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Ante esta lamentable decisión, manifestamos lo siguiente:
1-. Tal determinación constituye un grave incumplimiento de un compromiso del Programa de Gobierno y es, además, una oportunidad perdida para avanzar hacia una institucionalidad que resguarde y proteja en forma efectiva los derechos e intereses de las personas y aumentar la incidencia de la ciudadanía en la vida de la nación.
2-. En efecto, la Defensoría del Pueblo –con distintos nombres en la mayoría de los países democráticos- es un órgano autónomo del Estado, representativo de los derechos y demandas de la ciudadanía, que coadyuva al respeto del bien común y al ejercicio de derechos ciudadanos y los de carácter público de los habitantes; gestiona denuncias; observa normativas; emite informes, críticas y propuestas, asumiendo un control social frente al propio Estado, sus organismos e instituciones y ante todas aquellas entidades, públicas o privadas que vulneren los derechos fundamentales. En general, velará por las garantías, deberes y derechos de carácter público que asisten a cualquier persona y grupos vulnerados. Está llamado a combatir las discriminaciones y la cultura del abuso, tan instalada en ciertas formas del ejercicio del poder político así como en prácticas empresariales, y tenderá a romper la asimetría que otorga el dinero y grupos de poder en las decisiones que afectan a la mayoría de los habitantes
3-. Se ha ignorado, sin justificación, las propuestas de la denominada Comisión Engel y su expresión en la Agenda de Probidad y Transparencia, que contemplan la creación del Defensor del Pueblo como una de las medidas necesarias para enfrentar la deslegitimidad del sistema político y la brusca caída de la confianza ciudadana en la institucionalidad vigente.
4-. Desconoce la sentida demanda ciudadana que durante más de 25 años ha instado por la creación del Defensor del Pueblo, aún desde antes que el Presidente Aylwin impulsara el primer proyecto y que nuestra institución, a su petición, tuvo el honor de redactar.
5-. Cabe mencionar que la Cámara de Diputados en 2009 ya aprobó, abrumadora y transversalmente, la reforma constitucional que creaba el Defensor del Pueblo, hasta hoy paralizada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado. El compromiso incumplido era continuar la tramitación de la reforma.
6-. El abandono del proyecto de Defensoría del Pueblo se inserta además en un conjunto de decisiones políticas adoptadas por los Ministerios del Interior y SEGPRES, que reflejan un retroceso de la política de DD.HH comprometida por el Gobierno en su Programa.
Así, la persistencia en la llamada “Ley Mordaza”, el control preventivo de identidad y las modificaciones a la Ley Antiterrorista, desconociendo voces autorizadas que señalan que no cumplen con los estándares de DD.HH, sumada a la incomprensible dilación del nombramiento en la Subsecretaría de Derechos Humanos, generan un cuadro no auspicioso para la sentida aspiración de avanzar hacia el fortalecimiento de nuestra institucionalidad fundada en irrestricto respeto y resguardo de tales derechos.
7-. Junto con instar al Gobierno y fuerzas políticas para el reingreso del proyecto a la Agenda Legislativa, hacemos un llamado a la sociedad civil y sus organizaciones a demandar su creación en cada una de las instancias del llamado proceso constituyente, en la convicción que es un soporte institucional esencial de la nueva Constitución, que la ciudadanía debe darse desde el pleno ejercicio de la soberanía popular.