Defendamos la ciudad

Santiago, Lunes 12 de Marzo de 2007 Señora Paulina Veloso V. Ministra Secretaria General de la Presidencia Palacio de La Moneda Presente De nuestra consideración: Acusamos recibo de su ORD (DJ) Nº 289 del 5 de Marzo de 2007 mediante el cual, dentro de un intercambio epistolar, reitera su opinión sobre materias relacionadas con los Tribunales Superiores de Justicia y la Contraloría General de la República, en cuanto a que sólo los primeros pueden decidir la legalidad de los actos administrativos urbanísticos generados por las distintas direcciones de obras municipales y secretarios regionales ministeriales de Vivienda y Urbanismo, criterio que obviamente no compartimos. En el punto 1.- de su ORD. usted afirma que nuestras agrupaciones ciudadanas “desconocen el valor jurídico que en nuestro Estado de Derecho tienen las resoluciones judiciales”. Craso error. No desconocemos los fallos judiciales, por la sencilla razón de que ellos producen efectos reales. Pero sí rechazamos de plano la pueril argumentación de la 3ª sala de la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Suprema, en cuanto a que la Contraloría General no puede ejercer su rol en el análisis del fondo de los permisos de edificación y materias asociadas al urbanismo y medio ambiente. De la lectura de sus puntos 2.- y 3.- nos queda claro que para su ministerio, por lo menos mientras usted ejerza la titularidad, son irrelevantes el artículo 87º de la Constitución, el artículo 1º de la Ley Nº 18.575, el artículo 52º de la Ley Nº 18.695 y la propia Ley Orgánica Nº 10.336 de la Contraloría General, ya que en nuestra nota del 05/02/07 nos referíamos a ellos en nuestra defensa del rol que debe cumplir esta última y en su respuesta del 05/03/07 los ignora completamente, avalando por lo tanto la posición de las cortes jurisdiccionales. En el punto 4.- nos señala que “lamenta las inadecuadas y menoscabantes expresiones contenidas en su última comunicación, las que además de alejarse del mínimo respeto que mutuamente se deben autoridades y ciudadanos, en nada contribuyen al diálogo democrático y a la construcción de soluciones pacíficas y civilizadas para los conflictos o problemas de la ciudadanía” (sic). Le informamos señora Veloso que nosotros no empleamos términos irrespetuosos con nadie, ni menos con una distinguida ministra de Estado. Lo que sucede es que en nuestra condición de ciudadanos conscientes, informados y ejercitadores de nuestros derechos y deberes e independientes de todo tipo de poderes, manifestamos nuestros pareceres sin el empleo de eufemismos. No somos partidarios del servilismo ni de los comportamientos oblicuos, más aún en nuestro intercambio de cartas en donde tratamos un asunto de competencia para ejercer el control de la legalidad de los actos administrativos del Estado. Le aseguramos señora ministra que la ciudadanía confía mucho más en la Contraloría General, con toda su excesiva burocracia y tardanza para resolver, que en los Tribunales Superiores de Justicia y ello está refrendado por estudios de opinión pública que todos conocemos. Sabemos que al gobierno le incomoda tener una Contraloría General autónoma e independiente y por ello el presupuesto que se le asigna es tan reducido. Nuestras agrupaciones no tienen una buena percepción de la generalidad de los ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago y Corte Suprema y sí una favorable impresión global de los tribunales de primera instancia. Y como ejemplo de nuestra aseveración tenemos nuestra carta del 22/11/06 dirigida al Presidente de la Corte Suprema, en donde resumimos la reunión sostenida con él el día anterior sobre la contienda de competencia entre el Poder Judicial y la Contraloría General y la mala utilización del recurso de protección por parte de empresarios inmobiliarios: a la fecha no responde (sic). Nosotros, a diferencia de la mayoría de quienes ostentan poderes fácticos y poderes políticos, tenemos la virtud de hablar con franqueza y transparencia porque no buscamos nada de nadie. Sólo nos interesa que este país llegue al estadio del desarrollo integral y para ello hay que ir erradicando ciertas prácticas que le están haciendo mucho mal a nuestra sociedad. Nos pareció de pésimo gusto que Ud. pretenda involucrar a la Corte Suprema en la designación del titular de la Contraloría General, más aún sabiendo que esa instancia judicial ha menospreciado a la institución más proba y honorable del país, sólo para justificar unos discutibles fallos judiciales que favorecían a privados que habían sobrepasado, con la ayuda de funcionarios municipales y de Vivienda y Urbanismo, el marco regulatorio urbano-ambiental. Y resulta que a usted se le ocurrió esa idea porque tiene relaciones personales y de amistad con muchos ministros de la Corte Suprema, según el vespertino La Segunda del 09/03/07. Luego, como el gobierno que usted representa tiene una “visión crítica del mecanismo de designación del contralor”, recurre donde sus amigos de la Corte Suprema para que la ayuden a salvar la situación. Permítanos decirle que no se trata de que el mecanismo sea malo, sino que el mismo no le ha permitido al gobierno desprenderse de una abogada honorable como es la señora Noemí Rojas a cargo de la Contraloría General, noble institución que muchos en este país no quieren que ejerza en plenitud sus atribuciones. Son los mismos actores que hablan de “flexibilidad”, “errores administrativos”, “buena fe en los negocios” “rigideces del sistema”, “el responsable es otro” etc. pamplinas que se utilizan en Chile para violar las leyes y establecer la impunidad en los hechos consumados. Si Ud. logra convencer a los políticos de la Alianza en orden a que apoyen su proyecto modificatorio, quedará meridianamente claro que el próximo Contralor General será un adusto abogado que hará los cambios internos necesarios en la Contraloría General para que la actividad mercantil opere con “fluidez” en la obtención de “resultados” sin importar cómo. En todo caso tenemos la esperanza de que el impasse de la Contraloría sea un episodio transitorio y que nuestras autoridades, incluyéndola a usted, persona reconocidamente inteligente, retomen la agenda de la cordura y la prudencia para evitar la descomposición generalizada que visualizamos en nuestro país con el tipo de políticas públicas imperantes. Al respecto el mejor ejemplo demostrativo es el experimento, cuyos únicos perjudicados son los más pobres, que se está llevando a cabo con el Transantiago porque se diseñó e implementó por teóricos que no utilizan el servicio de locomoción colectiva. En este Plan de Transporte se debió haber desarrollado un proceso de participación ciudadana para validarlo con información de sus usuarios y así legitimarlo, pero el autoritarismo imperante no lo permitió. Le enfatizamos señora ministra que nuestra preocupación tiene que ver con el creciente número de conflictos urbano-ambientales que estamos presenciando y la nula o escasa voluntad del sistema para aportar soluciones que, equilibrando los intereses de las partes, no favorezcan indebidamente a una de ellas, como es el caso hoy en día. El fondo de los conflictos urbano-ambientales no es evaluado ni menos resuelto por ninguna de las múltiples instancias que debieran participar en el proceso. Al respecto, el Minvu acoge toda modificación a la normativa urbana que se le presente, en interés de las inmobiliarias; la Conama no tiene facultades para evaluar los impactos urbanos y de circulación que generan los desarrollos inmobiliarios gigantes; los municipios no fiscalizan la apropiación para actividades mercantiles de los cerros-islas que son áreas verdes, los mismos municipios rechazan los plebiscitos convocados por los ciudadanos de acuerdo a la ley (ejemplo comuna de Vitacura), el CDE no se hace parte de las denuncias por apropiación o enajenación indebida de propiedades fiscales; el Consejo de Monumentos Nacionales cierra un ojo ante la destrucción del escaso patrimonio urbano de nuestras ciudades; el Gobierno se “olvida” del ofrecido Defensor del Pueblo; los colegios profesionales tienen prácticamente congelados sus tribunales de ética; los medios de comunicación, en particular la televisión, niegan sus espacios a la discusión de los grandes temas de interés urbano y ahora se suma la Corte Suprema con sus fallos hechos a la medida de los grupos inmobiliarios. La cereza maraschino sobre la torta la hemos conocido recientemente a raíz del fallo de la Corte Suprema que favoreció a un inmobiliario, que pagó los derechos municipales de un permiso ilegal otorgado a la Embajada de Rusia, para edificar 2 torres de 31 pisos en Las Condes, en circunstancias que las normas permiten alturas máximas de 15 pisos, arguyendo falazmente, que los funcionarios municipales responsables no cumplieron con la exigencia de informar previamente al afectado sobre el acto que revocaba ese permiso. ¿En qué quedamos? Si en definitiva, ni el Minvu la Conama, el Consejo de Defensa del Estado, el Consejo de Monumentos Nacionales, los colegios profesionales, los municipios ni la Corte Suprema se ocupan del “fondo” de la normativa urbana ¿Quién se ocupa? Hasta hoy ha sido la Contraloría General la única que lo ha hecho, a solicitud de grupos de ciudadanos organizados, pero ahora como consecuencia de sus dictámenes, aparecen ciertas autoridades muy preocupadas por modernizar a la Contraloría, en circunstancias que los distintos gobiernos la ha tenido sin los recursos suficientes para que ejerza su cometido. Expresándole que, por la consideración que le debemos a nuestro alicaído Estado de Derecho, sería saludable no incorporar a la Corte Suprema en la decisión para nominar al titular de la Contraloría General de la República y la instamos a que informe a la opinión pública cuáles son los motivos concretos que tiene el gobierno para no confirmar como Contralora a la actual Sub-Contralora. La ciudadanía valorará que Ud. señale con claridad la razón de su animadversión hacia esa diligente y preparada funcionaria pública quien, imperturbablemente, ha estado ejerciendo con eficacia su cometido en forma interina. En la seguridad de que nuestras francas palabras la ayudarán a tomar las mejores determinaciones para orientar en la senda del bien a nuestro país y reconociéndole su interés en mantener este intercambio de comunicaciones con organizaciones civiles, la saludamos muy atentamente. Patricio Herman P. Héctor Arroyo Ll. Agrupación “Defendamos la Ciudad” Rodrigo Cociña G. Víctor García P. Agrupación “Defendamos Plaza Las Lilas”