Concejal UDI de La Reina, quien es precandidato a alcalde de esa comuna.

Informo a través de este medio que he denunciado en la Contraloría General de la República al concejal UDI de La Reina, José Manuel Palacios, por no haberse inhibido de votar en una materia de tipo urbanística llevada a cabo en el Concejo Municipal de La Reina, ello por cuanto él era parte interesada económicamente.

Recordemos que el artículo 89º de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades dice en su inciso segundo “ningún concejal de la municipalidad podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados…….”. Y el inciso tercero dispone “se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecto moral o pecuniariamente a las personas referidas”.

Este concejal que es precandidato, por su espacio político, para la próxima elección de octubre de alcalde de La Reina, intervino y votó en el Concejo Municipal a favor de los intereses de su padre, dueño 3 inmuebles localizados en la Av. Ossa 765, Guillermo Tell 5722 B y Av. Echeñique 5813, los que se vieron favorecidos con los cambios en altura resueltos en el año 2009 en el Plan Regulador Comunal (PRC). Las 2 primeras propiedades que tenían avalúos del SII del orden de los $ 165.000.000, fueron vendidas después de esos cambios a inmobiliarias en precios cercanos a los $ 1.000.000.000.

Por la tercera casa dicho concejal se opuso al cambio restrictivo que se votó en la sesión del 1º de octubre de 2015 en el Concejo Municipal de La Reina porque su padre, ahora aprovechando las exageradas normas de edificación contenidas en el PRC, la estaba ofreciendo en el mercado de la construcción. En dictamen 41.341 del 3 de junio de 2016 de la Contraloría General de la República se concluyó que el mencionado concejal no pudo haber participado en la discusión ni haber votado en la sesiones del Concejo Municipal, en lo relacionado con la modificación al PRC de La Reina, en la medida de que él o alguno de sus parientes, esté interesado en dicho asunto. Como vemos, el ente fiscalizador dejó el camino abierto para que un Fiscal del Ministerio Público haga su tarea.

En todo caso, esta situación ilegal que colisiona con los estándares de probidad, le fue informada oportunamente a los principales dirigentes políticos de la UDI, RN y partidos menores de la centro derecha como igualmente al Concejo Municipal de La Reina y a la Fundación Defendamos la Ciudad.

Atentamente,

Francisco Javier León