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Como “inaceptables “ calificaron hoy el jefe de la bancada DC, Ricardo Rincón , y los diputados Fuad Chahin y Patricio Vallespín, las “presiones indebidas” de diversos sectores, vinculados a la AFP Cuprum, “que buscan influir en la Contraloría”, tras el dictamen del pasado 16 de diciembre que cuestionó la fusión de las AFPs Cuprum y Argentum y que según señalaron los parlamentarios DC, “ratifica nuestros dichos y presentaciones en torno a la legalidad del procedimiento “.
Al respecto, el diputado Fuad Chahin señaló que “no nos parece este verdadero desfile de actores en los medios , defendiendo una fusión trucha, una fusión que todo el país sabe sólo se hizo para obtener un beneficio tributario de $80 mil millones. Y lo que es peor, que además, hoy, algunos abogados amenacen con querellas al Estado es realmente digno de ripley, porque han sido los chilenos y chilenas los perjudicados “. Lo anterior, refiriéndose en concreto a la opinión del abogado Hernán Bosselin, quien señaló que “si se ordena reversar la operación, el Estado deberá indemnizar a Principal por un monto de US$ 10 mil millones.”
Cabe señalar que, tras el dictamen que cuestionó el procedimiento de fusión, la Superintendente de Pensiones, Tamara Agnic, pidió a la Contraloría anular su pronunciamiento, contratando para las reclamaciones a la abogada Olga Feliú.
El diputado Patricio Vallespín, en tanto, agregó que “la respuesta a nuestra petición, por parte de la Contraloría, fue categórica, y no tenemos duda alguna. Aquí se aprobó la creación de una AFP de papel, una burla para todos los chilenos y chilenas y, después que la Contraloría ratifica estos hechos, la superintendenta pretende reinterpretarlo o mejor dicho, silenciarlo, sumándose ahora una serie de opiniones que pretenden limpiar la imagen de este procedimiento”.
El jefe de la bancada D, en tanto, diputado Ricardo Rincón, señaló que “sabemos que el actual Contralor se ha inhabilitado, pero estamos seguro que la Contraloría mantendrá, como ente contralor, su dictamen,. La Superintendenta pierde su tiempo recurriendo a vocerías de diversos abogados al respecto. Recordemos, además, que hay una querella por prevaricación administrativa en curso y una comisión investigadora que sigue recabando antedentes”.