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El proceso sobre la ciudad deportiva era monitoreado desde mediados del año pasado directamente por la jefa de gabinete de la Presidenta Bachelet, Ana Lya Uriarte,
El 14 de julio del año 2015, siete meses después de que el exministro Isidro Solis -abogado histórico de la familia Bachelet- firmara un contrato para asesorar a la Asociación Nacional de Fútbol en las gestiones para el nuevo Juan Pinto Durán, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que el gobierno colaboraría en la construcción de la Ciudad Deportiva.
En todo el proceso relacionado con este proyecto, Bachelet estuvo involucrada directamente al punto de que su jefa de gabinete, Ana Lya Uriarte, monitoreó personalmente los pasos del caso en el ministerio de Vivienda un año antes de que la jefa de Estado hiciera públicas las tratativas y a meses del vínculo contractual de Solis.
Bachelet, según su oficina de prensa, desconocía al promover el proyecto que la ANFP tenía vigente un contrato con el abogado por 1.500 UF y un premio adicional de 300 mil dólares, para tramitar en los Ministerios de Vivienda, de Bienes Nacionales, de Deporte, Municipalidades y Secretarías Regionales, todo lo necesario para obtener el cambio de uso de suelo en el terreno donde hoy se encuentran ubicadas las oficinas de la Asociación en Quilín comuna de Peñalolén -pese a que tal trámite se había rechazado formalmente en octubre de 2014-, y una permuta por el terreno donde opera Juan Pinto Durán por un inmueble fiscal donde se instalaría el centro de entrenamiento de la selección nacional.
LA HISTORIA
Según pudo reconstruir The Clinic Online a través del acceso a información y documentos oficiales que están en la ANFP, la historia comenzó a gestarse en el año 2013, mediante una entrevista que solicitó el entonces Secretario General de la entidad, Nibaldo Jaque, con el Seremi de Vivienda de la época Juan Andrés Muñoz para recopilar información y avanzar en un cambio en el uso de suelo del terreno donde se emplaza el ente rector del fútbol.
Hubo hasta mayo de 2014, al menos tres reuniones relacionadas con este fin que habría tenido como objetivo “hacer caja” para la construcción, aunque otras fuentes indican que tales recursos no eran indispensables.
En el plano gubernamental, la ANFP estaba igual de activa.
l 20 de mayo de 2014 se realizó una reunión entre la ministra de Deporte, Natalia Riffo, representantes del fútbol y el alcalde de Cerrillos para abordar la petición de Jadue que buscaba que su iniciativa quedara emplazada dentro de la ciudad parque bicentenario de Cerrillos. Jadue ya le había pedido a la jefa de Estado un terreno en comodato a 30 años y ésta había quedado de revisar la solicitud, con el compromiso de que el terreno de Juan Pinto Durán fuera entregado para construir viviendas sociales.
Las gestiones estaban encapsuladas en Deporte, hasta que la ministra de Vivienda, Paulina Saball, exigió ser incluida en las conversaciones. Lo fue el 4 de julio de 2014 a través de una reunión con Jadue en que le plantea que socialmente es más rentable construir en el sector La Platina de La Pintana por el alto impacto que tendría una iniciativa así en un sector de bajos ingresos.
Sin embargo, ni Jadue ni su lugarteniente Jaque, querían renunciar a Cerrillos, apelando a la conectividad del lugar y a que se planeaba construir 14 canchas, hotelería, clínica y un museo para la comunidad.
La reunión y los análisis que se realizaron fueron informados a Uriarte.
En paralelo, en esas mismas fechas, seguía en curso el salto inmobiliario de la ANFP.
El 22 de julio de 2014, Aldo Ramaciotti, envió la orden 3352 a Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, en que le pide las modificaciones necesarias -las mismas solicitadas por la ANFP- para el Plan Seccional Zona de Remodelación Quilín.
La respuesta de Leitao llegó el 5 de agosto de 2014 y fue lapidaria.
En una carta de tres carillas aplastó los argumentos esgrimidos por la ANFP y apoyados por el Gobierno.
Adujo que además de problemas de forma no se acompañaban estudios imprescindibles.
“En el punto del Diagnóstico general indica que existe ‘un superavit de equipamiento sin producir externalidades negativas al entorno’ sin adjuntar ni describir fundamentos de estudio que lleven a concluir dicha aseveración, sobre todo por el impacto vial (…) A nuestro parecer existen deficiencias críticas desde el punto de vista vial en este sector de acuerdo a los estudios realizados por Sectra, además no considera la apertura de ninguna vía que soporte dicha carga.
Cabe señalar que respecto a la conectividad y viabilidad, la Av. Quilín a la fecha no ha sido posible consolidarla, debiendo ejecutar incluso expropiaciones para esos efectos, produciéndose gran congestión vial desde Av. Américo Vespucio hasta Av. Las Perdices por lo cual la definición ‘nula deficiencia’ no es correcta”, señala en el texto.
Leitao además informa que “las edificaciones de la ANFP no se encuentran en situación legal ante el municipio, es decir, con parte de la construcciones sin permiso de Edificación y Recepción Final, encontrándose en una situación no saneada. A mayor abundamiento informo a usted que dicha situación ha sido acusada al Juzgado de Policía Local” y remata con una alusión a las verdaderas necesidades de la comuna.
“En caso de seguir curso de esta modificación (…) para diversos terrenos de la comuna, así como también para el terreno El Sauzal puesto que es realmente un proyecto de interés público, que nace de una necesidad imperiosa de desarrollar un proyecto de viviendas para cubrir el déficit habitacional a través de subsidios otorgados por el Serviu metropolitano, es decir, para el emplazamiento de vivienda de carácter social y clase media para proyectos estatales”, concluye la alcaldesa.
Jaque, apelando a la ley de transparencia, pide el 20 de agosto de 2014 que se le informe sobre el estado de avance de la tramitación del Plan Seccional Zona de Remodelación Quilín.
El 1 de octubre, Ramaciotti le comunica que se ha “desistido” de la gestión.
Dos meses después, la ANFP contrató a Solis.
GESTIONES PRESIDENCIALES
El jueves 2 de julio de 2015, la jefa de gabinete de la Presidenta, Ana Lya Uriarte, le pidió a la ministra de Vivienda Paulina Saball, que monitoreara el tema que estaba solicitando la ANFP respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo colaborara con el proyecto de Ciudad Deportiva a través de un terreno fiscal.
La idea era que la secretaria de Estado entregara a la Presidencia su opinión técnica y la factibilidad del proyecto. El tema había surgido luego que el extimonel de la Asociación le enviara una carta a Bachelet, donde le pedía “al Supremo Gobierno un acto de apoyo al desarrollo de nuestra selección nacional”.
En la misiva Jadue, investigado hoy por la justicia norteamericana, le recuerda a Bachelet que ya le había comentado el asunto y le enumeraba en el documento, al que tuvo acceso este medio, las razones por las que el Complejo Juan Pinto Durán ya no era útil como campo de entrenamiento para la selección nacional.
“Las actuales instalaciones de nuestro complejo deportivo Juan Pinto Durán -ubicado en la comuna de Macul- dada la cabida de su terreno son estrechas para nuestro desarrollo, por la escasa cantidad de zonas de entrenamiento; así como también son incómodas las instalaciones destinadas al necesario descanso de nuestros jugadores, y precarios los espacios destinados a servicios médicos o kinesiológicos, a todo lo cual se une la falta de privacidad para el ejercicio de los entrenamientos, lo que incluso acarrea molestias indeseadas a nuestros vecinos, por todo lo cual nuestra organización carece de un campo deportivo que satisfaga las necesidades de trabajo de la selección nacional”.
Para argumentar su petición, Jadue puso de ejemplo a otros países que han “regalado” campos deportivos para el desarrollo del deporte. “Generosidad a la que no aspiramos conscientes de las prioridades de su gobierno enfocadas en las necesidades más urgentes de nuestros compatriotas”.
El extimonel, quien decía representar en su carta “a millones de chilenos que vibran con el fútol”, le solicitaba al gobierno su colaboración y al mismo tiempo el concurso de la ANFP para la construcción de una obra en común.
La petición era la siguiente: Que el Ejecutivo entregara en comodato por 50 años renovable -sobre una franja destinada a equipamiento deportivo- en el proyecto Parque Bicentenario de Cerrillos “la que aproximadamente alcanza a 34 hectáreas, para construir allí -con nuestros recursos- un complejo deportivo que contemple canchas de entrenamiento suficientes, zonas administrativas, clínica deportiva, zona de concentración y museo del fútbol”.
El proyecto contemplaba además servicios a la comunidad, escuelas de fútbol para niños vulnerables; la posibilidad de la utilización de las 14 canchas con las que contaría la Ciudad Deportiva y programas de visitas gratuitas de niños vulnerables a nuestro museo.
La inversión que realizaría la ANFP era de 9 mil millones de pesos, que pasarían íntegramente al patrimonio fiscal, una vez que finalizaba el comodato. “Renunciando nuestra asociación desde ya a compensación alguna por las mejoras, en el entendido que el uso de las instalaciones es suficiente beneficio por nuestra inversión”.
Finalmente, el exdirigente calerano se despide de Bachelet y apela a su “su generosidad y amor por nuestro deporte, espero que la presente petición tenga en usted favorable acogida para posibilitar que esta noble actividad pueda seguir dando alegría a tantos y tantos chilenos que se la merecen”.
Con la información de la misiva de la ANFP, la ministra Saball solicitó un informe jurídico para despejar el verdadero rol de la Asociación y las viabilidad legal de lo que se estaba solicitando. El 6 de julio de 2015, llegó a sus manos el documento, que le aseguraba varios puntos:
a) Que la ANFP era una corporación de derecho privado sin fines de lucro b) Le explicaba también que, en respuesta a lo anterior, era factible que el Serviu pudiera otorgar en comodato un terreno, pero que sólo estaba facultado a entregarlo por cinco años y que para eso necesitaba la autorización de la Seremi c) Respecto a la petición en Cerrillos, el informe explicaba que era factible destinar una área para fines deportivos, pero que lo más adecuado era un destino habitacional y equipamiento de manera mixta.
Todo lo anterior estaba sujeto a que se promulgara la modificación del Plan Regulador Metropolitano.
El miércoles 8 de julio de este año, seis días antes de la entrevista en la que Bachelet comprometió públicamente su apoyo a la iniciativa, llegó la respuesta al gabinete de Bachelet.
Respecto a la factibilidad legal, la ministra Saball le informaba a Uriarte que no había problemas excepto por la autorización de la Seremi para entregar un comodato superior a cinco años. En el aspecto técnico, le advertía que los terrenos existían, pero que -tal como decía el informe- lo recomendable era el destino habitacional con equipamiento mixto.
La ministra puso otro punto que la ANFP nunca aceptó: Que debido al fin que se perseguía y de acuerdo a la gestión del Minvu en hacer de Santiago una ciudad con equidad urbana, recomendaba que la localización más adecuada era el sector de La Platina, un proyecto que se estaba desarrollando a la par de Cerrillos. Además de los aspectos técnicos, la secretaria de Estado planteaba que lo relevante de proponer a la comuna del alcalde PPD Jaime Pavéz, era el impacto social por ser una comuna carente de equipamientos y con una alta concentración de viviendas sociales.
Respecto a los tiempos en los que se podría concretar la operación, se advertía también que ambos proyectos dependían de que se aprobara la modificación al Plan Regulador de la Región Metropolitana.