Defendamos la ciudad

con ocasión de la contienda de competencia que ha surgido a raíz de fallos de la Corte Suprema que han invalidado sólidos dictámenes de la Contraloría. Patricio Herman de Defendamos la Ciudad expresó "está sumamente claro que la ministra Veloso, persona de la más alta confianza de la presidenta Bachelet, desea reducir drásticamente el quehacer fiscalizador de la Contraloría y ello pasa por nombrar como titular de ese organismo de control a una persona afín a las flexibilidades que nos tiene acostumbrado el gobierno, cuyos altos dirigentes políticos conocen la rectitud de la Sub-Contralora General de la República. El poder ejecutivo no desea que la Contraloría analice las materias legales de fondo de los actos administrativos, tanto del gobierno como de las municipales, y por ello no desea confirmar como titular de ese órgano a Noemí Rojas, abogada que no se prestaría jamás para proceder de la manera que La Moneda le indique y por ello se le está ninguneando. Si finalmente llegara a prevalecer lo que La Moneda desea, es decir, jibarizar a la Contraloría, esperamos que a la brevedad el Congreso Nacional haga las modificaciones constitucionales y legales respectivas para que esa respetada institución del Estado se transforme en una simple timbradora de papeles. Veremos si los diputados y senadores estarán dispuestos a permitir el descontrol más descomunal en el ejercicio del poder". El arquitecto Héctor Arroyo de la misma agrupación ciudadana dijo "los malabares para designar al nuevo Contralor forman, evidentemente, parte de un diabólico plan muy bien concebido para estrangular a la Contraloría y deshacerse de un estorbo republicano que les molesta y pone al descubierto sus diarias hechorías. Por otra parte, limitar la labor de la Contraloría a contar las platas y analizar las formas de los procedimientos administrativos, hoy día inmersos en una filosofía de la flexibilidad extrema, por no decir otro cosa, es retroceder a los tiempos medioevales en donde el rey mandaba a su gusto. Este intento del gobierno y de la Corte Suprema de menoscabar a la Contraloría, con toda seguridad, no nos dará fama y prestigio en los círculos internacionales". Jorge Cisternas del mismo grupo manifestó "no logramos comprender que un gobierno ciudadano, como el actual, busque tan insistentemente que la Contraloría se transforme en una institución de fachada, es decir, sin atribuciones. En este caso estaríamos ante un descalabro de proporciones que sería muy complicado revertir". Rodrigo Cociña de Defendamos Plaza Las Lilas manifestó "tal como le contestamos por escrito hoy lunes a la ministra Veloso, en cuanto a que su pretensión de que la Contraloría General no puede actuar en función de preservar el Estado de Derecho es una falacia y por ello el gobierno tiene que adoptar una posición clara al respecto. La Constitución y otras leyes mencionadas en la epístola le entregan las atribuciones a la Contraloría para que ejerza el control jurídico de todos los permisos que otorgan los funcionario públicos. Si de verdad queremos combatir la corrupción no se puede descabezar a la Contraloría, introduciendo criterios flexibles que sólo favorecerían a los más agresivos actores de los sectores público y privado". Más adelante se aprecia el texto de la carta-respuesta a la ministra Paulina Veloso. contactos 2330321-09/2585459 ....................................................................................................................................... Santiago, Lunes 5 de febrero de 2007 Señora Paulina Veloso Valenzuela Ministra Secretaria General de la Presidencia Palacio de La Moneda Presente De nuestra consideración : Acusamos recibo de su ORD. (DJ) Nº 130 del 25/01/07 sobre la contienda de competencia existente entre la Contraloría General de la República y los Tribunales Superiores de Justicia con respecto al control de la legalidad de los actos administrativos, fundamentalmente los permisos de edificación, otorgados al margen del ordenamiento jurídico por las Direcciones de Obras Municipales avalados por el Seremi de Vivienda y Urbanismo. En su atenta nota Ud. nos dice que el artículo 76º de la Constitución Política del Estado expresa que "la facultad de conocer de las causas civiles y criminales .................. pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos en la ley" y que nadie más puede ejercer "funciones judiciales" y que sólo el Poder Judicial puede resolver los conflictos jurídicos, con lo cual Ud. comparte la infamante posición de algunos que desean restringir la potestad de fiscalización de la Contraloría General. Le recordamos que también dicha Constitución le asegura a los chilenos a vivir en un ambiente libre de contaminación y ya sabemos cuál es la triste realidad que se aprecia al respecto. En esta oportunidad y dado que su criterio lo rechazamos de plano, le reiteramos que por conocer a fondo los manejos de los particulares poderosos con la estructura del Ejecutivo, la ciudadanía inerme considera a la Contraloría General como garante de la legalidad de los actos administrativos. Es más, los Tribunales Superiores de Justicia saben que su pueril argumento de que la Contraloría no puede analizar el fondo de los permisos de edificación es una fórmula arbitraria para favorecer a los cabilderos del poderoso sector inmobiliario, siempre tan cercano a los gobiernos de turno y vemos con desencanto que el actual, conducido por la Presidenta Michelle Bachelet, no es la excepción. Ud. debe tener presente que las desautorizaciones judiciales a los sólidos dictámenes de la Contraloría General no han podido demostrar que ésta ha estado equivocada en sus planteamientos jurídicos, sino que tan sólo han expresado que estos asuntos no son de su competencia (sic), es decir, estamos ante liviandades dignas de un país sumamente light, cuyas autoridades se dejan pautear por quienes financian las campañas políticas de uno y otro bando. En el punto 9.- de su ORD. (DJ) Nº 130 usted señala que "los Tribunales han resuelto en contra de sus intereses" y que nosotros hemos sido partes en dichos procesos y que nuestros argumentos han sido rebatidos (sic). Le respondemos informándole que nuestras organizaciones ciudadanas, aunque no lo crea, defienden intereses públicos, porque el Gobierno inexplicablemente aplica la política del laissez- faire para facilitar los negocios ilegales del sector inmobiliario. Nosotros no defendemos intereses privados y ello está reflejado en la labor pública y voluntaria que estamos desarrollando, a mucha honra, desde hace años. Y no solamente el gobierno esquiva su rol conductor de las políticas públicas sectoriales, sino también las municipalidades, sobre todo las de la zona oriente de Santiago, en donde la corrupción es desenfrenada, situación que es silenciada, por razones de elemental entendimiento, por los consorcios periodísticos que dominan el mercado de la prensa escrita. En todo caso, de la lectura de su comunicación, concluimos que la ciudadanía está indefensa ante las violaciones de las normas urbanistas por parte de las Direcciones de Obras Municipales y Seremis de Vivienda y Urbanismo, porque los futuros dictámenes de la Contraloría General, que detectarán las anomalías de los permisos de edificación, serán invalidados por los Tribunales Superiores de Justicia para así favorecer la connivencia pública-privada en sus afanes lucrativos más de lo permitido. Por lo expresado en esta carta y coherente con su posición de no recibirnos, estamos muy conformes con no acudir a su despacho, porque sería inoficioso tratar este asunto con una autoridad superior que no cree en la labor que desarrolla la Contraloría General para tratar de erradicar la corrupción en las dependencias del ejecutivo y en las municipalidades. En este sentido esperamos que la Sub-Contralora General de la República, en el momento apropiado, eleve esta contienda al Senado para que sus miembros, elegidos por la ciudadanía y respetuosos de nuestra instituciones republicanas, resuelvan el desgraciado impasse que estamos viviendo. En el supuesto que su interpretación de las normas de nuestro Estado de Derecho representan el pensamiento del gobierno, será necesario entonces que se deroguen a la brevedad posible el artículo 98º de la Constitución, el artículo 1º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la Ley Orgánica Nº 10.336 de la Contraloría y el artículo 52º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en donde se establecen las potestades fiscalizadoras del ente contralor. Conociendo la publicitada intención de modernizar la Contraloría, le informamos que tomaremos contacto con algunos parlamentarios para discutir este asunto de la máxima trascendencia, con el fin de que aborden las modificaciones constitucionales y legales conducentes a jibarizar el rol de la Contraloría. Con el mayor placer le saludan, Patricio Herman Pacheco Jorge Cisternas Zañartu Héctor Arroyo Llanos Agrupación "Defendamos la Ciudad" Rodrigo Cociña Gallardo Víctor García Pavón Agrupación "Defendamos Plaza Las Lilas"