Página oficial de Facebook
En marzo del 2014 se aprobó el llamado “Plano Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde Costero Norte”. Poco antes, Luksic compró 714 hectáreas correspondientes al Cerro Santa Inés. De estos terrenos, 510 hectáreas perteneces a la V región. Según los vecinos, hubo irregularidades a lo largo del “escabroso” proceso y los principales beneficiados son las familias Luksic, Schmutzer y Droppelmann. Una tramitación que hasta el senador Ignacio Walker calificó de “irregular”.
–¿Cuál ha sido mi gran pecado?, pregunta el empresario Andrónico Luksic en un video grabado por uno de sus hijos y que fue subido este domingo a YouTube. El mismo millonario responde: “Mi gran pecado fue no haber salido a explicar antes que soy un ser humano igual que todos ustedes, que soy un poderoso y que tengo influencias en muchas cosas pero que no tengo influencias para hacer llover en Santiago“.
Es evidente que el presidente de Quiñenco, empresa matriz del Grupo Luksic, no tiene lobby directo con San Isidro, pero sí santos en la corte con otros estamentos que le han permitido comprar y vender terrenos a lo largo del territorio nacional, a pesar de estar calificados como zonas de protección ambiental.
Los vecinos de Los Molles explican a Infogate que “Luksic llegó a Los Molles y Pichidangui, con la compra del Cerro Santa Inés a modo de compensación ambiental por el daño generado en las mineras Caimanes y Pelambres”.
Según ellos, el empresario “en todos sus comunicados de Pelambres habla que el Cerro está en de la IV región donde controla todo, pero la verdad es que de las 714 hectáreas del fundo que compró, 510 hectáreas perteneces a la V región, Comuna de La Ligua, en Los Molles”.
“En 2014 se aprobó el polémico Plan Intercomunal Valparaíso Satélite Borde Costero Norte, que regula la superficie desde Concón hasta Los Molles y que tuvo el consentimiento del ex intendente Raúl Celis, a días de dejar la administración. Dejando el Cerro Santa Inés con calificación de ‘rural’ cuando este era de ‘zona de protección’. Es decir, Luksic puede comprar a mejor precio y hace creer a la opinión pública que el “salva” la flora y fauna endémica, cuando la zona del Cerro Santa Inés ya estaba protegido por décadas”, agregan.
Familias poderosas e influyentes
A juicio de los habitantes de Los Molles, lo más interesante y a la vez escabroso del caso es que junto con esta operación aparecen involucrados dos personajes claves: Alfredo Droppelmann, dueño de Rocas del Mar, mega proyecto inmobiliario en la zona patrimonial, y justamente la persona que le vende el Cerro Santa Inés a Luksic; y Alfredo y Mónica Schmutzer.
Dirigentes del movimiento “Protege los Molles” aseguran que lo increíble del caso es que “Alfredo Droppelmann queda en el cambio al Plan regulador, con nada menos de 600 hectáreas de zona urbana. Esto, a pesar de todo Los Molles hoy no tiene más de 80 hectáreas”.
De esta forma, Luksic queda con el Cerro Santa Inés, Droppelmann con 600 hectáreas urbanas y Mónica Schmutzer, de Hoteles Presidentes, también queda con otras 600 hectáreas urbanas gracias al “Plano Intercomunal de Valparaíso Satélite Borde Costero Norte”.
Otro hecho que llama la atención es la relación comercial directa de Mónica Schmutzer con Pablo Jordán, arquitecto y dueño de URBE, empresa que diseñó el Plan Regulador para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estos dos últimos, trabajan en el fondo de inversiones inmobiliarias: Independencia S.A. Firma que compró el túnel El Melón. Hoy por hoy, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) paga millones de pesos para la construcción del segundo túnel.
Patricio Herman, presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, sostuvo al respecto: “Aquí hubo una colusión público-privada, hubo tráfico de influencia y una injerencia desmedida por parte de actores privados y lo que hay que hacer ahora es escuchar a la población”.
“El caso de Caval es una minucia si lo comparamos con esto, porque el caso de Caval eran míseras 44 hectáreas acá estamos hablando de más de mil”, agregó Herman.
Waker y las promesas
En la Comisión de Medio Ambiente del Senado, donde se trató este tema, el senador DC Ignacio Walker reconoce lo irregular del Plan Regulador y se compromete a interferir.
“Quiero proponer el envío de un oficio como comisión del Medio Ambiente al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo –donde yo soy presidente de esa comisión- y al gobierno regional, porque ahí está el instrumento regional de planificación territorial. Por un lado, para hacer ver la irregular tramitación de ese plano regulador. Y por otro, abogar para que se haga en cualquier evento un Estudio de Impacto Ambiental propiamente tal y una Declaración de Impacto Ambiental. Esto implica un grado importante de participación ciudadana, porque aquí no ha habido nada de participación ciudadana”, sostuvo entonces el parlamentario.
Según los vecinos de Los Molles, hasta la fecha nada de lo dicho por Walker se ha cumplido.
“Está semana nos respondió el Minvu sobre la materia del Plan Regulador e increíblemente y a pesar de todo, pretenden aprobar el Plan sin dar ninguna solución al inminente daño ambiental y Social en Los Molles”, señala a Infogate Esteban Vergara, vocero de la agrupación ciudadana “Protege los Molles”.
“Acá necesitamos a un Fiscal de Delitos de Alta Complejidad, porque están implicadas las autoridades, los Cores y Seremis. Aquí no se hizo consulta ciudadana y por más que demostremos las irregularidades que hubo en términos científicos, esto lo quieren aplicar sí o sí”, hace hincapié el dirigente.
¿Santuario?
Gracias al Plano Intercomunal de Valparaíso-Satélite Borde Costero Norte se cambia de zona ZRI3 (zona de protección ecológica) a ZU4 (zona de extensión urbana) un total de mil 400 hectáreas en primera línea al mar, las que quedan sin limitación de construcción.
Asimismo, se establece la posibilidad de que habiten 30 personas por hectárea, permitiendo casi 42 mil ciudadanos. Actualmente, en Los Molles habitan entre 600 y mil personas. En las temporadas estivales se registran problemas de acceso al agua.
El impacto llegaría principalmente al sitio Prioritario Los Molles-Pichidangui donde existe un pequeño parque privado alrededor de un sector llamado “El Pukén”, una formación geológica que provoca un especial fenómeno conocido como el “soplido de ballena” en la costa.
En la zona existe una flora y fauna de alto valor endémico que incluye a 136 especies en peligro, dentro de las que se contemplan flores de origen gondwánico, es decir, prehistóricas, además de una de las 100 especies más amenazadas del mundo según la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza; el cactus “chilenito”, con lo que sitúa el conflicto en la mira de los organismos de protección ambiental de todo el mundo. A estos e suma que es una importante zona arqueología y paleontología del país.
Además, existe también un cerro de características valdivianas con un bosque de olivillo. ¿Adivinen dónde? en el mencionado “Cerro Santa Inés” del grupo económico que lidera el empresario Andrónico Lucksic.
Luksic anunció la construcción de un santuario de la naturaleza, proyecto que se enmarca en el plan de compensaciones ambientales que deriva de sus operaciones mineras. Esteban Vergara, uno de los voceros de la Red Protege Los Molles, criticó la aprobación por parte de los Consejeros Regionales.
“El ente técnico dijo esta es una zona especial, no la pueden tocar, todos los entes técnicos optaron por proteger la zona y una vez que el ente político tomó el tema metieron a 42 mil personas en una zona de protección ecológica relevante de esta región”, comentó el ambientalista y presidente de la junta de vecinos.
El alcalde de La Ligua, Rodrigo Sánchez, se refirió al tema en entrevista con Radio Universidad de Chile. Cabe consignar que Los Molles corresponde a la municipalidad del la Ligua.
“Nunca ha estado de acuerdo con el cambio del plano regulador, el que le parece inexplicable. Más aún cuando que fue votado por el Consejo Regional el año pasado y con el apoyo de una parte importante de la ciudadanía”, dijo el jefe comunal.
Según Sánchez, la votación se realizó marcada por una fuerte desinformación de las partes, ya que, según sostuvo, muchos habrían pensado que las hectáreas que la empresa prometió para ser parque, quedarían dentro de la comunidad y no cómo área privada.
“La gente no se dio cuenta de que habían otros intereses en juego”, remató el edil.