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Casi medio año ha pasado desde que salió a la luz pública la pensión de $5,2 millones de la que Myriam Olate -ex esposa del diputado PS Osvaldo Andrade- se hizo acreedora como ex subdirectora de Gendarmería. Su caso, sin embargo, no era el único.
Luego de que el año pasado la Contraloría ordenara iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería que fueron obtenidas “sobre la base de asignaciones improcedentes o sin cumplir todos los requisitos que la ley”, el pasado viernes 6 de enero emitió un informe de auditoría cuyos resultados dejan en evidencia nuevas irregularidades.
“Jubilazos” en ciernes
De acuerdo al documento, al que tuvo acceso Radio Bío Bío, la Ley 19.195 estipula que quedan adscritos al régimen previsional de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca) los oficiales y vigilantes penitenciarios de planta de Gendarmería, y los profesionales de planta -directivos, administrativos, técnicos, auxiliares, entre otros- que presten servicios de forma permanente dentro de una unidad penal.
Sin embargo, la Contraloría detectó que figuran como imponentes en Dipreca 90 funcionarios de Gendarmería en calidad de contrata; 63 de los cuales, además, no se desempeñan en unidades penales. Sin embargo, tras atender las réplicas de Gendarmería, el organismo fiscalizador determinó que 38 de los 90 conservan cargos que se consideran de planta, por lo que de todas maneras “Gendarmería deberá comunicar a Dipreca acerca de las situación que afecta a los 52 funcionarios restantes que no cumplen con uno de los requisitos para estar adscritos al referido régimen previsional, que es estar en la planta del a institución”. Para dicha acción dio un plazo de 60 días.
Pero eso no es todo. El informe también da cuenta que 372 funcionarios de planta, afiliados a Dipreca, desempeñan funciones de forma permanente en unidades que no poseen carácter de unidad penal, no dando con ello cumplimiento a lo dispuesto en la ley. Estas son el Centro de Apoyo para la Integración Social y la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios. “Corresponde que los servidores de estas reparticiones no sean incorporados a Dipreca”, sentenció la entidad fiscalizadora.
Otros ex funcionarios con pensiones improcedentes
Junto a la revisión de los funcionarios activos, la entidad examinó la situación de ocho ex funcionarios de Gendarmería que se acogieron a retiro durante 2015 con pensiones que superan el limite de imponibilidad 60 UF. Finalmente, llegó a la conclusión de que éstos recibieron “estipendios, en los meses precedentes a su retiro, que incidieron en la base de calculo de las correspondientes pensiones”. Ante esto, Contraloría ordenó sumario administrativo para perseguir responsabilidades.
Ejemplo de ello es Pedro Pablo Hernández, quién presidió la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios y se jubiló en 2016. La auditoría constató que por medio de una resolución fue encasillado como Suboficial Mayor grado 9, tras lo cual fue designado como profesional suplente grado 7 desde 1 de julio de 2015 hasta el 30 de noviembre del mismo año, para finalmente ser nombrado directivo grado 4 el 1 de diciembre de 2015 hasta enero de 2016, mes en que se retiró.
“Se observó que las resoluciones exentas respectivas no describían las labores calificadas como críticas, advirtiéndose que estas solamente indicaban el cargo en el que se desempeñaban los servidores, en períodos por el cual ejecutarían dichas labores y el monto pagado por ese concepto, lo que impide acreditar el cumplimiento de la Ley”, señaló la Contraloría.
Otras irregularidades
El informe también da cuenta de inconsistencias entre la información contenida en los libros de remuneraciones y la consignada en las liquidaciones de sueldos de octubre de 2015. En noviembre, por ejemplo, se constataron diferencias de $1.733.333 a favor de un funcionario, con su consecuente impacto a la hora de concretar la futura jubilación. En la misma línea, se detectaron 51 funcionarios que reciben asignación zona y zona extrema pese a figurar realizando sus labores en la Región Metropolitana.
Además, durante el último trimestre de 2015 y el primer semestre de 2016 no fue posible determinar el cumplimiento efectivo de la jornada de 44 horas semanales de parte de los funcionarios, ya que éstos no registraron la hora efectiva de ingreso y salida.
Entre otras consideraciones, la Contraloría también llamó la atención sobre otro punto: personal de Gendarmería que presta funciones a Asociación de Funcionarios. “Se verificó la existencia de funcionarios prestando servicios en las asociaciones cuyas destinaciones datan de 2014 y 2015”, dice el informe. Esto, pese a que la Ley no obliga a las respectivas “jefaturas a proveer personal para el funcionamiento de su asociación de funcionarios”.