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Luego de la indicación del Serviu, que ordena demoler las más de 500 casas de la población Paso Seco de Coronel, por serios problemas de construcción, las reacciones continúan.
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Y fue hasta la Contraloría que llegó el alcalde de la comuna Leonidas Romero, quien dijo que no firmará el decreto de demolición antes de que el órgano fiscalizador le entregue todos los antecedentes, incluido el informe técnico que lo avala, ya que duda de la existencia de este documento -que según él, no ha visto-, atribuyendo esta operación a un movimiento político en su contra en el marco de un año de elecciones.
Agregó que “nadie tiene claridad” de las garantías que se le van a entregar a los vecinos y exigió que se busque a los responsables de este escándalo.
Sin embargo, estas viviendas fueron recepcionadas en 2012 por el propio Leonidas Romero, quien atribuyó toda la responsabilidad al Ministerio de Obras Públicas y al Serviu.
Sin el decreto municipal no podrían demolerse estas casas, que debido a los errores graves de construcción, causaron un perjuicio fiscal de aproximadamente 8 mil millones de pesos.
Romero agregó que junto a los vecinos están trabajando en una demanda en contra del Estado chileno por lo que consideró una cadena de errores por parte del Serviu.
El diputado Marcelo Chávez se reunió con la contralora Verónica Orrego en busca de responsabilidades administrativas.
Eso sí, acción que irá contra el tiempo, ya que estas sanciones prescriben en 4 años.
Por otro lado, Chávez indicó que hay varios de los responsables que ya no trabajan en el servicio público; por lo tanto, indicó que es muy posible que algunos de los responsables queden sin sanción alguna.
Agregó que – de todas maneras – este viernes hará una presentación a la Contraloría en busca de este tipo de responsabilidades, pese a que es posible que los verdaderos responsables liberen sin ninguna sanción.