la pérdida de inversiones de privados que pertenecen al 1% más rico del país.
6. Asimismo, resulta imperioso rectificar –señala el abogado Andrés parada- “lo sostenido por el gestor del proyecto inmobiliario, Luis Felipe Gilabert, quien acusa una expropiación "gratuita" del terreno por el Estado, lo que no es efectivo y resulta técnicamente incorrecto, porque la declaratoria no implica pérdida del dominio de la propiedad, sino una limitación a éste, con pleno fundamento en el ordenamiento jurídico”.
7. Por último, la Cámara Chilena de la Construcción señala que existe jurisprudencia contraria a la declaratoria y que ésta sería nula, toda vez que la inmobiliaria Presidente Riesco tendría aprobado un Anteproyecto de Edificación. Respecto de esto, señalamos categóricamente, que nunca la Contraloría ha impugnado una declaratoria por la sola existencia de un anteproyecto, puesto que este trámite no otorga derechos adquiridos sobre la propiedad. Hacemos un llamado a la Cámara Chilena de la Construcción a transparentar la supuesta jurisprudencia señalada y a abstenerse de presionar al Contralor en relación a la toma de razón del decreto que legaliza Villa San Luis como Monumento Histórico Nacional.
Comité en Defensa de Villa San Luis
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