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¿Qué queda entonces? Mandarlos a la periferia o, como se ha estilado hacer el último tiempo, destinar áreas verdes para construir las viviendas que necesitan los allegados. El caso del parque Larraguibel de La Florida es la última disputa que ilustra el fracaso de las políticas habitacionales de todos los gobiernos.
La Municipalidad de La Florida y el Serviu tenían un acuerdo para dar una solución habitacional a más de 460 familias que integran el comité de allegados Don Bosco. Hasta ahí parece una acción loable, sólo que la construcción del conjunto habitacional pasaba por destruir el parque Alberto Larraguibel, un área verde de 10 mil metros cuadrados ubicada en la intersección de Vespucio con avenida La Florida, y construida hace unos 20 años por los propios vecinos del sector a fin de convertir lo que antes era un potrero inhóspito y peligroso.
La movilización no era contra los allegados, a los que por cierto esperan con los brazos abiertos, dicen los vecinos de la villa Alberto Larraguibel, llamada así porque ahí se encuentra el monumento en homenaje al militar que batiera el récord mundial de salto ecuestre en 1949. Y se preocupan de dejarlo en claro pues los gestores del proyecto están muy interesados en enfrentarlos. Dicen que la solución está en ocupar los paños ubicados detrás del parque, pero el tema de fondo es otro: ¿qué solución les estamos dando a los más necesitados? ¿Tiene sentido entregar una solución a unas familias si con ello deterioramos la calidad de vida a otras tantas?
El proyecto, que actualmente se encuentra aprobado en todas las instancias y que permanece detenido sólo por la movilización de los mismos vecinos, refleja el grado de extravío y desesperación de las autoridades a la hora de impulsar sus planes orientados a subsanar el déficit habitacional. El proyecto no sólo es nefasto para los que ahí viven, sino también para los que llegarán, dicen los vecinos. ¿Por qué? Pues el proyecto, como siempre ocurre, consiste en una colmena de calles estrechas, sin más área verde que una huincha con plátanos orientales y otras especies de rápido crecimiento. Lo mismo de siempre, aunque con viviendas de mejor estándar que las más de mil 500 erigidas en la villa Alberto Larraguibel, construidas a la vieja usanza: en bloques enfrentados entre sí, donde abundan esos pasajes estrechos que apenas bastan como estacionamientos. Ni hablar de áreas verdes. Similar caso, por cierto, al registrado en la plaza Socometal de la comuna de Conchalí, donde los vecinos se amarraron a los árboles para evitar que las máquinas echaran abajo los árboles y los juegos infantiles.
“En Chile tenemos un problema grave de especulación de suelos. La solución pasa por poner coto a la especulación, aunque dudo que se tomen medidas porque este mundo es pequeño y hay muchos connotados haciendo negocios”, dice Patricio Herman, titular de Defendamos la Ciudad, quien enjuicia, en tono severo, la dudosa calidad de las soluciones habitacionales otorgadas a los allegados, no ya por la calidad de la construcción, donde efectivamente se observa un avance importante, sino por la ubicación de los terrenos escogidos.
“Muchas veces ha ocurrido esto de que un gobierno y un municipio acuerdan construir viviendas en parques o áreas verdes, incluso sabiendo del enorme déficit que al respecto tienen las comunas a excepción de un puñado, como Las Condes, Vitacura, etc. Lo ideal es tener 10 metros cuadrados por habitante. Me parece que La Florida debe andar como tantas otras comunas grandes, con menos de tres metros cuadrados”, añade.
El que afloja, pierde
Habría que ser demasiado ingenuo para creer que los gestores del proyecto cejarán en tan nocivo empeño, o que los funcionarios del estado central y comunal reflexionarán sobre lo insensato que es optar por malas soluciones habitacionales. La ética no es lo ha brillado en los últimos años si pensamos que los negocios siempre estuvieron por encima de edificios patrimoniales, barrios patrimoniales, incluso sobre áreas protegidas o de conservación, como ocurrió con Hidroaysén, cuya materialización requería de la desafectación de unas 19 hectáreas del Parque Nacional San Rafael, o como en el caso del parque Nacional Lauca, en la Región de Arica y Parinacota, donde un tercio de la superficie (40 mil hectáreas) estuvo seriamente amenazada por proyectos mineros de empresas como Anglo American, Río Tinto y la estatal Codelco.
El mismo Carter, cuentan los vecinos floridanos, estuvo a un paso de dar el vamos a la construcción de un condominio que se emplazaría sobre el parque El Panul, el último bosque nativo de la Región Metropolitana. La oposición de los vecinos consiguió el congelamiento del proyecto.
“Lo que pasa es que nadie le hace frente a los empresarios. Nadie. La exministra de Vivienda y Urbanismo en el primer gobierno de Bachelet, Patricia Poblete, tuvo la buena idea de obligar a las inmobiliarias a reservar una fracción menor de la superficie destinada a sus proyectos para la construcción de viviendas sociales. Y los empresarios la retaron. Porque hay que decirlo: los que mandan en Chile son las inmobiliarias, los especuladores y las constructoras. Y los gobiernos de la Concertación, o Nueva Mayoría, da lo mismo, no hacen nada porque son particularmente rastreros ante los empresarios y el poder económico”, agrega.
Los vecinos sostienen que el alcalde Rodolfo Carter no les entregó información sobre este proyecto, hasta que un día el parque Larraguibel amaneció son sus más de doscientos árboles marcados con tiza y sus verdes prados loteados, achurados con líneas de cal para proyectar los lugares donde estarían los edificios y las calles. Fue entonces que los vecinos se enteraron del plan. Es más: aseguran que eran otros los terrenos destinados al proyecto original, pero sostienen que ese paño fue reservado finalmente para un proyecto inmobiliario para familias con mayor poder adquisitivo, mil veces más lucrativo.
Si bien el parque era reconocido oficialmente por el municipio, cambios al plan regulador introducidos por Carter posibilitaron su cambio de uso de suelo. La construcción del complejo habitacional es legal, pero independiente de la legalidad del acto, “el proyecto es ilegítimo por donde se le mire”, dice Herman. Ese parque es una necesidad como son todas las demás áreas verdes para descontaminar Santiago. Así que le recomiendo a los vecinos que sigan alertas y que sigan movilizándose, ojalá junto con los allegados, porque estos tipos no se rinden. La gente tiene que hacer escándalo, cortar el tránsito, en fin”, concluye.