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La escasez de terrenos para construir dentro de las áreas urbanas pone sobre la mesa un tema clave para el mundo inmobiliario: el cambio de uso del suelo. Entre los privados surgen voces críticas respecto de las dificultades que enfrentan cuando buscan cambiar el uso de sus terrenos, que muchas veces están catalogados como "área verde", viéndose "presionados" a venderlos a bajo precio. Y dejan en evidencia los contrastes que existen frente a las amplias facultades con que cuenta el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) para pedir al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), sólo a través de un oficio, el cambio de uso del suelo a los terrenos de su propiedad dentro de las áreas urbanas. Según la especialista del Instituto Libertad y Desarrollo, María de la Luz Domper, el valor de los terrenos depende de lo que se pueda construir en él, por lo que el hecho de que sólo con un oficio se pueda cambiar el uso del suelo y los planes reguladores de los municipios convierten al Estado en una suerte de "empresario inmobiliario". En efecto, el artículo 50 de la ley general de urbanismo y construcción permite resolver en 30 días el cambio de uso del suelo para el Serviu, incluso aunque éste no cuente con un informe municipal que así lo avale. Además, algunos representantes del sector privado aseguran que es el mismo Serviu el que muchas veces termina comprando estos terrenos a los que no se les otorga el cambio de uso del suelo, para luego transformarlos en zonas aptas para la construcción de viviendas sociales. En tanto, la arquitecta de la gerencia de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, Pilar Giménez, señala: "Como el Serviu es parte del aparato estatal, los procesos se le facilitan, pero un privado no tiene acceso a ese beneficio". Y agrega que "para el Serviu es mucho más fácil transformar zonas 'verdes' en zonas aptas para vivienda sociales, mientras los privados deben esperar los cambios en los planes reguladores, lo que puede tomar años". Peñalolén Un caso que deja en evidencia las distorsiones que se producen en los precios de los terrenos, debido al uso que tienen autorizado, se da en la zona de la emblemática "Toma de Peñalolén". Aquí se da el caso al revés, ya que la idea del municipio es cambiar el uso de la superficie de residencial a uno de servicios y áreas verdes, antes de octubre próximo. Con esto, se lograría bajar en ocho veces las 5 UF ($87 mil 800) del valor del metro cuadrado, para que acto seguido el Gobierno proceda a la expropiación. Pero aquí igual se observa la discrecionalidad con la cual opera la administración pública a la hora de ver un cambio de uso de suelos.