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Hina Carabantes estuvo más de una década como directora de Obras de la Municipalidad de Punta Arenas, y en 2004 participó en el cambio de uso de suelo de 7,2 hectáreas del predio.
En abril de 2014 fue nombrada directora del Serviu por este gobierno. Además, el terreno no ha pagado contribuciones en 11 años ya que el SII nunca lo reevaluó tras el cambio de uso agrícola a urbano.
Un nuevo antecedente se suma a la polémica por el negocio entre el Serviu de Magallanes y un terreno de familiares directos de los diputados de Magallanes, Gabriel Boric y Juan Morano, que fue declarado ilegal por la Contraloría por su precio excesivo de $.1340 millones y por haberse realizado sin licitación pública.
La actual directora del Serviu, Hina Carabantes Hernández, que impulsó la compraventa de las 7,2 hectáreas en Punta Arenas para construir viviendas sociales, era la jefa de la Dirección de Obras (DOM) de la municipalidad de Punta Arenas cuando en 2004 se le cambió el uso de suelo a dicho terreno de rural a urbano, aumentando considerablemente su valor comercial.
Según revela a este medio el entonces concejal de Punta Arenas, Roberto Sahr, a Hina Carabantes le correspondió ejercer su función administrativa, emitir los respectivos informes técnicos e impulsar la aprobación del plan regulador.
Directora del Serviu benefició a la cónyuge de su entonces jefe
“Como directora de Obras le tocó encabezar el trámite del cambio de uso de suelo en el Plan Regulador de Punta Arenas, en que uno de los terrenos era propiedad de la mujer del alcalde, entonces su jefe directo. No quiero pensar mal de ella, pero es una mala coincidencia”, afirma el actual consejero regional de Magallanes.
Roberto_Sahr_Domián_771x469pxRoberto Sahr aclara que cuando se presentó al concejo municipal el proyecto de cambio de uso de suelo nunca se mencionó que una de las propietarias era Patricia Müchner, esposa del entonces alcalde y hoy diputado Juan Morano, y que se justificó en que se requería construir viviendas sociales.
Sobre la vinculación de la directora del Serviu en este negocio plantea que “podría haberse inhabilitado diciendo que participó anteriormente como directora de Obras”.
Cuando Sahar asumió como concejal en 2001 Carabantes ya estaba en la DOM del municipio, incluso, algunos la señalan como la “mano derecha del alcalde Morano”. En ese cargo se mantuvo por más de una década, hasta que en abril de 2014 el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet la nombró como directora del Serviu de Magallanes, a través del concurso de Alta Dirección Pública.
Justicia indaga cambio de uso de suelo
Precisamente investigar el cambio de uso de suelo es una de las aristas en la querella por eventual tráfico de influencias que acogió el Tribunal de Garantía de Punta Arenas, causa en la que han declarado varios consejeros regionales.
En la misma línea, el concejal de Punta Arenas, Juan José Arcos, ofició al alcalde Emilio Bocazzi para que le entregue toda la información relativa al cambio de suelo que permita esclarecer, entre otras dudas, quién pidió la modificación y si se sabía quiénes eran los beneficiados.
Además, cuestiona que el Serviu haya intentado comprar sin licitación pública y con trato directo el terreno de los familiares de los diputados dado que como sostiene la Contraloría, había 54 terrenos similares, incluyendo dos fiscales que pertenecen a TVN y al Ejército de Chile.
Para el consejero regional comunista, Dalivor Eterovic, este negocio se asemeja al del escándalo Caval porque tiene “los mismos sesgos, especulación inmobiliaria, manejo de información y familias vinculadas al poder. Es lamentable que eso ocurra”.
Terreno de familiares de Boric y Morano lleva 11 años exento de pagar contribuciones
Según el certificado de avalúo fiscal del Servicio de Impuestos Internos, el predio ubicado en la prolongación de la calle José Martínez de Aldunate, Hijuela número 36, en el sector Sur Poniente, en Punta Arenas, tiene una tasación fiscal de $4.725.074 y su destino es “agrícola” pese a que el cambio a urbano se hizo en 2004.
Ese monto significa que dicho predio está exento del pago de impuestos, dado que para terrenos urbanos el mínimo legal son $20 millones y rurales $5.212.812. Sin embargo, para el consejero Sahr dicho avalúo no se condice con la realidad, dado que el SII nunca retasó el terreno tras el cambio de uso de suelo urbano, lo que califica como un “gran error”.
También revela que el Estado ha hecho millonarias inversiones en vialidad, iluminación, electricidad y alcantarillado en las zonas aledañas al predio del barrio conocido como Chilote, lo que aumentó considerablemente la plusvalía comercial.
El Serviu propuso comprar el terreno en $1.340 millones, que equivale a 283 veces su avalúo fiscal, diferencia que según especialistas del mercado inmobiliario, está fuera de lo habitual.