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La Moneda está estudiando un proyecto de ley para modificar la organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, según un oficio enviado por el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, al diputado Pablo Lorenzini (DC).
“Me es grato informarle que dicha iniciativa se encuentra en estudio por nuestro equipo legislativo”, afirma textualmente la respuesta al admitir que se basa en la propuesta que el mismo contralor, Jorge Bermúdez, envió en mayo de 2016, planteando entre otros temas, modificar el mecanismo de financiamiento con tal de permitir una estabilidad presupuestaria.
Ese tema fue precisamente el que recorrió gran parte de la discusión en el Congreso durante la tramitación del proyecto de Presupuestos 2017, específicamente en el caso de la Contraloría. De hecho, la segunda subcomisión que preside Lorenzini dejó la partida pendiente para Comisión Mixta, la cual terminó rechazando la asignación a la espera que el Gobierno complementara con $1.400 millones para contratar 26 nuevos fiscalizadores. Ante la falta de respuesta positiva, la Cámara de Diputados también rechazó la partida que luego fue repuesta en Comisión Mixta donde prevaleció la idea original y no se entregó más dinero.
Esta situación disgustó al diputado DC, quien destacó la respuesta de Eyzaguirre en la sala: “Acá en el Congreso primó el sentido común de que no queremos que nos fiscalicen ni que revisen nuestros programas”.
Su molestia se basaba en la exposición que el mismo contralor realizó ante la segunda subcomisión. En la oportunidad, Bermúdez expuso dos gráficas que reflejan claramente cómo se han visto desfavorecidos en términos presupuestarios en los últimos años.
Una de las láminas era un análisis comparado con otras entidades fiscalizadoras, donde se observa claramente que entre 2012 y 2017 los montos entregados a Contraloría han disminuido paulatinamente en 6%. Situación que contrasta con el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Bancos, que han visto crecer sus recursos en 18% en los seis años.
Es más, el contralor admitió que habían solicitado un alza de recursos para 2017 de 9,5% y sólo se les concedió 1,7%. “Lamentó especialmente el bajo crecimiento de Gastos en Personal, puesto que del 3,3% solicitado sólo obtuvo un incremento de 0,5%, según consta en las actas.
Explicó que si existiera un proyecto de estabilidad presupuestaria para su repartición el monto en 2017 debería llegar a $83.871 millones, bastante más que los $73.199 millones que se les otorgó. Precisó que actualmente el órgano contralor tarda más de cuatro años en “dar la vuelta” por el sector público. La idea es reducir el plazo de la cobertura a tres años, “que puede parecer un período muy largo, pero dado el contexto actual resulta una meta ambiciosa”, señaló Bermúdez.
Su propuesta de estabilidad supone una asignación equivalente a 0,18% del presupuesto total y ejemplificó lo que podría haber hecho si tuviera los recursos necesarios en 2017: “Habría podido capacitar a 30 mil funcionarios municipales en cursos de ética y probidad; o desplegar un programa intensivo de fiscalización de recursos públicos en todas las universidades no estatales del sistema que reciben fondos públicos; o elevar la capacidad para atender denuncias de corrupción”.