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El martes pasado la presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que creó el Fondo de Infraestructura. Una iniciativa que busca impulsar las inversiones del sector a través de una alianza público- privada.
Después del acto algunos representantes del mundo privado salieron a dar sus apreciaciones sobre el proyecto, sobre todo considerando que algunas semanas antes habrían hecho llegar ciertas propuestas al ministro de Obras Públicas Alberto Undurraga. Entre ellos, Juan Eduardo Saldivia, presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA, y Carlos Cruz, ex ministro de Obras Públicas de Ricardo Lagos.
Cruz fue acusado por fraude y estafa al Fisco, en 2003, luego de que se destapara el caso MOP- GATE donde la Contraloría investigó contratos por un total de mil 440 millones de pesos que el ministerio de Obras Públicas le adjudicó a la empresa de Gestión Administrativa y Territorial, GATE, entre 1999 y 2000, lo que correspondió a la entrega de sobresueldos a cerca de 79 funcionarios.
Sin embargo, en agosto de 2006, en ese entonces la ministra en visita Gloria Ana Chevesich absolvió al ex ministro Cruz en una de las aristas que indagaba el delito de “exacción ilegal”, es decir, cobros indebidos. En agosto de 2008, se vuelve a procesar al ex ministro Cruz por “fraude al Fisco” por 30 millones de pesos.
Incluso, después de este caso, el mismo Cruz en entrevista con medios de prensa sostuvo que luego de 2006 se puso en tela de juicio la relación entre los agentes públicos y privados, sembrando “un manto de dudas con respecto a su efectividad”, y que hacía falta una visión más estratégica de las concesiones.
Carlos Cruz reaparece en esta ocasión como secretario ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura, CPI, organismo que se creó hace en 2013 como asesor en materias de obras públicas, donde colaboran tres ex presidentes y 26 expertos.
La propuesta que entregó la CPI fue la creación de un órgano encargado de coordinar estas políticas que estaría integrado por un representante del Ejecutivo, que debería presidirlo, diversos ministros y cuatro representantes de este organismo.
Para el abogado de la Universidad de Chile y ex asistente del Consejo de Defensa del Estado, Ramón Sepúlveda, lo cuestionable es que si el Gobierno busca transparencia efectivamente considere propuestas de personas que han perdido la credibilidad a causa de delitos judiciales.
Se refirió, por ejemplo, a la situación el ex subsecretario de minería Pablo Wagner, condenado por delitos tributarios, si es que en un futuro de gobierno de derecha prestara asesorías a ese sector. En ese sentido, planteó que el Gobierno debería tener un filtro no sólo para elegir a los representantes de altos cargos, sino que también a quienes invitan a discutir los proyectos.
“En la política o lo que gira en torno a la política debería estar gente que no tenga procesos previos porque cuando ya existe una condena hay una certeza jurídica. El ya cometió ilícito y no se debe tener en el gobierno, ni siquiera como asesores o como invitados a discutir proyectos en trámite a personas con estos antecedentes por transparencia”, recalcó.
El problema de las influencias
El arquitecto y presidente de la organización Defendamos la Ciudad, Patricio Herman, dijo que el lobby político con el que cuenta Cruz incluso podría repercutir en que el Gobierno finalmente considere sus planteamientos, en vez de priorizar a otros funcionarios públicos o expertos que si cumplirían con los criterios de transparencia adecuados para discutir estos proyectos.
“Este tipo de privados tienen las armas y los argumentos para convencer a los funcionarios públicos para que se ejecuten ciertas normativas que finalmente podrían favorecerlos a ellos más que a las mayorías ciudadanas”, señaló.
La figura de Cruz también causó revuelo en estos últimos meses luego que se declarara defensor del trabajo de Pablo Longueira asegurando que “siempre actuó pensando en el bien del país” cuando discutieron la ley de concesiones con el, entonces, diputado de la UDI.