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Según el presidente de la Fundación Defendamos la Ciudad, hoy en día, los planes regulatorios, y las leyes en materia urbana no se cumplen, por problemas de corrupción: “En todos los municipios se hacen trampas”.
La Fundación Defendamos la Ciudad, es una entidad que tiene injerencia, principalmente, en los sectores de vivienda y urbanismo. Y se ha dado a conocer por las causas que lleva en pos de proteger el patrimonio histórico, y hacer cumplir las distintas normativas de urbanismo y construcción. Su presidente, Patricio Herman, habla sobre el principal problema que afecta a esta actividad: la corrupción entre entidades públicas y las empresas privadas que quieren construir de forma irregular.
-¿Ustedes son estatistas o libremercadistas?
-Nosotros somos libremercadistas, pero criticamos el sistema chileno que se autodenomina de libre mercado en atención a que aquí no opera. Muchos actores abusan de su posición dominante, ejercen trampas, se coluden con los diferentes servicios de la administración del Estado para sacar ventajas indebidas, es decir, estamos en una especie de tierra de nadie, y el Estado chileno, no tiene agallas para ejercer su rol.
-Entonces, ¿cómo se ataca a esa corrupción y abuso?
-Es muy difícil, hemos publicado columnas y artículos en diferente medios de comunicación, vamos al Parlamento y hablamos, lamentablemente los parlamentarios son gente que no maneja la información, sólo les gusta la cuña periodística, llamar la atención, es muy lamentable lo que sucede en Chile.
-A ustedes, se les ha llamado "terroristas urbanos", ¿cómo responden a esas críticas?
- La caricatura es el tipo de defensa que tienen estos grandes actores, a los que nosotros les hemos detenido proyectos irregulares, en realidad es para la risa, cuando finalmente son ellos los terroristas, la fundación nuestra promueve reglas parejas para todos, en los mercados, apego irrestricto a los marcos regulatorios. Estas empresas, que son pocas, pero tienen cierto manejo en algunos medios de prensa, se toman la libertad de llamarnos así, como una respuesta a la fiscalización legítima que nosotros estamos desarrollando.
-En ese sentido, ¿consideran que tienen la misma tribuna en medios de comunicación que las empresas?
Si bien es cierto, hace años, teníamos una amplia cobertura tanto en La Tercera, como en El Mercurio, siempre hablamos para defender los legítimos intereses de la población. Y ese fue el motivo por el cual El Mercurio comprendió que era inconveniente, seguir atendiéndonos. El Mercurio, La Tercera y otros medios, dependen de los avisos comerciales de las grandes empresas, y están comprometidos con ellos. Esa es la disyuntiva, o publicar noticias acorde a la legislación, o favorecer, los intereses comerciales, ellos optan por lo segundo. La libertad de prensa, no existe. Sin embargo, los medios digitales, nos han publicado bastante y con eso estamos absolutamente conformes.
-La Fundación Defendamos la Ciudad, ha denunciado una corrupción entre lo público y lo privado, ¿cómo se fundamentan esos dichos?
-Una cosa es el abuso de posición dominante, pero otra, es el ámbito de la corrupción. Existe lo que se llama, criterios corporativos para invisibilizar las malas prácticas, y muchas veces también estas malas prácticas, se cometen coludidos, con altos funcionarios de la administración del Estado, lo cual es bastante obsceno. Ahora, qué va pasar en Chile yo creo que todo va a seguir igual, salvo que tengamos un mensaje muy claro en la próxima elección de parlamentarios.
-¿Esa corrupción para permitir permisos de edificación irregulares, podría ser por una negligencia, a través de funcionarios que no están preparados para evaluar proyectos?
Eso pasa porque los gobiernos nominan en puestos de importancia, no a profesionales que tengan una capacidad técnica en el sector donde se están desenvolviendo, sino que colocan a simples operadores políticos. Incluso muchas veces actúan como simples estudiantes en práctica, o sea aquí por un lado existe negligencia, e ignorancia.
-Aunque no todo puede ser una equivocación...
En Chile la corrupción es bastante inteligente, ellos le llaman equivocaciones y errores involuntarios a las malas prácticas sólo cuando las detectan.Y lo que se detecta es un porcentaje ínfimo, cuando los pillan, ahí dicen que son errores involuntarios. Chile, es el reino de la impunidad, aquí están dadas las condiciones para que algunos pocos, con su posición dominante, y con subsidios indebidos del Estado, junten tremendas fortunas, y cambien de estatus.
-¿Por qué ahora se conocen más casos de corrupción que hace años atrás?
En los últimos siete años, se han dado a conocer estos casos, yo diría por la influencia de las redes sociales, y la influencia que tienen ciertas radios, y en ese sentido yo tengo la obligación de hacer un reconocimiento al rol de la Radio BioBío, que ha atacado con fuerza la corrupción. Ahora también los medios digitales, están ayudando, tomando en cuenta que con todas las facilidades que nos da el ciberespacio, hoy en día, la gente se informa más por Internet que comprando el diario.
-La memoria explicativa del Plan Regulador Metropolitano de Santiago de 1994 y el Plan de Prevención y Descontaminación de la Región Metropolitana (PPDA) de 1998 fueron categóricos en sus planteamientos sobre la expansión urbana en la región metropolitana de Santiago ¿Por qué no se han cumplido esos diagnósticos ?
-Con estos dos instrumentos normativos, se muestra fehacientemente, que una cosa es el discurso público, el político, lo que está escrito en instrumentos, y otra es lo que se hace en la práctica.
Por un lado el Plan Regulador de 1994, decía que como consecuencia de las condiciones metereológicas que tiene la cuenca de Santiago, la falta de vientos en invierno, el encierro geográfico, había que potenciar el crecimiento hacia adentro, o sea crear políticas para densificar la ciudad, pero ciertos actores que habían estado comprando terrenos agrícolas a precio de huevo, convencieron a los decisorios políticos para que les autorizaran cambios de uso de suelo, con rentabilidades tremendas. Y por lo tanto haciendo caso omiso de lo que se decía en la norma.
Es más, el plan de prevención del 98, señalaba lo mismo, decía que por ningún motivo se podían cambiar los usos de suelo, las áreas verdes se tenían que mantener y potenciar, y los diferentes gobiernos, tanto de la Concertación como de Piñera, hicieron todo lo contrario, y se han estado perdiendo miles de hectáreas de áreas verdes y predios rurales. Aquí está el doble discurso de los políticos, que cuando ejercen el poder caen frente a los lobbistas, que piden cambios en los instrumentos regulatorios, y éstos políticos débiles, acceden y publican en el Diario Oficial estas resoluciones.
-¿Qué ocurre a nivel de Municipalidades?
Todos los municipios hacen trampas. En Las Condes, hay un dictamen de la Contraloría, que resolvió que a través de un decreto alcaldicio se hicieron una serie de cambios absolutamente al margen de la Ley, y lo que pasa en las Condes pasa en otras comunas. No hay ningún municipio que se salve. Estas son las lacras que tenemos en Chile.
-¿Qué causas está llevando actualmente la Fundación Defendamos la Ciudad?
-El caso del mall en Viña del Mar, que está para fallo en la Corte Suprema, ahí las empresas Parque Arauco y Ripley, se quieren pasar de listas, y a través de un permiso de edificación del año 2000, -que fue comprado por estas empresas a otras el año 2010-, la trampa era aprovechar normas urbanísticas, absolutamente inexistentes en el plan regulador. Ellos intentan que se mantenga la vigencia de ese permiso, para obtener los beneficios de mayor constructibilidad, mayor altura, pero el permiso caducó y eso lo dijo la Contraloría, aunque aún siguen tratando de hacer pasar gato por liebre.
En Santiago, la que actuó mal y muy mal fue la Municipalidad de Santiago, en el periodo en que Carolina Tohá, ejercía como alcaldesa, quien tuvo un comportamiento que no correspondía. La empresa Agustinas 720 S.A. quería construir un hotel con una altura de 30 metros, y la Contraloría los denunció y resolvió que era ilegal el permiso, y le dio un plazo de quince días para que la dirección de obras iniciara el proceso de invalidación, porque por ser zona típica, la altura de todos los nuevos edificios debería ser de 15 metros de altura, o sea la inmobiliaria quería construir el doble. Afortunadamente la Contraloría está haciendo bien la pega.